Una denuncia ciudadana ha sacado a la luz una serie de irregularidades en el Registro Agrario Nacional (RAN) de Aguascalientes, señalando a la encargada del despacho, María Isabel Hernández Santos, de obstaculizar y retrasar trámites legales de campesinos y ejidatarios de la región.

Olivia de Jesús Serna Esparza reveló el caso de Jesús Hernández Paz, un ejidatario que, tras adquirir una parcela y ganar una demanda judicial para que se emitiera el título correspondiente, se encontró con obstáculos insuperables en el RAN de Aguascalientes.

A pesar de que la sentencia ordenaba al RAN la emisión del título a su nombre, Hernández Paz y Serna Esparza se toparon con una funcionaria que se negó a cumplir con la ley y estableció requisitos adicionales no contemplados por la normativa vigente.

Serna Esparza grabó un video de la interacción con la encargada del despacho, en el que se puede observar a la funcionaria Hernández Santos negándose a proporcionar por escrito los motivos de sus acciones y ordenando a un guardia de seguridad que los expulsara de las instalaciones.

La negativa de Hernández Santos a cumplir con la sentencia judicial, que ya había quedado firme, es señalada como un acto de abuso de autoridad y una obstrucción al acceso a los derechos agrarios de los ciudadanos.

En el video, se escucha a Hernández Santos expresar su enojo por la supuesta «violación» de “su normatividad”, que va más allá de lo establecido por la ley. Además, Serna Esparza señala que las acciones de la funcionaria federal han afectado a los ciudadanos, especialmente a campesinos de escasos recursos, que acuden al RAN en busca de certeza jurídica y seguridad en sus trámites legales.

La denuncia de Serna Esparza subraya que, a pesar de que se han impuesto dos multas a Hernández Santos por su incumplimiento de la sentencia, ésta no ha emitido el título de derechos agrarios a favor de Jesús Hernández Paz, lo que constituye un delito.

El órgano interno de control del RAN debería haber tomado medidas en respuesta a la queja, pero hasta la fecha, no ha habido una respuesta satisfactoria. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades superiores en el RAN y su falta de acción ante las irregularidades de Hernández Santos.