Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, aseguró ayer que a nivel internacional existe una «dictadura mediática» que es la que controla la información que se difunde y que es contraria a la verdad y el interés público.
Esta dictadura, dijo, conformada lo mismo por los medios tradicionales que por las nuevas plataformas digitales, posee los datos personales de los ciudadanos sin que exista ninguna regulación de los estados al respecto.
«Las plataformas, que según son espacios donde se puede deliberar libremente, pues son monopolios, monopolios que tienen nuestros datos personales, luego se escandalizan porque por ahí se filtra algún teléfono, pero ellos tienen nuestros teléfonos, tienen nuestros domicilios, conocen nuestros gustos, y no hay una regulación sobre ello», afirmó.
Al participar en la conferencia «El rol de los medios de comunicación en América Latina», organizada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Ramírez denunció que los medios de comunicación no son medios, pues no son intermediarios con la sociedad, sino grupos que representan al poder económico.
«Es escandalosa la vulgaridad de los países latinoamericanos donde a las oligarquías no les importa ni la verdad, ni el buen gusto, y tampoco ninguna regla del buen periodismo. Pero también en España, también en Italia, también en Francia, se vive el mismo proceso de degradación del periodismo y de los medios de comunicación cuando se prestan a campañas de linchamiento político, de ignorar a los movimientos sociales, de ignorar la crítica al modelo económico. Eso, eso es una dictadura.
El ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que los medios de comunicación actúan como actores políticos y cuando se les responde políticamente se rasgan las vestiduras.
«Los medios para atacar atacan como partidos políticos, son actores políticos. Pero si les responden políticamente se rasgan la vestidura, ‘atentado a la libertad de expresión’. Y nos venden la idea, y muchos la compran, que atacar esos negocios o criticar esos negocios dedicados a la comunicación es estar contra la libertad de expresión, que todos compartimos. Eso es tan absurdo como decir que criticar a un presidente democrático es estar contra la democracia», señaló.
El Estado, planteó, debe garantizar el derecho efectivo de los ciudadanos a la comunicación y eso implica que la información no sea tratada como una mercancía y que la opinión de la gente pese en el espacio público.