Héctor Gutiérrez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 30-Ago.- El Instituto Nacional Electoral (INE) excedió sus facultades al dictar lineamientos que buscaban prohibir a los funcionarios la promoción personalizada y la contratación de propaganda con recursos públicos, conocidos como reglas de «cancha pareja».
Por mayoría de 5 votos contra 2, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) resolvió en favor de las 348 impugnaciones presentadas por la Presidencia de la República, Gobernadores, legisladores y representantes de la industria de radio y televisión, entre otros.
La Sala Superior del tribunal electoral determinó que el INE excedió sus facultades al pretender regular el Artículo 134 de la Constitución, el cual establece la obligación a los servidores públicos de hacer un uso imparcial del erario.
También consideró que el organismo creó categorías y regulaciones que modificaban la Constitución y la legislación electoral, además de que transgredían la libertad de expresión.
«La propia Constitución reserva al Congreso de la Unión la potestad de regular lo referente a la propaganda gubernamental, así como a la rendición y difusión de los informes de labores de los servidores públicos», indica el proyecto de sentencia, elaborado por la ponencia del Magistrado Felipe Fuentes.
Las normas del INE entrarían en vigor el 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral de 2018.
Contrario a la posición mayoritaria, los magistrados Reyes Rodríguez e Indalfer Infante argumentaron que, debido a la omisión de los legisladores para reglamentar el Artículo 134, el INE sí tenía atribuciones para normar la propaganda gubernamental, los actos anticipados de campaña y la promoción personalizada.
Horas antes de que se llevara a cabo la sesión del Tribunal, representantes de medios de comunicación se reunieron con los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata, en lo que se conoce como «alegatos públicos».
En su cuenta de Twitter, el magistrado Rodríguez compartió imágenes del encuentro que sostuvieron con Miguel Orozco, director de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y con Javier Orozco, secretario del consejo directivo del mismo organismo.
La CIRT había impugnado las normas con el argumento de que se afectaba el derecho de sus agremiados a ser contratados para la difusión de propaganda gubernamental.