Benito Jiménez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Gasolineros del oriente del Estado de México denunciaron que han sido extorsionados por inspectores de la Procuraduría de Federal del Consumidor (Profeco) de manera sistemática y periódica, al ser acusados por la supuesta alteración de los dispensadores mediante programas denominados «rastrillos».
«Llegan, inspeccionan las mangueras, nos dicen que es muy posible que exista un pulsador (un aditamento que no está colocado en la tarjeta madre del dispensador) que altere el despacho de combustible y con eso ya ponen el sello, por la pura sospecha, hasta que se revise», dijo a Grupo REFORMA un gasolinero del municipio de Chalco.
«En cambio, por 50 mil o hasta 80 mil pesos, hacen como que nos hacen un favor y no registran en su informe el supuesto ‘rastrillo’, que es inexistente, porque no le movemos nada a los dispensadores».
El 1 de febrero pasado, la Profeco reconoció que -hasta esa fecha- había iniciado 424 procedimientos por infracciones a la ley relativa a la bitácora de eventos en dispensarios de la marca Gilbarco, por lo que pidió a los gasolineros afectados por la falla del software de esa empresa estadounidense demandar al fabricante por posibles daños y perjuicios.
Indicó que esa falla en los dispensarios de los gasolineros derivaron en 247 procedimientos por infracción a la ley, que concluyeron con multas por 117.3 millones de pesos.
«Esa falla consiste en que, al descargar la bitácora de eventos del dispensario y revisar los registros de cambio de precio, estos no se encuentran almacenados, de acuerdo al lapso establecido en la normatividad (al menos 12 meses de operación normal)», indicó la Profeco.
Para los gasolineros, las autoridades avalaron los sistemas Gilbarco desde el 8 de octubre de 2020 que entró en vigor una modificación completa de la NOM-005-SCFI-2017, la cual estableció que las estaciones de gasolina y diésel deben tener dispensarios nuevos o actualizados que cumplan con las características y especificaciones de dicha norma.
La Profeco argumentó no está entre sus facultades el avalar la utilización de instrumentos ni certificar la calidad del software.
«En caso de detectarse incumplimiento -por defecto, en este caso- se aplica la medida precautoria de inmovilización», detalló.
«La falla en cuestión no afecta a todas las gasolineras, sino principalmente a las cadenas que cuenten con dispensarios de la marca Gilbarco, con configuración para venta a flotillas (venta al mayoreo). En el mercado hay otras siete marcas de dispensarios, los cuales cumplen con la normatividad aplicable».
Otro gasolinero del municipio de Ixtapaluca reclamó que la extorsión de los inspectores ya se asemejan a un diezmo.
«Somos sus clientes, lamentablemente, sabemos que nos van a inventar cualquier detalle en las mangueras para poner el sello. El principal (argumento) es que nosotros los alteramos, porque les brinca en sus sistemas qué hay una alteración en el despacho. Y no se les gana», acusó.
La fuente recordó que el año pasado fueron acusados de operar con un «rastrillo», por lo que les detuvieron sus operaciones casi tres meses y, al final, el dictamen determinó la inexistencia de irregularidades.
«Esa amenaza de que suponen qué hay un ‘rastrillo’ nos puede llevar a la ruina. Por eso nosotros decimos que esa extorsión ya es un diezmo. Y vienen cada 20 días por ese esa mordida, lamentablemente», se quejó.
En México, alrededor de 50 por ciento de las estaciones de servicio opera con la marca Gilbarco de dispensarios.

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