En todas las épocas ha existido alguien que decide por todos y al mismo el que dicta las reglas que cada uno debe obedecer. Ninguna civilización se ha escapado de este señorío, por lo que no sorprende que ahora, en plena etapa en que la palabra democracia aparece hasta en la sopa, sigan los convenios al máximo nivel, semejantes a los que firmaron los gobiernos “neoliberales”.

La reforma al sistema de pensiones es el más claro ejemplo que nada cambia, al determinarse que el aumento a la asignación que recibirán los próximos pensionistas será a cargo totalmente del sector empresarial, al firmarlo así sus dirigentes, por lo que ahora todo el que contrate a un trabajador está obligado a incrementar la cuota correspondiente.

Las grandes firmas no tendrán ningún problema para cumplir con esta exigencia, en cambio las medianas, pequeñas y micros deben ajustar a la baja su nivel de rendimiento, situación que plantea varios escenarios, uno, que contraten menos personal, y otro que recurran al subregistro ante el Seguro Social y el Infonavit para pagar menos, con el riesgo que esto conlleva.

El problema radica en que para una decisión de esta naturaleza no hay una consulta interna en los organismos empresariales y el conglomerado en general, simplemente el titular del Poder Ejecutivo manda llamar a los dirigentes de las cámaras, les plantea la idea y pide que firmen, lo que hacen sin haber hecho un solo consenso a nivel gremial, pero para la autoridad es válida la rúbrica que jurídicamente obliga a todos a someterse a los acuerdos.

Para entender el impacto que tiene en los empleadores cualquier alza basta recordar lo que en alguna ocasión declaró un dirigente sindical, acusado por sus compañeros de haberlos “vendido” por aceptar un aumento salarial de 5%, que en la práctica significa un promedio de cuatro pesos diarios. Dijo que en la fábrica laboraban alrededor de 300 personas, por lo que el pago en nómina aumentaría en promedio 36 mil pesos mensuales y de manera automática sería mayor el pago al Seguro Social, Infonavit y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por lo que no se podía estirar demasiado la liga o a final de cuentas terminarían perdiendo todos, ya que vendrían los despidos, por lo que todo iba en función de ir de acuerdo a las condiciones prevalecientes.

Aceptó que no lo consultó previamente con sus compañeros, pero lo que hizo fue con los poderes que ellos mismos le habían dado, lo que es entendible porque sería difícil que todo el personal estuviera presente en las pláticas y mediante voto directo aprobaran o rechazaran la propuesta patronal.

En cambio, lo que se hizo para elevar las cuotas empresariales fue sencillamente un madruguete, puesto que de acuerdo a las reglas impuestas a nivel cupular  ninguno escapará de pagar un mayor desembolso, que aún cuando va a ser gradual el impacto será igual de fuerte.

Mientras que el gobierno se regodea porque hizo bailar al empresariado al son que le tocó, de la medianía hacia debajo de los patrones saben que vienen tiempos más difíciles. De ninguna manera están en contra de que el trabajador que se retire reciba una pensión decorosa y no la que se plantea en las actuales Afores, que cuando mucho sería del 30% de su último salario, pero en el reparto de obligaciones el gobierno también debería entrarle y no sólo ser articulador

Lo que se hizo en Palacio Nacional fue algo similar a la firma del Pacto por México, suscrito en diciembre de 2012 entre los tres principales partidos políticos (PAN, PRI y PRD) y el recién estrenado presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que sin consultar con sus bases llevaron a cabo y el final no podía ser otro que las mismas huestes empujaron para que fuera un fracaso.

Los efectos de lo que recién se firmó se verán con el tiempo y entonces se podrá aquilatar si fue para bien del país, que ojalá así sea.

 

APRIETO ECONÓMICO

La desaceleración de la economía es un asunto que está a la vista por lo que no sorprende la baja que registra, pero deja una enseñanza que debe atenderse para reducir los efectos, que en todo caso es en lo que deben ocuparse la sociedad y el gobierno.

Al subrayarse que falta por conocer el resultado de la información del Inegi, correspondiente al segundo trimestre del año, el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, Jael Pérez Sánchez, dijo que se espera que sea más punzante que el primero, al tener en cuenta que fue cuando fue el arranque y la fuerza de la pandemia.

Por ahora, de lo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es que esta entidad se encuentra en la media del decrecimiento general durante el primer trimestre de 2020, y en lo que corresponde a la actividad económica el sector industrial y el de servicios fueron los más perjudicados por el encogimiento.

El líder de los economistas hizo mención que el decrecimiento estatal en ese indicador fue de -1.2% en los primeros tres meses de este año, con respecto al cuarto trimestre de 2019 y de -3.2 en relación al primer trimestre del mismo 2019.

En este sentido Aguascalientes está dentro de la media nacional, y los sectores productivos más lesionados fueron el de servicios, que tuvo una caída de .1.4% y el industrial de -6.3%, información que demuestra que la economía tiene una desaceleración desde el año pasado, por lo que se estima que entre abril, mayo y junio, por efecto del Covid-19, puede llegar a -8%, comparado con el mismo período de 2019.

Para atenuar el golpe, Pérez Sánchez considera importante que las autoridades estatales tengan una acción enterada, segura, deliberada y proyectada y así hacer frente a la crisis económica y de salud, por lo que “no es tiempo de improvisaciones, necesitamos que se hagan estudios especializados sobre el impacto del Covid en el estado, las empresas, en la ocupación,  los hogares, en las familias, para tomar decisiones oportunas porque el costo de la equivocación va a significar más muertes por la crisis de salud, más empresas que mueran y más familias que caigan en la pobreza y en el hambre”.

Sobre aviso no hay engaño, sería el corolario a la advertencia del economista Jael Pérez, que ojalá se tenga en cuenta por quien toman las  decisiones y los que deben aplicarlas, ya que cada paso que den en ese sentido será el destino que le depara a los aguascalentenses a corto y mediano plazo.

 

FIRME DEFENSA DE COBOS

A sabiendas que se han echado encima una tarea monumental, porque deben luchar contra influencias económicas y políticas, los integrantes de la recién creada Alianza Ciudadana por la Conservación del Bosque de Cobos están dispuestos a afrontar cualquier asechanza, ya que su único objetivo es cuidar que no se dañe ese espacio y se mantenga en las condiciones actuales como un patrimonio ecológico de los aguascalentenses. La presidenta del Movimiento Ambiental de Aguascalientes, María Guadalupe Castorena Esparza, que ha estado desde un principio en la primera línea de defensa, detalló que más de 40 organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como nacionales e internacionales, determinaron unir esfuerzos para fortalecer la protección principal y multidisciplinaria que se ha llevado a cabo. El propósito toral “es generar una labor más extendida, preventiva y de mayor impacto”, con el compromiso de vigilar que no se perjudique interna ni externamente el lugar. Inicialmente se trató de que el área protegida fuera en las 5 mil hectáreas con que cuenta Cobos, por lo que al quedar algunas partes en poder de particulares éstos han pretendido crear complejos inmobiliarios y también se han presentado proyectos para implantar flora y fauna exóticas que nada tiene que ver con el bosque, por lo que están muy atentos para evitar que esto ocurra, reiterando la decisión de trabajar “bajo un esquema de red, un plan de trabajo anual, una perspectiva de incidencia en políticas públicas, un enfoque de derechos humanos, una estructura operativa funcional y bajo sustento de investigación científica”, sostuvo María Guadalupe Castorena.