Fernando López Gutiérrez

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El pasado martes 3 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el desarrollo de diversas medidas por parte del Poder Ejecutivo con la finalidad de reducir la corrupción y los conflictos de interés. Entre los principales aspectos mencionados se encuentra el establecimiento de la obligación por parte de los servidores públicos de presentar una declaración anual de posibles conflictos de interés; la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, encargada de coordinar las actividades de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en toda la Administración Pública Federal; la generación de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública federal; el desarrollo de protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios durante los procesos de contratación pública —incluidas concesiones, licencias y permisos— y la identificación de los niveles de responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en esos procedimientos.

Es indudable que cada una de las acciones enlistadas aporta elementos para mejorar el correcto ejercicio de la función pública en nuestro país; sin embargo, frente a los antecedentes y el arraigo del problema de corrupción en México sus alcances son claramente insuficientes. El gobierno federal parece ignorar que la atención pública hacia el tema cobró fuerza como resultado de los recientes escándalos en los que se han visto envueltos quienes lo encabezan; que a más de dos años de su mandato aún no ha cumplido su compromiso de establecer una reforma integral en materia de transparencia y combate a la corrupción; que la Secretaría de la Función Pública —cuyo Secretario fue nombrado en el marco del anuncio de las acciones mencionadas— fue reducida en sus capacidades, como parte de las primeros cambios de la presente administración, bajo el argumento de que no cumplía a cabalidad con sus funciones.

Sin una transformación de fondo del marco vigente en materia de combate a la corrupción, ninguna medida ejecutiva será relevante. De nada sirven el establecimiento de principios de conducta para los funcionarios y de medidas de identificación de conflicto de interés si no existe un marco que sancione las faltas relacionadas con dichos temas. Al respecto, un ejemplo que resulta esclarecedor: en la actualidad, la presentación de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos son exhibidas como verdaderos actos de transparencia, cuando en su contenido sólo especifican de manera general los bienes que poseen, pero no aclaran con exactitud sus fuentes y orígenes.

Es verdad que un cambio de la magnitud requerida debe pasar por la discusión y aprobación del Poder Legislativo, el cual mantiene en debate la consolidación de un Sistema Nacional Anticorrupción. No obstante, en el marco de una mayoría legislativa como la que mantiene el partido oficial y una relación tan cercana entre éste y el Presidente, sería ingenuo pensar —más aún con las recientes reformas aprobadas— que el gobierno federal no tiene una mayor capacidad de incidencia en una reforma tan importante.

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