Entre las abusivas y malas prácticas de algunas empresas, agencias y despachos de cobranza, así como de algunos abogados, sucede que cuando la parte deudora acepta alguna facilidad o reestructuración del pasivo, generan una deuda diferente y en ocasiones por cantidades mucho mayores, advirtió el presidente del Colegio de Abogados, Rogelio Ruiz Esparza Gómez.

Es un escenario donde crean un adeudo diferente al que originó la gestión, inducen al deudor a firmar pagarés o convenios, a favor de personas distintas a las de la deuda de origen y a veces elevan de manera exorbitante la cifra a pagar, explicó el profesionista.

En entrevista, puntualizó que ese tipo de situaciones de ninguna manera son prácticas generalizadas, sino la excepción por la que se celebra la reforma al Código Penal Federal que ya incorporó el delito de cobranza extrajudicial ilegal con sanciones ejemplares.

La medida significa cubrir un vacío importante del que venía adoleciendo el orden jurídico para poder sancionar a todas aquellas entidades que al realizar su trabajo de recuperación de cartera vencida o deuda, ejercen violencia, prácticas intimidatorias y amenazas para lograr su fin.

En ese sentido, puntualizó que en la gran mayoría de negociaciones con empresas e instituciones financieras y de créditos, existen políticas de recuperación con opciones variadas de cobro y pago, lo que hace falta es que en número importante de esos casos, sus agencias, despachos y abogados a sus servicios, tengan el conocimiento pleno y adecuado de las mismas.

Con ello, sería posible aplicar o realizar un planteamiento correcto, claro y en lo posible, a la medida de cada deudor, pues finalmente están defendiendo el legítimo derecho del acreedor a recuperar lo que se le debe.

Ruiz Esparza Gómez expuso que igualmente en la parte deudora hay personas de conducta deshonesta y reprobable que con argucias y medidas no correctas, toman actitudes y posiciones de no querer pagar; tampoco es conveniente generalizar, agregó.

Finalmente, consideró conveniente que se haga una reforma al Código Penal del Estado a fin de que se instituya como delito la cobranza extrajudicial ilegal, como se hizo en el Código Federal, ya que dicho ordenamiento no lo contempla.