Estefania Escobar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Nayib Bukele ha utilizado toda una maquinaria de propaganda política para lograr el apoyo de los salvadoreños hacia medidas violatorias de derechos humanos, tal y como ha sucedido en otros regímenes autoritarios de América Latina, apuntan expertos en la materia.
Bajo esta táctica, y con un pueblo cansado de la violencia de pandillas, políticas de mano dura, como el recién implementado estado de excepción a raíz de un alza de homicidios, resultan poco cuestionables para la mayoría de la población.
«Toda la propaganda gubernamental que se ha instalado desde la llegada de Bukele (en junio de 2019) creo que ha sido muy eficaz en el mensaje que ha posicionado, del Presidente como caudillo, y también y de un discurso de polarización política», consideró en entrevista una integrante del Servicio Social Pasionista (SSPas), una organización que trabaja por los derechos humanos en El Salvador.
«Invierten mucho en este tema de los trolls, prácticamente el Gobierno se ha manejado en redes sociales, generando mucha expectativa y poniendo casi 24/7 a trabajar esta maquinaria, al mismo tiempo que tiene radios, medios digitales, televisión».
La representante prefirió no dar su nombre por cuestiones de seguridad.
El domingo, Bukele, quien goza de una mayoría en el Congreso, decretó un estado de excepción para frenar una ola de homicidios, que en solamente tres días se cobró la vida de 87 personas.
El Gobierno atribuyó los asesinatos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Bajo la medida, las autoridades informaron ayer que han arrestado a más de 3 mil supuestos pandilleros.
El estado de excepción facilita de alguna manera la detención exprés, pues elimina la obligación de informar al arrestado el motivo de su detención, así como su derecho a una defensa, y amplía la detención preventiva de 72 horas a 15 días.
Grupos de derechos humanos afirman que la medida va contra la jurisprudencia nacional, que señala que el alza de homicidios no es razón justificable para activarla.
Además, han dicho que no todas las personas detenidas son pandilleros, y que a muchos de los arrestados les han sido vulnerados sus derechos.
«No hay asidero constitucional para la declaratoria del régimen de excepción», sostuvo en entrevista Ruth López, jefa jurídica de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, organización que también trabaja por los derechos humanos en El Salvador.
«Además, cuando un país suspende garantías debe informar a la comunidad internacional, debe enviar informe al Secretario General de Naciones Unidas, y también la Convención Americana de Derechos Humanos establece ciertos límites, por ejemplo el derecho a la defensa (…) y que una persona capturada no debe permanecer desaparecida 15 días».
Durante su campaña, Bukele hizo de la seguridad uno de sus ejes principales, y destacó al inicio de su mandato una reducción de los homicidios.
Una investigación de El Faro, un diario independiente en El Salvador, reveló después que el Presidente habría pactado con las pandillas para reducir esos indicadores.
En diciembre pasado, Washington sancionó a dos funcionarios de Bukele por presuntas negociaciones con la MS-13 y la 18 a cambio de apoyo al partido oficialista Nuevas Ideas en la elección legislativa de 2021.
A pesar de las crecientes condenas de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, el Presidente goza de un alto nivel de aprobación, y parte de la población avala «completamente» sus medidas, alegando que así se sienten más seguros de transitar las calles.
En diciembre pasado, un sondeo de La Prensa Gráfica reveló que 85 por ciento de los salvadoreños respaldaba sus políticas, aun cuando el Mandatario envió tropas al Congreso, en febrero de 2020, a fin de presionar a los legisladores a autorizar un préstamo para abordar la violencia de pandillas.
«El tema es que la población salvadoreña sufre (…) realmente la ciudadanía ha sido muy, muy afectada por los pandilleros. Además, se mezcla el tema del crimen organizado, es difícil dilucidar qué corresponde a qué», apuntó López.
Si bien una buena parte de la población respalda el actual estado de excepción, los más afectados son los residentes de las zonas más pobres, quienes, además, han sido las mayores víctimas de la criminalidad, abordó la representante de SSPas.
«Quizá este es el tema más importante: las medidas no las está sufriendo toda la población, las están sufriendo todas las poblaciones que han sido criminalizadas, las comunidades que han sido estigmatizadas durante mucho tiempo y es ahí donde se está realizando la mayor cantidad de intervención por parte de las fuerzas armadas de la Policía», dijo.
En ese sentido, la integrante de SSPas señaló que algunas de las denuncias que han recibido tanto su organización como otras incluyen revisiones en viviendas con mujeres y niños al interior, la falta de información que tienen los familiares de las personas detenidas, arrestos de individuos que trabajan como repartidores y serios ataques cargados de discursos de odio contra defensores de derechos humanos.
«Por parte de los operativos que se están realizando en zonas estigmatizadas se han hecho revisiones a niños y niñas que se dirigían a la escuela y que se les revisan, por ejemplo, sus mochilas, con la excusa de que los pandilleros incorporan cualquier tipo de elemento y utilizan a cualquier tipo de persona», detalló.
El actuar de Bukele, consideró, se ha agravado a un paso más acelerado que incluso otros regímenes autoritarios de la región.
«En tres años ha avanzado lo que a Nicaragua le ha costado mucho más tiempo», enfatizó.
Bukele, quien el año pasado presionó al Congreso para aprobar una ley que permite su reelección, ha desdeñado las críticas criticando a los países por no haber hecho nada, y amagando incluso con sacar a El Salvador de los organismos internacionales de derechos humanos.
«Esto es un comportamiento típico de los regímenes autoritarios, es decir, está el caso de (Nicolás) Maduro (Presidente de Venezuela) que también denunció la participación de la Comisión en el sistema interamericano de protección; en el caso de (Daniel) Ortega (Mandatario de Nicaragua) también, en el de (Alberto) Fujimori (Presidente de Perú) hace unos años también», aseveró López.

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