Una de las mayores lacras que ha enfrentado el sector obrero son los gremios blancos y la cláusula de exclusión, que obliga a pertenecer a un sindicato con líderes eternos y el que se rebela, en automático pierde el trabajo y queda marcado de por vida.

A lo largo del siglo pasado y con antecedentes en el XIX se vieron momentos dramáticos para los trabajadores, con persecuciones, encarcelamientos y en algunos momentos la muerte de varios de ellos, que luchaban por sus derechos y lo único que recibían eran persecución, golpizas y plomo.

Aguascalientes no escapó a esa realidad y de la cual aún no sale en muchos casos, sólo que ahora existen condiciones para enfrentar cualquier problema de ese tipo, luego que el pasado 20 de septiembre el Senado ratificó el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que envió en noviembre de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto para su convalidación y que quedó en la “congeladora”, por lo que hasta ahora en que se reactivó, fue aprobado; el cual se refiere a los derechos de sindicación y de negociación colectiva, que robustece la libertad sindical, al fijar la protección contra asociaciones blancas y la cláusula de exclusión. El asunto fue aprobado por unanimidad de los 78 legisladores presentes –ante el abandono que minutos antes hicieron los 24 integrantes de la bancada del PAN, en protesta por un contenido diferente, respecto a lo que calificaron como un acuerdo “mordaza” de Morena, que limita a cinco minutos los tiempos de presentación de iniciativas–.

Es un problema que se ha vivido agudamente aquí a partir de la llegada masiva de empresas nacionales y extranjeras, a principios de la década de los 80 del siglo XX, en que cuando aún no se abría la contratación de personal ya se tenía firmado el contrato colectivo de trabajo, por lo que quienes eran admitidos de manera paralela se les inscribía en el sindicato, sin cuyo aval no podían ingresar, por lo que no había alguien que se negara.

A lo largo de estos años hubo obreros que perdían su lugar por haber exigido legalidad en la elección de sus dirigentes, o por solicitar que se diera a conocer el contenido del contrato colectivo, al igual de las condiciones económicas pactadas en su nombre, demandas que por lo general no prosperaban, o se les daba largas hasta que perdían la esperanza de que hubiera justicia.

Un caso emblemático que retrata la situación fue la que vivieron varios trabajadores de una estación de servicio, que al ser dados de baja por “rebeldes” acudieron a pedir asesoría a una organización con la finalidad de formar su propio sindicato, ya que estaban completamente seguros que no lo tenían. Se les ofreció intervenir ante quien fuera para que le dieran trámite a su petición, pero el tiempo pasaba y no tenían información alguna, por lo que acudieron directamente a las autoridades laborales y su sorpresa fue que sí estaban sindicalizados y quien aparecía como secretario general era la misma persona a la que fueron a consultar.

Otro asunto de características parecidas fue en una planta refresquera, suprimida hace varios años. Un trabajador despedido fue acompañado por el líder para exigir la reinstalación, sin embargo el mismo día por la tarde el dirigente acudió a pedir que se cancelara la solicitud ya que era una persona “muy problemática”, pese a que él mismo había pedido a la parte patronal para que diera respuesta en 48 horas.

Lo que hoy es algo anecdótico fue en su momento un drama económico y familiar para los perjudicados, que no lograron la reivindicación de sus derechos por el contubernio que había entre ambas partes, no obstante que es un asunto que sigue presente, hoy es más difícil que pase desapercibido puesto que existen varios medios para hacer pública cualquier anomalía.

Con la ratificación del Senado, se prohíbe afiliar a un trabajador a un sindicato, o que deje ser miembro de la organización de su elección, lo que se conoce en el marco jurídico mexicano como “cláusula de exclusión”, que ya está proscrita, a la vez los sindicatos tendrán protección contra todo tipo de injerencia, principalmente cuando un empleador intenta dominar la agrupación de trabajadores.

ÚLTIMO GOLPE

A semejanza de un boxeador que apalea a su rival y no contento le da un porrazo que lo envía a la lona por varios minutos, el Gobierno de la República determinó el incremento a las tarifas de peaje que aplica en la red de carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales, lo que se agrega a las alzas de precios al combustible que tienen lugar.

El ex presidente nacional y actual líder local de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz señaló que el aumento de hasta el 34% en algunas partes de la red, que se suma al 7% impuesto a partir del uno de enero, los deja en una situación difícil y con ello se ataja el crecimiento del sector.

En la proximidad de que concluya el actual gobierno, el 7 de septiembre llegó el nuevo ramalazo que carece de justificación. Sin razonamiento de por medio se gravó, por lo que en la Canacar hay gran inquietud, porque la planeación y el crecimiento previstos para el presente año difícilmente se podrán cumplir, ante el incremento de los costos y operación del autotransporte.

Durante 2017 debieron soportar el “gasolinazo” y supusieron que con el incremento a las tarifas del peaje a principios del presente año se cerraría una etapa letal para su economía, pero de improviso les anunciaron el alza hasta por el 34%.

Es un asunto que impacta a todo el que utiliza las carreteras que opera Caminos y Puentes Federales, trátese de traileros, camiones de pasaje y automovilistas particulares, pero de manera particular es mayor en la Canacar, que no puede incluir ese porcentaje en el cobro a sus clientes, por lo que sólo será el índice inflacionario, lo que de alguna manera contribuye a que no aumenten los precios de los productos básicos y de otro índole.

Díaz Ruiz afirmó que esperaban que por ser año electoral y el último de este sexenio ya no habría sorpresas, pero “la equivocación fue del tamaño del mundo”, porque el gasolinazo no fue de una sola vez sino que ha sido “por goteo”, esto es, de enero a septiembre alcanza ya entre el 14 y 18% de aumento, conforme a las zonas del país, que se agrega el incremento al peaje del 7% en enero y 34% en la primera semana del mes en curso.

Mientras que el gobierno puede actuar a su libre albedrío, la Canacar no puede hacerlo por dos razones: una, que los clientes no aceptarían una subida a los costos del servicio, y la otra, que deben tener la autorización de la Comisión Federal de Competencia, por lo que no les queda otro camino que absorber todo y fijarlo en los libros como pérdidas.

NO DA MARCHA ATRÁS

Los contribuyentes obligados por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que se conoce como “ley antilavado”, deben tener presente que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene inalterable la disposición, por lo que tienen que presentar en tiempo y forma los avisos antilavado. La multa de 9 millones de pesos a una pequeña parroquia, por no haberlo hecho a tiempo, ha despertado la atención no sólo nacional sino internacional por lo descomunal de la sanción, que el mismo titular del SAT, Osvaldo Santín, reconoce que son penalidades “muy altas”, pero una modificación a la legislación la haría la próxima administración, por lo que sólo queda que presenten los avisos “antes de que sean sancionados”, advirtió.