Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) indaga a ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por un contrato de 29.3 millones de dólares a una consultora en la que laboraba la hermana de Emilio Lozoya y del cual no hay suficiente evidencia de que se prestaran los servicios.
Con base en la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), la CFE también responsabiliza a los ex servidores públicos de no haber conservado -por dolo o negligencia- los comprobantes de los servicios prestados.
Se trata de la adjudicación otorgada el 27 de octubre de 2015 a BAIN & Company México para que elaborara el programa de transformación de la CFE, incluido el modelo operativo, plan de inversiones, estrategia de financiamiento y el Plan de Negocios 2016-2020.
La CFE acusa a Guillermo Turrent Schnaas, su ex director de Modernización, y Javier Gutiérrez Becerril, ex subdirector de Modernización Nuevas Áreas de Oportunidad.
Pero en la presunta validación ilegal y pagos también se involucra a Abraham Escudero Hernández y a Víctor Aguilar Gómez, entonces subgerente y líder de la Oficina de Transformación, respectivamente, y a Gabino Rosales Jiménez, ex auxiliar técnico de la dirección de Finanzas.
Según la denuncia, la Comisión reclamará a los responsables una indemnización que podría ser por el valor del contrato y que en moneda nacional equivalen hoy en día a casi 587 millones de pesos.
Desde el 30 de noviembre pasado, la CFE se querelló contra los ex funcionarios por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido del servicio público.
De acuerdo con una visita de inspección, la Auditoría Interna de la CFE detectó irregularidades como la posible doble contratación del servicio de elaboración del Plan de Negocios 2015-2020, la indebida contratación sin licitación y la disposición de los funcionarios a «direccionar» la contratación de BAIN, con una calificación incorrecta de sus servicios.
En la indagatoria, la dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE reporta que no existe evidencia de la implementación y funcionalidad de los productos pagados, debido a que no hay documentos que comprueben su entrega.
Además, cuestiona la experiencia de la proveedora en el ramo y la menciona como una empresa con la «habilidad para llevar a cabo desayunos empresariales en materia eléctrica».
El contrato fue suscrito en octubre de 2015 por 28 millones 800 mil dólares, pero el 10 de agosto de 2016 se formalizó un convenio modificatorio por una suma adicional de 540 mil dólares más IVA. El primero se pagó en la administración de Enrique Ochoa Reza en la dirección general de la CFE y el segundo en la de Jaime Francisco Hernández Martínez.
La oferta de BAIN & Company México, de acuerdo con la investigación, incluía 29 productos y 76 asesores, pero los responsables de administrar este contrato no observaron que uno de esos asesores era la hermana del entonces director de Pemex.
«En el listado de 76 asesores expertos ofertados, BAIN incluyó y se le aprobó la participación de la Lic. Gilda Susana Lozoya Austin, miembro de la familia Lozoya, con lo que se actualizaba un supuesto conflicto de interés aparente por ser pariente consanguíneo colateral en segundo grado (hermana) del Dr. Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex, quien ostentaba dicho cargo en el año 2015, lo cual no fue considerado por el área requirente y esto era suficiente motivo para desechar su oferta», dice la denuncia de la CFE ante la FECC.
«El Administrador del contrato autorizó el pago de 47 facturas por la entrega de 310 códigos de trabajo proporcionados por el prestador de servicios; al respecto la actual Dirección Corporativa de Negocios Comerciales, indicó mediante oficio DCNC-USC/0059/2021 que no localizó evidencia alguna de los registros, reportes e informes de vigilancia, supervisión y control; por ello, no se confirmó el cumplimiento de cantidad, calidad y pertinencia de los productos (entregables) recibidos y pagados».
La hermana de Lozoya se encuentra evadida de la justicia por una orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero, ya que supuestamente fue beneficiaria de los sobornos que cobró el ex director de Pemex a Odebrecht.

FAVORITISMO
La CFE acusa ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que en el sexenio pasado hubo en la empresa pública una tendencia a favorecer a BAIN & Company México.
Uno de los ejemplos que señala es el contrato 800747012, suscrito para reestructurar y adecuar a la Comisión a los retos de la reforma energética de diciembre de 2013, hoy cuestionada y acusada de corrupta por el Gobierno federal.
La CFE cuestiona que los ex funcionarios validaran la experiencia del proveedor en asesorías especializadas en el ramo, aunque en su currículum sólo apareciera como antecedente el convenio del Plan de Negocios suscrito en marzo de 2015 con la propia Comisión.
«Por otro lado, destaca su asesoría en la Industria Automotriz y su habilidad para llevar a cabo la coordinación de desayunos empresariales en materia eléctrica; no se identifican servicios similares a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a pesar de ello, se le otorgaron 15.0 puntos, también la calificación más alta», señala la CFE.
La investigación refiere que desde su origen hubo acciones y omisiones de los funcionarios que tuvieron conocimiento y participaron en la planeación, formalización y ejecución del contrato. Guillermo Turrent Schnaas, director de Modernización, suscribió el convenio sin supervisar ni allegarse de los elementos para autorizar la excepción de la licitación pública, solicitada por su subordinado Javier Gutiérrez Becerril, ex subdirector de Modernización Nuevas Áreas de Oportunidad, acusa la CFE.
Esta omisión impidió asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, según la empresa pública.
A Gutiérrez Becerril le atribuyen haber declarado durante el proceso del contrato que BAIN & Company México contaba con más de 42 años de experiencia, aunque su acta constitutiva fue registrada el 4 de noviembre de 1994 en Boston, Massachusetts y la apertura de su sucursal en México data del 20 de febrero de 1995.

DOBLE PAGO
De acuerdo con la denuncia, en el convenio suscrito el 27 de octubre de 2015, uno de los 29 servicios contratados era la elaboración del Plan de Negocios 2016-2020, proyecto ya había sido pagado en otro convenio firmado siete meses antes.
«La versión pública del Plan de Negocios a cinco años… fue previamente contratado y pagado a BAIN en marzo de 2015, con lo que se observa con claridad que además de una franca desigualdad de libre competencia de mercado entre los consultores invitados a cotizar en la investigación de mercado, se siguió favoreciendo a BAIN con una ampliación contractual no justificada puesto que, como ya se mencionó, el Plan de Negocios a cinco años fue pagado en el contrato 800715664», dice la querella.
El contrato cuestionado incluía otros servicios como el programa de transformación de la CFE, la elaboración de un nuevo modelo operativo, un plan de inversiones y la estrategia de financiamiento. En total, fueron 29 los productos requeridos.
Como administrador del contrato, a Javier Gutiérrez Becerril también le reprochan haber sido omiso para establecer mecanismos de vigilancia, supervisión y control para asegurar el cumplimiento.
Parte del cuestionamiento sobre la falta de vigilancia, es haber pasado por alto que la hermana de Emilio Lozoya, en ese entonces director de Pemex, fuera uno de los asesores cuyos servicios ofrecía BAIN & Company México, lo que en opinión de la CFE constituía un probable conflicto de interés.
Pero también señalaba la carencia de supervisión por el hecho de que no hubo un control de asistencia de los asesores de BAIN & Company México en general.
A Gutiérrez Becerril también le denuncian por supuestamente omitir el cálculo y aplicación de penas convencionales por la inasistencia de los asesores y los servicios no prestados oportunamente, parcial o deficientemente, precisamente por la falta de control sobre el personal de BAIN & Company México, «del cual no se comprobó su idoneidad ni experiencia en servicios similares».

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