Antonio Baranda
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente del PAN, Marko Cortés, acusó que en la decisión de dos ministras de suspender el acuerdo del INE para posponer la consulta sobre revocación de mandato, hubo una «clarísima intención» de favorecer los «deseos ególatras» del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cortés pidió, por lo tanto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asuma una posición congruente, no se deje presionar y tampoco consienta una violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación está tergiversado en ratificación de mandato.

«Es de preocupar que en la suspensión del acuerdo del INE para posponer la consulta por parte de dos ministras hubo una respuesta expedita de la Corte a la controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima intención de favorecer los deseos ególatras del Presidente de ‘ratificar’ su mandato», expuso.

«Por eso en Acción Nacional pedimos respetuosamente a las y los ministros de la Corte no dejarse presionar, asumir una posición legal, congruente y responsable con el País», expresó su dirigente.

En un comunicado, el líder sostuvo que su partido respeta la decisión que tomaron dos ministras para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe los trabajos de preparación del ejercicio.

No obstante, pidió esperar a que el Pleno de la Corte analice y resuelva el fondo de la controversia presentada.

«Rechazamos de forma enérgica los ataques contra la institución electoral y sus consejeros orquestado desde el Gobierno y su partido. Por el bien de México, la SCJN debe frenar el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario de López Obrador», abundó.

«Respetamos la decisión que tomaron dos ministras, esperamos que en breve el pleno resuelva sobre el fondo de la controversia. El ejercicio de revocación, ahora tergiversado en ratificación de mandato, implica un gasto público inútil y completamente ególatra».

El 22 de diciembre, la Comisión de Receso de la Suprema Corte ordenó al INE seguir adelante con el proceso para organizar la consulta por considerar que se puso en riesgo el ejercicio del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandado del Presidente.

Las Ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat, integrantes de esa Comisión, suspendieron la resolución del INE del 17 de diciembre para aplazar la consulta programada para el 10 de abril de 2022, mientras no se cuente con el presupuesto necesario.

«De realizarse el capricho presidencial, nos estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de pesos, recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar empleos y combatir la pobreza», consideró Cortés.

«Además, la Corte no puede consentir una clara violación constitucional. Esto se hace muy evidente cuando utilizando todos sus recursos, sus clientelas y beneficiarios de programas, quienes la promueven son las propias estructuras gubernamentales, las del partido en el Gobierno y el mismo Presidente de la República».

Pide defender al INE

Cortés convocó a todos los partidos políticos y a la sociedad en general a levantar la voz y defender al INE, por tratarse, dijo, de una institución con autonomía constitucional y amplio respaldo popular que está siendo blanco de una campaña de desacreditación.

«Es nuestra responsabilidad preservarla. Acción Nacional convoca a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar la voz y defender INE, que es un organismo con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra democracia», recalcó.

El líder panista criticó que, mientras dos ministras dieron respuesta expedita a la controversia presentada por el Presidente de la Cámara de Diputados en este tema, la misma Corte aplicó otro criterio para abordar la controversia constitucional presentada por el INE para que ordene asignarle la suficiencia presupuestal para organizar la consulta popular.

«Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la interpretación de la ley se politice», advirtió.

El dirigente también cuestionó la conducta de las mesas directivas en el Congreso federal y afirmó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de posponer la consulta de revocación, es políticamente inaceptable y jurídicamente intrascendente.

Marko Cortés recordó que cuando López Obrador emitió el llamado «decretazo» sobre las obras de infraestructura de su Gobierno, los senadores de Oposición solicitaron a la Presidente del Senado, Olga Sánchez Cordero, que presentara una controversia constitucional contra ese acuerdo, pero aduciendo que esa Cámara no tenía interés directo en el tema, la rechazó.

Sin embargo, añadió, en la impugnación del acuerdo del INE promovida por el Presidente de la Cámara baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, ocurrió lo contrario, lo cual -a su consideración- contradice la actuación de Morena y de la propia Presidenta del Senado.

«Queda en evidencia que el Presidente de la Cámara de Diputados y la Presidenta de la Cámara de Senadores están sometidos a los intereses y al servicio del Ejecutivo federal, ya que su actuación es completamente distinta cuando se trata de defender la legalidad de los actos del Gobierno», aseguró.

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