Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

En la toma de protesta, como Gobernador Constitucional del Estado, el C. P. Martín Orozco Sandoval manifestó que “En materia educativa, llevaremos a cabo un gran acuerdo social, con la participación de autoridades, maestros, padres de familia, sectores sociales y productivos, para obtener mejores resultados y lo lograremos porque contamos con las mejores maestras y maestros del país”. Históricamente, los docentes han estado solos en la tarea educativa y han logrado avances. Si en el actual gobierno estatal hay la intención de garantizar la participación conjunta de autoridades, maestros, padres de familia y de los demás sectores sociales, con seguridad habrá mejores resultados en la calidad educativa. Ahora es cuestión de poner en blanco y negro la propuesta y operarla.
Mientras tanto, es bueno ponderar que en la normatividad del sistema educativo ya hay disposiciones que pueden contribuir en la consecución del propósito que se pretende implementar. Para dar cumplimiento a lo que mandata el Artículo Tercero Constitucional, la Ley General de Educación, en el marco del federalismo, distribuye funciones y responsabilidades a la Federación, a los estados y a los municipios. De manera que los tres niveles de gobierno y las autoridades educativas saben lo que deben hacer para garantizar, a la población, el derecho a una educación de calidad. Por su parte, maestros, directores y supervisores, también conocen sus funciones y responsabilidades, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y retomando la Ley General de Educación, ésta, en su capítulo VIII especifica la participación social en la educación; en la sección 1 y concretamente en el Artículo 65 se establecen los derechos de los padres de familia para opinar, participar y colaborar con las autoridades de la escuela en el mejoramiento de la educación de sus hijos y en la solución de problemas que obstaculicen su formación. Y en el Artículo 66, de la misma Ley, están contenidas las obligaciones de los padres: responsabilizarse para que sus hijos asistan y reciban educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos; colaborar con las instituciones educativas, donde estudian sus hijos, en las actividades escolares; y, entre otras, informar a las autoridades educativas los cambios actitudinales, conductuales y emocionales que observan en sus hijos para intervenir conjunta y adecuadamente en la solución de lo que pueda estarles afectando en sus aprendizajes. En relación con los consejos de participación social; éstos deben promover, entre la sociedad, actividades para elevar la calidad de la educación pública; vincular a la escuela con la comunidad; salvaguardar la integridad de los alumnos; estimular, promover y apoyar con actividades extraescolares que complementen la formación integral de los educandos; entre muchas otras disposiciones. Y para la observancia y seguimiento de estos mandatos hay consejos de participación social integrados en cada municipio, estado y a nivel nacional. ¿Qué hace falta? Generar algunas otras ideas, formular estrategias que aseguren la eficaz participación de los sectores sociales y ponerse a trabajar.
La Ley de Planeación dispone que el Gobierno del Estado y las dependencias que lo integran tienen seis meses, a partir de que entran en funciones, para formular el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados de éste, alineados a los grandes propósitos del país; y en estos documentos rectores se encontrarán, con mayor precisión, los ejes y las líneas de acción que se ha de llevar a cabo para cumplir con los compromisos contraídos en campaña y para satisfacer las necesidades más sentidas de la población. En el caso específico del sector educativo, su instancia administrativa será la encargada de concretar el objetivo central del “gran acuerdo social” y determinar cómo han de participar los agentes educativos y los sectores sociales interesados en mejorar la educación. Las evaluaciones que se tienen y las que se están dando a conocer en estos días, dan fe del estado que guarda la educación en Aguascalientes; la cual requiere atención urgente y prioritaria si realmente se quiere elevar la calidad educativa. El tiempo es de las pocas cosas gratuitas que aún quedan; pero si éste no se sabe aprovechar bien y en forma oportuna resulta muy costoso. Se esperan, pronto, acciones.