Frenar o impedir la participación de empresas foráneas en los programas de obras públicas, como lo sugiere el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, alentaría el localismo y conllevaría a que cada estado o municipio imponga condiciones para que sólo los profesionistas del lugar puedan intervenir.

Supondría en principio una protección para los intereses de quienes radican o trabajan en el población, además de creer que por este solo hecho su trabajo va a ser el correcto, algo que no sucede con algunas compañías de otras partes, que no bien terminan la construcción emprenden el vuelo, dejando una estela de problemas que en ocasiones no tienen solución.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Filemón Medina, planteó cambios a la Ley de Obras Públicas del Estado y en la cual se incluya los candados necesarios para la participación de empresas ajenas al medio cuando sean programas licitados. Fundamenta la propuesta en que hay firmas que surgen de la noche a la mañana con domicilio en otras partes, por lo que al concluir los trabajos y se presentan reclamos por mala construcción o deudas ya no se les localiza, ya que cambian de razón social y el sitio donde estaban sus oficinas luce vacío.

Consideró que llegan a ganar la subasta con base en proyectos de bajo costo, que tiene su raíz en la mano de obra barata y trabajos y material de mala calidad, por lo que urgió que se hagan las adecuaciones correspondientes a la legislación para evitar que sigan presentándose este tipo de problemas.

Frente a esa postura, cabe mencionar que más que levantar una muralla se requiere fijar una fianza que deberán depositar no sólo las empresas de fuera sino las locales, con lo que se tendría el soporte suficiente en caso de haber un problema de cualquier índole sobre la obra entregada. Esta fianza se regresaría después de un tiempo, que sería establecido por la misma norma, luego de que se compruebe que no hubo reclamos.

En un medio globalizado resulta equivocado regresar a los tiempos en que sólo los del pueblo podían acceder a los programas oficiales, lo que de llegar a ocurrir alentaría a otras comarcas a hacer lo mismo y pronto se volvería a la época de una economía cerrada.

La cuestión gira en torno a la falta de trabajo que registran las empresas de esta entidad, por lo que suponen que si se pone algún impedimento a las foráneas tendrán una participación más abierta, lo que no significa que por este solo hecho todas sean de una exactitud, tan es así que casi un centenar de fraccionamientos no se encuentran municipalizados, algo que están obligados a hacer los mismos constructores pero le dejan el paquete a los compradores de las viviendas, que además deben cargar con los vicios ocultos que van apareciendo en sus casas.

Indubitablemente, hace falta modificar la Ley de Obras Públicas para que ningún fraccionador pueda poner a la venta las viviendas hasta en tanto no las entregue al municipio, que además incluya una supervisión técnica minuciosa de cada domicilio que determine si está bien hecho o qué hace falta. En materia de programas gubernamentales tiene que actuarse de la misma manera, con lo que se evitará que millones de pesos se vayan al caño, como ocurre actualmente con el Hospital de Pabellón de Arteaga, que tiene varios años en obra negra pese a la inversión que se hizo.

En conclusión, más que obstruir el paso a las constructoras de fuera, se requiere fijar en la ley todos los posibles escenarios para terminar las actitudes nefastas de algunas empresas, que por unas cuantas se pulveriza la credibilidad que debe haber en toda acción técnica y comercial.

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

Sólo falta que apliquen algún sortilegio para lograr la respuesta tan largamente buscada, porque tratándose de frenar los accidentes de tránsito la dirección municipal no tiene una fórmula positiva, lo que motiva que suban el piano y luego lo bajen.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes se encuentran “apanicados” ante la alta incidencia de percances que tienen lugar, que superan los 800 en lo que va del año, por lo que empezó a emitir recomendaciones de educación vial entre los habitantes, para que de esta manera actúen con responsabilidad y entiendan que no se debe poner en riesgo la vida y los bienes propios y de los demás.

“Urge prevenir de accidentes y, para ello, se requiere reeducar y sensibilizar a los usuarios de la vía pública, sobre todo a los conductores, pues es su responsabilidad disminuir los percances de tránsito, así como proteger la integridad, la vida de su familia y de terceras personas”, sostiene la dependencia.

Más que sermones se requiere que la misma oficina le haga ver a la Alcaldía que en ella está la solución. En tanto siga la permisividad de la vida nocturna continuarán tiñéndose de sangre las calles de la ciudad, como reflejo del horario ampliado nocturno con que funcionan bares, cantinas, tabernas y antros, que en la mayoría de los casos el cierre es entre 3 y 5 de la mañana.

Por una parte el gobierno de la ciudad obtiene una mayor recaudación con ese tipo de autorización, pero por otra alienta en grado superlativo el consumo de bebidas embriagantes y que los parroquianos al salir sufren los estragos de lo consumido y del cansancio natural, que es el coctel perfecto para chocar o volcarse en cualquier lugar.

De acuerdo a información de la propia Secretaría y de Protección Civil Municipal, sucede un promedio de 9 accidentes viales por día, que provocan pérdidas humanas, heridos y fuertes pérdidas económicas, lo que según los funcionarios se debe a la falta de responsabilidad o impericia al conducir un vehículo; en lo que va del año, tomándose en cuenta hasta la primera semana de abril, fueron 805 accidentes.

En la búsqueda de disminuir los incidentes se habla de educación vial y que se deben replantear la foto multa, elevar los castigos, ampliar el radio de acción del alcoholímetro y de tantas otras formas que creen podría disminuir los casos, pero en ningún momento mencionan que se reducirá la venta nocturna de bebidas espiritosas, tal vez porque hay un ingreso que no quieren perder, como sucede con el inconstitucional cobro del alumbrado público, que a chaleco sigue cargándose en los recibos de energía eléctrica a más de 200,000 usuarios.

Dicen que el travieso es risueño y más cuando encuentra abiertas las puertas de los bebederos etílicos, donde sin restricción alguna pueden llenar el tanque y después que venga lo que sea, que es justamente terminar la carrera de la vida estrellados en algún lugar, pero así lo quiere la autoridad, que por tal de abultar las arcas es capaz de eso y más.

EJEMPLO A SEGUIR

Pocas veces se está en total sintonía con lo que hace una dependencia pública, como es el caso del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), que sin hacer alboroto puso en marcha un programa accesible para personas con discapacidad, quienes al acudir a sus instalaciones pueden movilizarse con mayor destreza. El titular del Instituto, Ulises Reyes Esparza, presentó el inicio de este programa, que consiste en una silla adaptada a los barandales de las dos escaleras principales y que se denominó “sillas salva-escaleras”. Es una infraestructura que se diseñó para usuarios de los servicios que ofrece el IEA, que tienen alguna limitación para moverse y puedan hacerlo con mayor facilidad. La profesora en educación especial, Delia Jiménez Romero, le correspondió estrenar este mecanismo, demostrándose lo práctico que es. En la explicación técnica que se dio fue que la silla tarda alrededor de 30 segundos en subir a las personas de una planta a otra, soporta pesos de hasta 160 kilogramos; el costo de la inversión fue de 400,000 pesos y será utilizada por el 5% de las personas que acuden al IEA. Hacerlo es una demostración que cuando se quiere ser incluyente basta con proponérselo, y llevarlo a cabo. Ojalá se adopte este programa en otros edificios públicos y privados, con lo que un mayor número de personas con alguna discapacidad puedan acceder a sus oficinas.