Víctor Fuentes
Agencia Reforma

Cd. de México, México.-Un juez federal de Boston adelantó para el 27 de enero la audiencia para resolver si desecha la demanda civil de México contra ocho fabricantes de armas estadounidenses, a los que busca cobrar indemnizaciones y hacer corresponsables de la violencia en el País.

El juez Dennis F. Saylor, de la Corte para el Distrito de Massachusetts, presidirá una audiencia para escuchar argumentos de las partes y decidir si acepta las mociones de desechamiento, presentadas este lunes por las empresas demandadas, tanto de manera conjunta como individual.

El Gobierno de México tendrá hasta el 23 de diciembre para replicar a esas mociones, mientras que las empresas deberán entregar sus contraréplicas a más tardar el 10 de enero.

En el calendario aprobado en prinicipio por el juez, en septiembre pasado, México tenía hasta el 31 de enero para contestar las mociones de desechamiento, mientras que las empresas tenían hasta el 28 de febrero para sus réplicas, lo que enviaba hasta marzo la audiencia en la que se resolvería el tema.

La audiencia del 27 de enero será mixta, es decir, los abogados podrán estar presentes en la Corte o comparecer por medios remotos.

El juez no necesariamente dictará su orden el mismo día, sino que podría hacerlo en los siguientes, o incluso tomar varias semanas.

La decisión sobre el desechamiento será crucial para el caso.

Si el juez Saylor considera que el proceso debe seguir adelante, se abrirá una etapa de descubrimiento probatorio previa al juicio, que podría prolongarse durante años, y que sería extraordinariamente costosa para las partes.

En su moción conjunta, las empresas sostuvieron que las cortes de Massachusetts no tienen jurisdicción para procesar una demanda como la presentada por México.

«La teoría de México es que una serie de terceras personas, intermediarias en Estados Unidos, legal o ilegalmente compran y revenden las armas que fabricamos, que luego son ilegalmente obtenidas por compradores ‘de paja’, quienes ilegalmente las trafican por la frontera hacia México, donde eventualmente son usadas por carteles de las drogas para cometer violencia criminal, que a su vez provoca daños financieros al Gobierno de México», se expone en el memorándum conjunto.

«Por múltiples razones, la ley no puede ser estirada sobre este golfo espacial, causal y temporal para imponer responsabilidad (a los fabricantes)».

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, respondió que las empresas buscan evitar que el caso llegue a la etapa de pruebas, porque es ahí donde tendrían que defenderse de la acusación de negligencia y prácticas ilícitas de comercio.

Las empresas demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International Arms, Colt´s Manufacturing, Glock Ges, Sturm, Ruger & Co, e Interstate Arms, así como algunas filiales y matrices.

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