Salvador Rodríguez López

Las condiciones que prevalecen restringe la participación pública de los dirigentes estudiantiles, que en lo general han sido pasivos los últimos años y más ahora con motivo de la epidemia, por lo que si en la Dirección de Movilidad se les antoja aumentar o desaparecer la tarifa preferencial de la que ha gozado este sector no habrá mayor resistencia.

De siempre se ha aprovechado un momento de inactividad para elevar el pago que hacen los usuarios del transporte urbano, por lo que sea en la segunda quincena de diciembre, en Semana Santa o en las vacaciones escolares se realiza lo que técnicamente se conoce como “ajuste”, para ello hay toda clase de explicaciones que a final de cuentas salen sobrando puesto que cuando ya se tomó la determinación no hay marcha atrás.

En una etapa de ablandamiento social, primero fue el encargado de movilidad Gustavo Gutiérrez, quien se refirió el pasado 25 de julio a que el padrón de beneficiados con credencial para viajar con tarifa preferencial, “podría verse recortado ante la baja del número de usuarios que ha ocasionado la pandemia de Covid-19”, aunque dejó abierta la posibilidad para que estudiantes, personas con discapacidad y de la tercera edad pudieran renovar la tarjeta.

Aseguró que se ha tomado esa disposición debido a que “la mayoría de los concesionarios han enfrentado pérdidas por la baja en la demanda, que se ha registrado desde marzo pasado cuando comenzó la pandemia, (por lo que) posiblemente el número de credenciales podría verse recortado”.

Cuatro días después, el 29, la diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar dio a conocer que la tarifa a los estudiantes será de  4.75 en lugar de 2.50, lo que será aplicable a partir de que se inicien las clases, porque “así está estipulado (que se haga) en cuanto se inicie el ciclo escolar”.

Más allá de que esté o no previsto el incremento, lo que no menciona la legisladora es que en la práctica se cobrará 5 pesos y no 4.75, por la sencilla razón que actualmente no hay monedas de veinte ni de cinco centavos, por lo tanto sería grosero exigirle al chofer que consiga esas fracciones que ya no circulan, por lo que ni caso tiene que se actúe ladinamente.

A ciencia cierta no se puede negar que cada cierto tiempo debe haber un aumento a la tarifa, pero esto debe ir acompañado de acuerdos entre concesionarios, usuarios y gobierno, en donde se estipule que habrá una mejoría en el servicio, no que sea la política del azadón, sino que también deje un beneficio a quien lo sostiene.

Desde que la actual administración eliminó a ATUSA, el compromiso fue dar un servicio “al 100”, pero en varias zonas no llega ni al 50, ya que las deficiencias son las mismas que por décadas se ha padecido, principalmente tardanza de las unidades en el arribo a los paraderos, que por las mañanas hay rutas en que pasan atestadas como reflejo de la insuficiencia de camiones para cubrir los rumbos de mayor demanda y por las noches no todos hacen el recorrido completo.

El problema de fondo es que no hay un grupo independiente que se encargue de supervisar el servicio, porque la dirección de movilidad es juez y parte y el Congreso hace como que hace y a final de cuentas nada hace, lo que lleva a que los ciudadanos estén a merced de lo que los concesionarios decidan y la autoridad les permita. Así fue con ATUSA y sigue siendo en la “nueva modalidad”.

SIN ANTORCHAS

El primer daño o menoscabo al Quincenario de Nuestra Señora de la Asunción 2020, que tendrá lugar del 1 al 15 de agosto, será esta noche al cancelarse la tradicional Peregrinación de las Antorchas, que cada año congrega a centenares de fieles procedentes de todos los rumbos de la ciudad.

Es un acto mariano que surgió hace más de 60 años, con el que la Diócesis de Aguascalientes inicia los actos en honor de su patrona espiritual. De cada parroquia parten los grupos hacia la Catedral Basílica calculándose el arribo a las ocho de la noche y que son recibidos a las puertas del recinto por el obispo, para enseguida presidir un oficio.

Aunque se ha conservado la denominación “de las Antorchas”, lo cierto es que los peregrinos llevan faroles adornados con papel de color blanco y azul y en el camino entonan cánticos dedicados a la Virgen, que es una especie de preparación para el día en que les corresponda ir dentro del Quincenario, caminata que como se ha informado, también se canceló por motivo de la pandemia del coronavirus, supliéndose con diversos actos que el Obispado ha preparado y que se transmitirán por las redes sociales y en los canales de radio y televisión que accedan difundirlos.

Aunque la Peregrinación de las Antorchas no es un evento de multitudes, es parte de un legado catequístico, toda vez que previamente se instruye a los feligreses que esto significa el camino que todos, indefectiblemente, han de recorrer cuando llegue a la hora de rendirle cuentas al Hacedor, por lo que es importante tenerlo presente en todos los actos de la vida.

De cualquier manera, a partir de mañana y durante dos semanas se presentará un programa religioso, cultural y artístico, todo enfocado a la pleitesía que los aguascalentenses le rinden a la Virgen de la Asunción, por lo tanto hay que estar atentos a los horarios y espacios que otorguen los medios de comunicación.

UNEN LA ILEGALIDAD

Aunque parezca disco rayado pero hay que escribirlo una y otra vez, porque callar un ilícito es ser cómplices, por lo que mientras no se demuestre cuál es el fundamento legal para llevar a cabo las aprehensiones de ciudadanos que circulan por la vía pública y sin haber cometido una falta son detenidos para esculcarlos en su persona y sus pertenencias, acto que las autoridades han bautizado como “revisión de rutina”. Lo que se calla son las ganancias que deja a las arcas municipales, porque cada persona que es llevada ante el juez de barandilla tiene que pagar una multa para salir en libertad o permanecer 36 horas bajo arresto, bajo la acusación de “resistencia de particulares”, por presuntamente traer una dosis de droga aunque no sea adicto ni al cigarro.

Hay jactancia en los jefes policíacos al enumerar la cantidad de arrestados que han logrado por mes, semestre y año, como una demostración de eficacia, pero nunca mencionan que sólo una parte mínima cometió una infracción, que son justamente los que ameritan ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En las batallas campales es casi un rito que las patrullas arriben al escenario cuando los rijosos han emprendido las de Villadiego, gracias a la estridencia de las sirenas, por lo que los uniformados se concretan a detener a los mirones y uno que otro rezagado para no irse con las manos vacías.

De manera paralela células mixtas llevan a cabo recorridos “disuasivos” en colonias de la periferia, que ellos mismos se han encargado de calificar como “la barredora”, porque paran a todo el que se encuentre en su camino, que en ocasiones trata de evadirlos porque sabe cómo se las gastan, lo que según ellos (cual psicólogos) concluyen que algo esconde y por eso trató de cambiar de rumbo, inclusive tienen una vista de lince que les permite deducir desde la patrulla que su mirada era nerviosa.

Son capturas que vulneran el Artículo 16 de la Constitución General de la República, lo que no obsta para que siga aplicándose, por lo que bien harían las autoridades locales en dar a conocer en qué se basan para mantener esta situación, que para algunas personas no tiene mayor relevancia.

Lo que hacen no es combatir a la delincuencia, sea organizada o del fuego común, sino atentar contra los más elementales derechos de la ciudadanía, misma que permite que esto se enraíce y sólo levanta la voz cuando es perjudicada en su persona o alguno de sus allegados, pero es una situación que bajo ninguna circunstancia debe existir.