Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-José Ariel Morales, un funcionario del sistema penitenciario federal, denunció en 2019 los presuntos sobrecostos de 41 mil millones de pesos en los contratos de los penales “privados”; sin embargo, la FGR ahora busca imputarlo y que sea vinculado a proceso por esos mismos hechos.
Morales es uno de los 20 servidores públicos que, por solicitud de la FGR, ya fueron citados hoy para comparecer en una audiencia de imputación ante un juez de control del Reclusorio Sur.
Su última comisión fue como encargado de despacho de la Dirección General Adjunta de la Administración de Servicios Integrales de Capacidad Penitenciaria, dependiente de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
El 11 de marzo de 2019 el ahora imputado presentó una denuncia ante Nicollino Giuseppemariano Cangiamilla Enríquez, titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del OADPRS, por las irregularidades en esos contratos.
Morales señaló por un lado, los sobreprecios en los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo (CPS), a empresas privadas que proveían los servicios de prisiones y, por otro, los convenios con auditores técnicos sin experiencia para supervisar estos servicios.
Según Morales, el OADPRS autorizó a su proveedores a que contrataran auditores técnicos que incumplían con los requerimientos para revisar la prestación de los servicios penitenciarios.
Son los casos del Cefereso Número 11 de Hermosillo, Sonora, el Cefereso 16 de Morelos, el penal federal Número 18 de Coahuila.