Con la apertura de la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, las personas vulnerables de escasos recursos o desempleadas involucradas en algún delito de orden federal, podrán acceder a un servicio de calidad que presta lo que es el despacho jurídico gratuito más grande del país e ir vaciando las cárceles de gente pobre que no tuvo la oportunidad de pagar un abogado.

Así lo dio a conocer Netzaí Sandoval Ballesteros, al poner en operación las oficinas instaladas en el edificio que alberga al Poder Judicial Federal al sur de la ciudad, que se ha convertido en la delegación 29 del país y se espera que para principios del 2020 en toda la República tenga presencia el IFDP.

En entrevista con El Heraldo, recalcó que aun con el recorte presupuestal con que se ha castigado al Poder Judicial Federal, se hace el esfuerzo por brindar un servicio de calidad a las personas de escasos recursos que requieren de esta atención, “si bien no podremos garantizar que sus casos serán ganados, se debe decir que en el 80% de ellos se tiene resolución favorable, además se garantiza la calidad y calidez al usuario”.

Según la experiencia que se tiene en otras delegaciones del IFDP, los temas que más se tratan en la defensa de implicados tienen relación con traslado de droga, portación de armas de fuego sin licencia y hasta mal uso de recursos derivados de apoyos de programas sociales federales, y ha habido casos en los que se ha detectado ignorancia por parte de quienes fueron involucrados en estos asuntos.

Sandoval Ballesteros destacó que en anteriores administraciones del Poder Judicial no se había dado la importancia debida a la defensoría pública que dicho está de paso, lo cual ahora es de suma importancia pues se debe reconocer que en las cárceles hay mucha gente inocente que no tuvo oportunidad de pagar por tener una buena defensa legal.

El actual, subrayó el director general del IFDP, es un tiempo de retos, además de que el Poder Judicial atraviesa por un momento de cambio evidente, no sólo por el recorte presupuestal que le obliga a hacer más con menos y garantizar la eficiencia, sino también porque en un año se han sancionado e inhabilitado más jueces y magistrados que en los cuatro años pasados, “esto deja ver el compromiso serio que se tiene hacia el combate a la corrupción y lo estaremos haciendo en la defensoría pública”.

Sucede que en tiempos pasados la costumbre era cambiar de adscripción a áreas poco deseadas a los malos asesores o defensores, sin embargo, la lógica actual indica que todo personal que salga mal evaluado o no brinde un servicio digno, será dado de baja, “esto permitirá redignificar la labor del Poder Judicial y dar ejemplos de convicción y capacidad”.

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