Las leyes de transparencia que se han promulgado en nuestro país son de vanguardia y permiten a los mexicanos acceder a prácticamente toda la información que se genera dentro del gobierno. También se puede solicitar información a cualquier institución u organización que reciba recursos públicos. Pero, gracias a la generosidad de estas leyes, también ha habido abusos.
El derecho al acceso a la información pública está protegido por órganos autónomos estatales y por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estos órganos garantes existen para que el ciudadano, al que se le niegue información, tenga a quien recurrir para impugnar la decisión del sujeto obligado que no quiera entregarla y, en su caso, obligarlo a hacerlo.
La Ley de Transparencia es muy generosa, pues para solicitar información no importa la identidad del solicitante, su nacionalidad, edad, propósito para el que desea la información, o si tiene interés jurídico alguno.
Los sujetos obligados deben atender estas solicitudes, entregando los documentos públicos que se les soliciten. Para ello, deben mantener estructuras humanas y tecnológicas que les permitan cumplir con dichas obligaciones. En algunas instituciones, el costo asociado con este aparato de atención a la transparencia puede ser significativo.
Desafortunadamente, esta generosidad de la Ley de Transparencia también se presta a abusos. No solo por la cantidad descomunal de información que en ocasiones se solicita sin saber si va a servir para algo, o simplemente por tratarse de un ataque disfrazado a las instituciones, las cuales se pueden ver abrumadas por solicitudes de información y excedidas en su capacidad de atención.
Los hackers informáticos utilizan estos métodos cuando bombardean un sitio de internet con enormes cantidades de solicitudes de acceso hasta que se colapsa. Estos ataques se llaman de denegación de servicio. Algo similar puede ocurrir con las solicitudes de información a los sujetos obligados.
Algunas personas malintencionadas usan las solicitudes de información como una forma de ataque. Lo hacen por venganzas laborales, políticas o personales. También se disfrazan de solicitudes de información los ataques personales, ya que, al ser estas solicitudes públicas, pueden dañar la reputación de los atacados.
Para esta problemática que sufren algunas instituciones, no hay mucho margen de defensa. Aunque los organismos garantes han establecido criterios que evitan atender solicitudes irrazonables, existen otros casos en los que la cantidad de trabajo que se requiere para atender algunas solicitudes de información resulta onerosa para los sujetos obligados.
Este problema se podría resolver si, para ciertas solicitudes de información, los sujetos obligados pudieran denunciarlas como maliciosas ante los órganos garantes. Estos analizarían la viabilidad de la solicitud y los argumentos del sujeto obligado y, de proceder la petición, podrían pedir que el solicitante de la información se identificara para luego validar su solicitud bajo ciertos criterios que legitimen la petición.
Esto no inhibiría las solicitudes de personas que temen represalias de las instituciones, pues su identidad quedaría bajo resguardo del órgano garante. Pero el sujeto obligado sabría que se trata de una solicitud legítima.
Se ha señalado lo costoso que resulta para los sujetos obligados mantener este aparato de atención a peticiones de información, lo cual puede verse exacerbado por peticiones que carecen de legitimidad.
Para hacer más eficaz el uso de los recursos dedicados a la transparencia, sería conveniente diseñar mecanismos que acoten el abuso. No se trata de coartar el derecho al acceso a la información pública, sino de hacer más eficiente y útil para los sujetos obligados y para la sociedad el ejercicio de esta obligación y este derecho, respectivamente, en bien de la transparencia.
