Mayolo López
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado aprobó ayer, con 45 votos en favor y 27 en contra, una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que incorpora el procedimiento para que los afectados puedan impugnar el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de algunos de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos”, indica la minuta aprobada.
Ese procedimiento ya existía pero solo a nivel de acuerdo de la Secretaría de Hacienda, pues la UIF nunca ha necesitado de una orden judicial para bloquear cuentas bancarias.
“El bloqueo de las operaciones activas, pasivas y de servicios bancarios con motivo de causas nacionales es completamente constitucional cuando responde al cumplimiento de los procedimientos administrativos emprendidos por la SHCP y la UIF, que tienen por objeto el prevenir o interrumpir actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional, o el sistema financiero, como lo son los delitos de financiamiento al terrorismo, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y los actos asociados con los delitos señalados”, refiere el documento.
Durante el debate, el senador panista Damián Zepeda advirtió que el dictamen que se aprobaría entrañaba una “trampa”, en la lógica de que se podrían presentar amparos que, por la nueva composición de la Corte, podrían ser rechazados fácilmente.
“El Poder Ejecutivo no es juez: otra cosa es venir a querer dar facultades a Hacienda, que es un subordinado del Presidente de la República, para detener propiedades de una persona sin un control judicial”, alertó.
“Los jueces deben valorar si existen elementos para declarar culpable a alguien: no le corresponde al Ejecutivo decir que hay culpabilidad, y en este caso, darle facultades a la Secretaría de Hacienda para que bloqueé cuentas sin ir a algún juez, es darle la facultad discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el solo hecho de que así lo determine”, recalcó.
Conforme a la minuta aprobada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas.
Se concede garantía de audiencia para otorgar al gobernado “la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”.