Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) dio un viraje de 180 grados en el trato que le había otorgado a Emilio Lozoya desde el 17 de julio de 2020, cuando aterrizó extraditado de España. Y en buena medida, todo se debe a su fotografía en el restaurante Hunan de Las Lomas.

La prisión preventiva justificada, dictada ayer al ex director de Pemex, fue sólo la culminación de una nueva actitud que asumió la dependencia, encabezada por Alejandro Gertz Manero, para combatirlo en todos los flancos legales y cerrarle los caminos para sobrellevar sus procesos en condiciones de comodidad.

En la audiencia de ayer, los fiscales federales Kristian Jiménez, Manuel Granados y María Luisa Zúñiga, desde un principio atacaron las pretensiones de Lozoya para que la investigación complementaria de su proceso se ampliara 60 días.

Lo exhibieron porque nunca se acercó a ofrecer un resarcimiento de los daños en el proceso del caso Odebrecht y, cuando Lozoya les entregó en la audiencia las escrituras de dos inmuebles como garantía para reparar 7 millones 385 mil dólares, los fiscales rechazaron la oferta frente al juez federal Artemio Zúñiga Mendoza.

De paso, lo regañaron por exhibir una falta de «pudor procesal» en el Hunan y tomaron distancia con relación a su intención de convertirse en testigo colaborador, a través de un criterio de oportunidad que le daría la inmunidad penal.

La FGR dijo con todas sus letras que Lozoya sólo había utilizado la negociación del criterio de oportunidad para dilatar el proceso y no ir a la cárcel.

Minimizó que no había nada concreto aún, sólo pláticas, y afirmó que en este momento no podía saberse nada sobre la eficacia y solidez de los dichos de Lozoya, no obstante que han servido por lo menos para tener preso al ex senador Jorge Luis Lavalle.

Sin renunciar a un trato del criterio de oportunidad, que puede aplicarse hasta antes de que se dicte la apertura del juicio, el fiscal Granados anticipó que la FGR presentará la acusación contra el ex director de Pemex por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Y desde ayer, se deslizó en la audiencia que la penalidad por los tres ilícitos será de entre 12 y hasta 35 años de prisión.

Aplazamiento
La primera batalla de ayer fue por el plazo de investigación complementaria. El ex funcionario pidió 60 días, argumentando que Brasil no ha respondido una solicitud de asistencia jurídica para que aclare si Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, sigue siendo testigo protegido o le revocaron en forma definitiva su acuerdo de colaboración.

La FGR respondió que los testimonios del brasileño podían ser utilizados y que esta prueba ya había sido solicitada desde hace tiempo y que la respuesta no dependía de la autoridad federal sino brasileña. En todo caso, era un documento que podía agregarse en el momento de su entrega.

El juez Artemio Zúñiga sólo concedió 30 días que vencen el 3 de diciembre y advirtió que no iba a permitir que por este tipo de aspectos legales el procedimiento se pospusiera en forma reiterada.

Regaño por Hunan
La falta de «pudor procesal» por acudir al restaurante Hunan el mes pasado, fue reprochado a Emilio Lozoya por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Fue uno de los argumentos para pedir la prisión preventiva justificada.

«Es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fuera Secretario de Estado en pasadas administraciones, incluso estuvo vinculado con un político de cepa que gobernó al país, tendría acceso a contactos conocidos y le permitirían huir y permanecer oculto y qué mejor ejemplo de esa red que las imágenes muestran con poco pudor procesal que estuvo departiendo en un restaurante», dijo el fiscal Manuel Granados.

«Su comportamiento es sabido, se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no. Él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando», dijo Antonio López García, de la UIF.

Al final, el argumento no prosperó para modificar la medida cautelar porque el juez dijo que las únicas limitaciones que tenía Lozoya eran portar un brazalete electrónico, no salir del País, y su presentación periódica ante la autoridad correspondiente.

Prisión preventiva
La prisión preventiva fue impuesta a Lozoya con base en tres planteamientos que hizo la FGR.

Uno, que la penalidad de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho generan la posibilidad de que pudiera evadirse de la justicia.

Dos, que Lozoya cuenta con redes familiares fuera y dentro del País, ya que su esposa Marielle Helene Eckes vive en Alemania; y tres, que tiene los recursos económicos suficientes, pues su pareja también es millonaria.

Sobre este último punto, la FGR reveló que el pasado 30 de septiembre el Principado de Liechtenstein informó que Lozoya era accionista de JF Holding SA y que esta empresa tenía una cuenta bancaria en ese país con 2 millones de euros.

Ese dinero lo recibió la empresa de Lozoya el 19 de noviembre de 2014, a través de un depósito de una cuenta en el New Bank de Liechtenstein, a nombre Zecapan, en la cual Odebrecht presuntamente trianguló 5 millones 951 mil dólares.

La defensa de Lozoya, encabezada por Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, en todo momento dijo que el hecho de que el imputado fuera accionista no acreditaba que fuera beneficiario o pudiera tener control sobre los recursos de JF Holding SA.

También argumentaron que legalmente no había nuevos elementos que hicieran suponer que habían cambiado las condiciones objetivas para valorar una nueva medida cautelar, pues tanto los depósitos en Europa como los vínculos familiares son los mismos que cuando el año pasado le concedieron la libertad provisional, con otras medidas cautelares.

Este debate, el más relevante, lo ganó la FGR y en buena medida porque el juez Artemio Zúñiga recordó que desde el 28 de julio de 2020, cuando vinculó a proceso a Lozoya, había dejado en claro que este asunto era de prisión preventiva justificada.

Y que en aquella ocasión no la dictó porque no tiene la atribución legal para hacerlo a motu propio, sino a pedido de la FGR. Y aquella ocasión no lo pidió pero ayer sí.

Criterio y reparación
La Fiscalía en todo momento acusó a Lozoya de emplear su negociación de un criterio de oportunidad para dilatar el proceso en forma indefinida y no terminar en la cárcel.

«Su solicitud de criterio de oportunidad aparentemente lo ha hecho para dilatar el proceso, porque no ha hecho el mínimo intento de reparar el daño y la intención ha sido no ser internado en un Centro de Readaptación Social», dijo el fiscal Manuel Granados

«Al no hacerlo, ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, estamos ante una necesidad de cautela muy elevada. Incluso se usaron muchos recursos para que el señor Lozoya esté aquí».

Aunque la imputación original contra Lozoya fue que Odebrecht lo sobornó con 10.5 millones de dólares, ayer se informó que el ex funcionario está procesado por 7 millones 385 mil dólares, 6 millones del cohecho y 1 millón 385 mil dólares del lavado.

La FGR machacó el tema y en más de una ocasión dijo que el Caso Odebrecht nunca ofreció Lozoya un acuerdo reparatorio, como sí lo hizo en el proceso por el caso Agronitrogenados. Y recordó que un criterio de oportunidad es imposible sin resarcir el daño.

Ante el cuestionamiento, la defensa entregó a los fiscales las escrituras de dos inmuebles en la Ciudad de México –uno de ellos la casa de los padres de Lozoya– para garantizar un daño que, dijeron, era inferior al valor de los bienes ofrecidos.

El fiscal Granados rechazó terminante la oferta, argumentando que aceptar la garantía desvirtuaría el propósito de la audiencia, el cual no era negociar una reparación del daño.

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