Por una inveterada costumbre se felicita a la persona que obtiene un cargo en la administración pública, porque esto supone un cambio radical en su estatus al que está acostumbrado, lo que, ciertamente, se cumple en la mayoría de las veces. En poco tiempo se muda a un fraccionamiento residencial y reubica a sus hijos en un colegio, además su guardarropa sufre una transformación que provoca la envidia de quienes lo conocieron en otras circunstancias, también deja de frecuentar a sus antiguas amistades porque no están a su nivel y en la primera oportunidad pide que le asignen un chofer a él y otro para su familia.

En otras situaciones no debería haber mayor reemplazo en su desarrollo diario, a partir que un cargo público es sólo la oportunidad de servir a la sociedad, no de servirse de los recursos públicos, lo que hacer puede, en algún momento de su vida, acarrearle un dolor de cabeza que crece a tal grado que lo empuja a que lo hospeden en algún reclusorio y a que devuelva con intereses todo aquello de lo que dispuso, con lo que no sólo pierde la libertad sino todo aquello con que se revistió para ser alguien y en las más de las ocasiones su círculo cercano pone distancia.

En lo anterior se resume la intervención de la Contraloría General del Estado, que ha obligado a un número creciente de ex funcionarios a devolver 9 millones de pesos y en algunos casos a ser inhabilitados hasta por 15 años para ocupar un cargo público.

El titular de este organismo, Arnoldo Hernández Gómez Palomino, destacó que tan sólo este año ha iniciado 140 procedimientos en contra de quienes hicieron un mal uso de su encargo, o no cumplieron con los trámites correspondientes en el destino de los recursos a su cuidado.

Desde hace un año, cuando asumió la Contraloría, se inició un análisis del acervo financiero y en bienes materiales e inmuebles que tiene a su disposición cada dependencia, encontrándose en varios casos que hay un uso indebido y tan es así que a la hora en que comparecieron los titulares no supieron explicar cuál fue el destino que tuvo el faltante.

De inicio se hallaron 33 asuntos que calificó como “graves”, por lo que los expedientes se enviaron a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado, encargada de dictar las sanciones, que pueden ser desde la devolución del dinero hasta la suspensión del cargo que se ocupa y la inhabilitación por un tiempo determinado para volver al ejercicio público.

De las observaciones detectadas en 2020 se encontró que había que clarificarse el uso y destino de 1,300 millones de pesos, de los cuales 1,100 fueron resueltos, pero faltan 200 por saber en qué se gastaron y si se cumplieron los requisitos que prevé la ley. De los 1,100 que ya se conoció su destino, hubo tres servidores de la Secretaría de Administración que fueron obligados a devolver 9 millones y quedan fuera de la función pública hasta por 15 años.

Aunque hay quienes tratan de esconder su desgracia en el cinismo, su castigo está en perder las nuevas amistades que había logrado en el tiempo que le duró el cargo y el rechazo que hay entre sus antiguos camaradas, que se niegan a reintegrarlos a su círculo, principalmente para no ser señalados por tener tratos con ese tipo de personas.

Ojalá que el informe de la Contraloría General sirva como ejemplo para todos aquellos que creen que el látigo de la justicia nunca los va a alcanzar, y que en lugar de seguir por el camino equivocado lo rectifiquen, consecuentemente es preferible una vida en la medianía a ser señalado por la sociedad.

HABRÁ LIBRAMIENTO

Lo que parecía difícil de lograr está a punto de materializarse, al anunciar la Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado que como regalo de Navidad y Año Nuevo el próximo mes de diciembre estará concluido el Libramiento Poniente, que sin duda será una de las principales obras con que se recordará esta administración, teniendo en cuenta la reiterada demanda social de que el transporte pesado deje de utilizar la mancha urbana.

Es un programa que tiene tantos años que ya se perdió la cuenta desde el momento en que quedó trunco; allá por los años 80 se construyó sólo un tramo de la Carretera Panamericana a la salida a Calvillo, por lo que el tercer anillo ha sido el paso obligado de tráileres, camiones de carga y autobuses de línea que cruzan por la ciudad, que van de norte a sur y viceversa. El problema toral está en que las colonias que se encuentran al extremo oriente fueron construidas sobre el lomerío, lo cual obliga a circular por ondulaciones de terreno que con la carga que lleva la unidad provoca que se “chorreen” los frenos, como popularmente dicen los operadores para explicar las razones que hubo para no frenar y terminar por impactar a varios vehículos o a peatones.

Son incontables los accidentes que han sucedido por ese motivo y que han dejado una estela de sangre y luto, por lo que una vez que entre en operación el Libramiento ya no podrán entrar a la ciudad y con ello se reducirá considerablemente el número de percances.

Enrique Peralta Plancarte, titular de la SOP, consideró que será un promedio de 5 mil 500 vehículos carga pesada que circularán diariamente por la nueva vía y de un número indeterminado de automotores particulares que podrán seguir su ruta sin necesidad de entrar a la capital.

Se trabaja simultáneamente en tres tramos para complementar los 45 kilómetros de longitud, partiendo de la carretera 70 poniente (salida a Calvillo) a la 45 norte, a la altura de San Francisco de los Romo, lo que lleva un avance de 70% y el proyecto en general está en un 54%. Asimismo, en los puentes se colocan las trabes y las zonas de desvío están prácticamente concluidas, lo que podría quedar listo este mismo mes; en lo que se refiere a la carpeta asfáltica se tiene un avance de 54% en cada uno de los tramos y de manera paralela se trabaja en la edificación de la caseta de cobro, que será la única que habrá a lo largo de esa vía, explicando el funcionario que quienes transiten de la carretera 45 sur hasta la salida a Calvillo no pagarán, pero sí quienes sigan hacia el norte y viceversa.

Como parte del mismo programa, Peralta Plancarte destacó las acciones que se han llevado a cabo para cumplir a plenitud con el programa, como fue dinamitar algunas zonas “para poder lograr la profundidad necesaria para la colocación de la carpeta asfáltica, que garantice calidad, y también varios colectores pluviales que permitan dar cauce al agua”, con lo que se podrá tener una vialidad moderna y segura, en beneficio de los aguascalentenses en general.

ESTÁN A TIEMPO

Un asunto que cada año se presenta en la vida educativa de Aguascalientes es el de las prejubilaciones, que este año serán entre 100 y 300, por lo que el Instituto de Educación (IEA) está a tiempo de designar a los suplentes. Es necesario romper esa costumbre de dejar sin profesor a los alumnos, que por varias semanas son vigilados por algunos minutos por la directora o el director, pero no hay un seguimiento constante de la enseñanza y el aprendizaje. Aunque el IEA esgrime cuestiones técnicas para retrasar los nombramientos, ninguno es válido si se sabe lo que se va a necesitar, además que si tienen varios miles de maestros que están a la espera de una oportunidad, resulta ilógico que no la reciban. Cada profesor que solicita la prejubilación no lo hace de un día para otro, sino que es un trámite que hace con anticipación, de manera que se sabe con precisión quiénes se van y en qué escuela están asignados, por consiguiente no hay razón para que exista un vacío en la plaza, además que en cuanto se da entrada a la gestión se debe comunicar a las oficinas centrales para que autoricen el movimiento. Seguramente que quien está a la espera de trabajar aceptará de inmediato el lugar que le asignen, por lo que no hay motivo para que luego los padres de familia se quejen que sus hijos están “a la deriva”, porque desde el IEA no se ha nombrado al sustituto. Ya se sabrá si el Instituto tomó cartas en esta cuestión o sigue actuando a la antigüita.