Salvador Rodríguez López

Es natural que se le cobre al que debe, lo que no es normal es que se haga con un sentido torcido buscando ahorcar -económicamente hablando-, a quien hereda la deuda y menos se haga con adversarios políticos, que es justamente lo que pretende el director general del ISSSSPEA, Jesús Ortiz Domínguez, al anunciar que arma los expedientes para que cuatro ayuntamientos reintegren las cuotas que descontaron a sus respectivos empleados.
La cuestión radica en que los actuales alcaldes están a dos meses y medio de concluir su gestión, lapso que apenas les dará tiempo para dar respuesta a los requerimientos, por lo que serán los nuevos titulares quienes deban enfrentar la demanda, que si se aplica de manera rigorista lo único que provocará es apretar las finanzas de las nuevas administraciones.
Según el directivo “se procederá contra las administraciones municipales de Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo, Rincón de Romos y Tepezalá”, de las cuales ninguna es panista (Pabellón y San Francisco serán priístas, mientras que Rincón y Tepezalá proceden de una coalición entre morenistas, petistas y nuevo-aliancistas).
Si esto hubiera hecho Ortiz Domínguez cuando se hizo cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores del Estado de Aguascalientes, podría entenderse que trataba de exigir el reembolso de lo que adeuda cada ayuntamiento y que en la mayoría de los casos son deudas que proceden desde hace varios trienios, por lo que ni siquiera los actuales funcionarios las asumieron, sin embargo por ser algo institucional debe responder quien esté al frente en ese momento.
El adeudo total alcanza los 200 millones de pesos y el propósito es presentar una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque más bien tendría que ser ante la Fiscalía General teniendo en cuenta que no basta con que se cubra el saldo, sino que se investigue en qué se gastó ese dinero, que aún cuando pudo haberse destinado para obras y servicios se considera como desviación de recursos, en virtud que la autoridad municipal únicamente es la receptora de las cuotas que aportan los trabajadores y las propias que le competen y que no pueden tener otro destino que el previsto por la ley.
De igual manera, si el director del ISSSSPEA está en plan enérgico, que también solicite indagar a sus antecesores, porque corrupto es el que utiliza los recursos y bienes públicos para propósitos distintos al ordenamiento, como el que está obligado a evitar que esto ocurra y prefiera ver y dejar pasar.
En principio, los actuales presidentes de San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga consideran la posibilidad de cubrir el débito antes de entregar la estafeta, aunque no lo harían con dinero sino a través de terrenos de propiedad municipal, lo que no les sería difícil hacerlo ya que bastaría con la anuencia de los cabildos correspondientes, en cambio Tepezalá ve espinoso hacerlo toda vez que son alrededor de 75 millones de pesos lo que tiene como pasivo.
Lo que pretende el controvertido director del Instituto es mostrar “músculo”, luego de la serie de acusaciones que hay en su contra por parte de pensionados del Gobierno Estatal y de los municipios, quienes demandan que sus alcances se les cubran en salarios mínimos y no en UMAs, además de utilizar el adeudo de los municipios como distractor y una forma de difuminar la exigencia de los ex empleados, lo que difícilmente va a lograr si se tiene en cuenta que cada vez se fortalecen más.

ATAQUES A LA MUJER

Las campañas que se han emprendido desde finales del siglo pasado para frenar la agresividad en contra de las mujeres no han servido de mayor cosa, a juzgar por el incremento de casos que se ventilan en los juzgados, muchos de los cuales son calificados como feminicidios en contra de mujeres adultas, jóvenes e incluso niñas, por lo que urge encontrar una fórmula distinta a la actual porque ni las condenas de 50 y 60 años han logrado detener las bestiales actitudes de quienes no pudieron reprimir sus impulsos homicidas.
Aguascalientes, que pomposamente se califica como “tierra de la gente buena”, no lo es tanto y la mejor muestra se encuentra en la atención que el organismo municipal de la mujer ha atendido. En el primer semestre de 2021 ofreció servicios de tipo psicológico, jurídico y de trabajo social a 1,773 mujeres en condición de violencia, además se han girado 3 mil 077 órdenes de protección en la unidad especializada de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, cifra que significa un 30% más de las registradas en 2020.
Los indicadores nacionales de violencia subieron 50% y entre los posibles motivos para que esto sucediera está el confinamiento en los hogares por motivo de la emergencia sanitaria que provocó el coronavirus, por lo que el estrés que ya vivían mujeres y niños antes de la pandemia se elevó de manera exponencial, al haber más acometidas, de las cuales el 75% son de carácter psicológico y 62% de tipo físico.
En los primeros cinco meses del presente año aumentaron los feminicidios en México, en 7.1%, sin embargo, no obstante que el presidente de la República reconoce esta situación, es poco lo que hace su gobierno para trabajar coordinadamente con los estados y juntos enfrentar este problema. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Federal) establece que el mes de marzo fue el más violento para ellas desde 2015, con 359 feminicidios y homicidios dolosos, 29% más que los 71 registrados en febrero anterior y si este delito se mide por tasa de 100 mil habitantes 15 estados se ubicarían arriba de la media nacional que es de 0.36% por cada 100 mil mujeres. También marzo fue el mes que reportó más secuestros, más violación, mayor número de tráfico de menores, extorsión, corrupción de menores, trata de personas, violencia familiar y se elevó en 22% las llamadas de auxilio al 911.
A nivel local se trabaja mediante la participación de 3 mil 500 mujeres que reciben capacitación municipal de cómo identificar y enfrentar la violencia que sufren dentro o fuera de su hogar y que a su vez transmitan estos conocimientos a vecinas, compañeras de trabajo o estudio para que el resultado sea multiplicado. Aunque no es fácil el trabajo que tiene lugar, con perseverancia se podrá obtener una respuesta que permita reducir ostensiblemente cualquier tipo de embate que sufran, y ante todo que no se queden calladas, que lo denuncien o lo hagan a nombre de otras que no lo hacen por temor. Es el único camino que hay para frenar una situación que nunca debe darse, pero que al existir se tiene que combatir con todas las herramientas posibles, principalmente con la solidaridad y el acompañamiento de unas con otras.

PROVEER AGUA

Encontrar el método que asegure el suministro de agua a las próximas generaciones no es “cuéntame otra”, por lo que necesariamente deben intervenir los expertos en el tema y en esto debe estar consciente el Gobierno del Estado y los municipios, como responsables de atender la demanda social. Ya lo dijo el presidente del Colegio de Ciencias Ambientales de Aguascalientes, Carlos Armando Romo Rivera: “Urge aplicar medidas a corto plazo para resolver la problemática de falta de agua en el estado, ya que no hay garantía de abasto para la población en el futuro”. Aunque son varios los problemas que tiene la entidad, consideró que el mayor es el del agua, por lo que se tiene que trabajar intensamente para concretar acciones, ahora en que es posible, que aseguren la atención que exijan los habitantes a mediano y largo término. Para nadie es un secreto la sobreexplotación que se hace a los mantos freáticos debido al destino que se le da a este recurso, en su mayor parte utilizado por el sector agropecuario, pero también por el crecimiento de los centros urbanos, principalmente en la ciudad capital, donde hay un desarrollo “demasiado grande”, apuntó, al construirse fraccionamientos que exigen servicios, al igual que la industria automotriz demanda mucha agua. Una posible solución sería utilizar los cuerpos de agua, como bordos y ríos, desde los cuales se pueda abastecer a la población, para ello tiene que haber plantas de tratamiento que asegure su saneamiento y al mismo tiempo un programa general de desazolve ya que en su mayoría son cuerpos con muchos años de construidos y no han recibido el mantenimiento necesario.