César Martínez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Siete estados del país concentran más del 70 por ciento de los 52 mil cuerpos sin identificar que mantienen una crisis forense en México, destacó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
Las entidades afectadas son Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
En su informe sobre la visita oficial realizada a México en noviembre pasado, el comité CED, por sus siglas en inglés, recordó que los cuerpos y restos de esas personas yacen en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
«Los servicios forenses son insuficientes y varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos, y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas», señaló en el documento.
«Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día».
En su análisis, los integrantes del Comité señalaron que la crisis forense se agrava por las deficiencias del sistema de registros, pues la información suele ser incompleta, estar desactualizada y carecer de datos relevantes.
«Catorce servicios forenses del país no llevan un registro electrónico», criticó.
«Además, varios de los registros previstos en la Ley General, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), aún no han sido creados y el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática no está implementado».
El CED observó como una medida positiva la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual cuenta con autonomía técnico-científica para apoyar a los peritajes sobre restos no identificados, pero urgió al Estado a asegurar que cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarias.
El informe del Comité señaló que un conflicto entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda impide que las personas sean localizadas.
«Una comprensión desvirtuada de la autonomía de la Fiscalía, como una suerte de discrecionalidad, se ha traducido en la inobservancia de las competencias compartidas y en una resistencia hacia la implementación de mecanismos efectivos de comunicación», aseveró.
En México las desapariciones afectan mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años, pero hay un incremento notable de casos de niños y niñas a partir de los 12 años y mujeres.
El Comité de Naciones Unidas reportó además 30 periodistas desaparecidos en el País entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
En ese sentido, el CED acusó que hay una impunidad casi absoluta, pues hasta el 26 de noviembre pasado solo entre 2 y 6 por ciento de los casos de desaparición había sido judicializado, y sólo se habían emitido 36 sentencias.

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