Casi un millón  de ciudadanos están convocados a participar en las elecciones de alcaldes que tendrán lugar este domingo en los 11 municipios del estado, en lo que se espera una asistencia suficiente para darle firmeza y validez a los resultados.

La sugerencia es que cada quien programe las actividades que habrá de desarrollar durante el día y se de el tiempo necesario para acudir a la casilla, para así dar cumplimiento a una obligación cívica y a la vez aplique el derecho de elegir de manera libre y consciente a la persona que desde su punto de vista es el que mejor puede desempeñar la función de presidente o presidenta municipal.

De ese millón de empadronados, 52% son mujeres y 48% varones, por lo que si la mayoría de las damas se deciden a ir a las urnas pueden inclinar la balanza, lo mismo que los jóvenes que cumplieron 18 años y que participarán por primera vez en este ejercicio.

El mayor número de sufragantes radica en el municipio de Aguascalientes, cerca de 700 mil, que podrán acudir a la casilla correspondiente dentro de las 452 secciones distribuidas en los diversos distritos locales que integran la mancha urbana y rural.

Los aspirantes a ocupar la oficina principal de palacio menor son: María Teresa Jiménez, del PAN y alcaldesa con licencia; Elizabeth Ortega, del PT; Netzahualcoyotl Ventura Anaya, del PRI; Iván Alejandro Sánchez, del PRD; Francisco Arturo Ávila, Morena; Enrique Alejandro Rangel, del partido local Unidos Podemos Más; Armando Quezada, del partido local Nueva Alianza; Vicente Pérez, del partido local Libre de Aguascalientes; Jaime Durán, del PMC, y Nathanael Saucedo, del PVEM.

Por su proximidad con la ciudad capital, el municipio de Jesús María recibe especial atención, en función que gran parte de su vida económica y social está ligada a Aguascalientes, por lo tanto atrajo el interés la participación de los candidatos María Blanca Narro Rodríguez, del PRI; Antonio Arámbula, del PAN; Saúl Hernández, del PVEM; Karla Espinosa, del Libre de Aguascalientes, y Norma Edith Díaz Zacarías, de Nueva Alianza, así como los independientes Daniel Segura, Jorge Ríos y José Luis Mares.

En cada una de las alcaldías de la entidad hay interés por definir el futuro del lugar, sin embargo para hacer realidad el progreso debe empezarse por elegir a las autoridades municipales, por lo que ojalá que el mayor número de emplazados se hagan presente en la casilla respectiva, que dará vigencia a la voluntad mayoritaria y el derecho de exigir a quien gane que cumpla los compromisos asumidos en campaña y sea portaestandarte del desarrollo municipal.

SE ALINEAN

Del coqueteo pasaron a la realidad, por lo que no sorprendió la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador diez de los once gobernadores emanados de Acción Nacional. Sólo faltó Javier Corral, que fiel a su actitud hizo caso omiso a la invitación, aunque días antes se le veía muy sonriente en la visita que hizo el mandatario nacional a Chihuahua.

Ahí estaban para la fotografía del recuerdo en Palacio Nacional, los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco Arturo Vega, Baja California; Carlos Mendoza David, Baja California Sur; de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo; Nayarit, Arturo Chavarría García y Yucatán, Mauricio Villa Dosal.

La totalidad de los asistentes, incluido el presidente, se presentó de traje gris, que acentuó el mono-lenguaje de la comida, en la que por espacio de dos horas se habló de lo importante que es mantener una comunicación fluida y directa. La plática se centró en cuatro puntos: abatir la corrupción, impulsar que el país crezca al 4%; pacificar la nación y abatir la pobreza.

López Obrador propuso a los gobernadores que le presenten un proyecto de infraestructura para cada entidad, con la intención que todas las administraciones estatales hagan propuestas viables y en un mes el gobierno federal les confirmará si las financiará para realizar las obras.

En el caso de Martín Orozco no se dio a conocer cuál sería la obra que planteará, pero podría aprovechar para insistir en el enlace ferroviario Aguascalientes-Guadalajara, que como se ha mencionado en varias ocasiones, significaría un gran ahorro en tiempo y recursos económicos para las empresas que trasladan su mercancía entre ambas localidades y hacia otros destinos.

El titular del Ejecutivo de Querétaro, Francisco Domínguez, subrayó: “Estamos listos para esta gran alianza (con el gobierno federal). Es un gran acuerdo, es la unión de los mexicanos, si le va bien al Presidente de México y a las entidades, por lo  tanto le va bien a los 32 gobernadores y sobre todo, a los mexicanos”.

Hace casi un mes, el 6 de mayo, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), hizo público un escrito en el que los 32 mandatarios locales se adjudicaron el compromiso de apoyar la gestión de AMLO ofreciéndose como “órgano de consulta permanente del Estado Mexicano”.

Al mismo tiempo “articular un Acuerdo Nacional para la Concordia”, al  considerar “urgente” el “reconciliar a México”, por lo que propusieron a López Obrador la firma de un acuerdo “que elimine la crispación y termine la polarización”, para ello, “es imprescindible un compromiso público de todos los actores políticos, a favor de la moderación, con el propósito de construir juntos el México al que aspiramos”.

Asimismo, plantearon el propósito que la economía mexicana crezca el 4%, con justicia social, tal como lo propuso López Obrador el uno de diciembre de 2018, lo que en su momento no obtuvo respuesta del jefe del Ejecutivo federal y ahora retoma con la invitación a los gobernadores panistas y el compromiso que lo hará con los de otros partidos, lo que deja en claro que todo acto oficial será regido desde Palacio Nacional.

EN ALERTA

En condiciones sumamente adversas se encuentra México, ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles a diversos productos mexicanos, que de manera inmediata ya provocó el desplome del peso y podría seguir deslizándose mientras continúen las ocurrencias del presidente de Estados Unidos.

 A nivel local hay un seguimiento puntual a esta situación, ya que parte de los ingresos locales dependen de las exportaciones y a su vez, del fortalecimiento de las industrias que envían su producción al extranjero, principalmente la automotriz, que a decir del dirigente sindical Rogelio Padilla de León, la aplicación de un impuesto inicial del 5% a todas las exportaciones mexicanas que ingresan al vecino país del norte “sería un golpe letal a la industria automotriz aguascalentense”.

De imponerse esa medida, agregó, se va a encarecer bastante los costos de producción, golpearía a la utilidad de un producto o servicio y pegaría a la producción y al empleo del sector.

No menos preocupados están los productores de carne, al citar el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida, José de Jesús Guzmán de Alba, que la amenaza de Trump se emprende en lo que puede considerarse como una guerra comercial con México, al aplicar aranceles que iniciarían con 5% en junio y llegaría a 25% en octubre a todo tipo de importaciones mexicanas, con el argumento que es un “castigo”  porque México no frena la ola migratoria.

Angélica Ortega Treviño, delegada de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), subrayó que de usarse esa medida “impactará en los costos de producción y tendría repercusiones económicas desastrosas”, al obligar a las empresas a buscar otros nichos de mercado en el mundo. Actualmente el 70% de las exportaciones locales son hacia EUA, por lo que consideró necesario presionar al gobierno mexicano para que, efectivamente, se tome una acción y no resulte más perjudicada la industria.

Rogelio Padilla resumió que “ojalá y esto no se concrete porque sería un terrible revés para la economía de México”, confiando que exista cordura en el gobierno de Estados Unidos y por parte de México “elementos y argumentos para lograr que ese arancel no sea aplicable”.

PRIMERA PRUEBA

Las elecciones que tendrán lugar este domingo en seis entidades ilustrarán si el partido Morena logra consolidarse como una fuerza política, luego del triunfo que obtuvo en las federales del año pasado. En sus filas confían que ganarán la gubernatura de Puebla y podría hacerlo en Baja California, donde ha dominado el PAN desde 1989

Será una jornada de altibajos para los partidos, en función que al ser comicios locales todo puede suceder, por lo que estarán sumamente vigiladas por auténticas legiones para alcanzar el pleno respeto al voto o en su caso denunciar anomalías.

En Baja California van por la gubernatura Oscar Vega Marín, del PAN;  Enrique Acosta Fragoso, del PRI; Jaime Martínez Veloz, del PRD; Jaime Bonilla, por la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde); Héctor Osuna Jaime, de Movimiento Ciudadano, e Ignacio Anaya, Partido Baja California.

Además estarán en juego 25 diputaciones y cinco ayuntamientos, con un Padrón Electoral de 2 millones 815 mil 510 ciudadanos que podrán sufragar en las 4 mil 805 casillas.

En Puebla será una elección extraordinaria, luego del fallecimiento de la gobernadora Marta Erika Alonso ocurrida en diciembre pasado, al desplomarse el helicóptero en que viajaba junto con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. También se elegirán cinco ayuntamientos.

Los candidatos a la gubernatura son Enrique Cárdenas Sánchez, por la coalición PAN, PRD MC; Alberto Jiménez Merino, del PRI, y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, por la coalición Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde. Barbosa compite nuevamente, tras haber sido derrotado en 2018 por Marta Erika Alonso. Los ayuntamientos que se eligen son Ahuazotepec, Cañada Morelos, Mazapiltepec, Ocoyucan y Tepeojuma

En los demás estados donde tendrán lugar las votaciones son: Aguascalientes, donde elegirán 11 ayuntamientos; Durango, con 39 alcaldías, Quintana Roo, con 25 diputaciones y Tamaulipas, 36 diputados.

La victoria inobjetable que obtuvo Morena en la elección presidencial de 2018 y la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores, modificó drásticamente el tablero político, al dejar en segundo plano a Acción Nacional y más lejos al Revolucionario Institucional, que obliga a seguir de cerca lo que suceda este domingo en cada una de las seis entidades.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) aseguran que será un día tranquilo, ya que todo se ha llevado sin mayores problemas entre los partidos y sus candidatos, aunque algunos analistas consideran que en algunas entidades podría ser baja la votación debido a que los candidatos no despertaron mayor entusiasmo.

AL DESCUBIERTO

Por más esfuerzos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador por barnizar su administración de honestidad, en algún momento surge lo inesperado, como acaba de ocurrir con Josefa González Blanco Ortiz, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que “por sus pistolas” retrasó 38 minutos un vuelo de Aeroméxico para que la esperaran y el argumento que dio fue que era una “orden presidencial”, lo que fue comunicado por el piloto a los pasajeros.

Los mensajes condenatorios vía twitter no se hicieron esperar, tanto de los perjudicados como de diversos sectores de la sociedad, que obligó a la funcionaria a presentar su renuncia, dimisión que presentó al mandatario y le fue aceptada.

En la renuncia, la hoy ex titular de la Semarnat manifestó que “el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios. No hay justificación. La verdadera transformación de México exige (una) total congruencia con los valores de equidad y justicia. Nadie debe tener privilegios. El beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima de la mayoría”.

Ante los hechos, no le quedó otra disyuntiva a López Obrador que aceptar la salida de su colaboradora, asegurando que en su gobierno no se permitirá ningún tipo de nepotismo, corrupción o influyentismo: “Tenemos que actuar con rectitud y no ser tolerantes con actos de prepotencia, cero corrupción, cero nepotismo, cero influyentismo y ninguna de esas lacras de la política”, señaló en Querétaro, durante la entrega de tarjetas de bienestar.

En los casi seis meses que estuvo al frente de la Semarnat, Josefa González Blanco ordenó el despido de 5 mi 342 empleados de confianza y de 11 mil 288 de base-operativo, lo que significó 2 mil 134 millones de pesos en pago de liquidaciones. La totalidad de las dependencias que integran la Secretaría resultaron perjudicadas con esta medida, principalmente la Comisión Nacional del Agua, que perdió más de 9 mil plazas.

En lo que va de la administración morenista van 5 que dimiten a cargos federales. El mes que acaba de concluir se presentaron cuatro, que se inició el 15 de mayo con la retirada de Patricia Bugarín Gutiérrez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; enseguida Germán Martínez Cázares dejó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con una carta que levantó ámpula en la que resaltó que la Secretaría de Hacienda tiene “injerencia perniciosa” en el Instituto.

Después seguiría González Blanco Ortiz por los motivos expuestos. Antes, el 16 de febrero, Clara Torres Armendáriz, fue la primera funcionaria en dejar su cargo como directora del Programa de Estancias Infantiles y en abril Simón Levy anunció su baja como subsecretario de Planeación y Política Pública de la Secretaría de Turismo.

Luego de los nombramientos de Víctor Manuel Torruco Manzur como secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Ricardo Ahued Bardahuil como director de Aduanas, el gobernante estableció que no descarta más cambios en su gobierno, puesto que, afirmó, “nadie es indispensable, ni el Ejecutivo”.

SALUD EN DUDA

En una mezcla de ataques a las administraciones anteriores y la aceptación que no se logra estabilizar la distribución de medicamentos transcurrió otra semana, en la que el Sector Salud sigue en el epicentro de la polémica, mientras la atención a los enfermos ha sido deficiente en los hospitales públicos ante la reducción drástica de personal y la falta de medicamentos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los mexicanos por las “molestias” que está causando el nuevo esquema de compras consolidadas y aseguró que se resolverá el conflicto: “Sucede como cuando acabamos con el huachicol. Los que sacaban provecho quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje; ahora, con los medicamentos, como se llevan a cabo cambios, hay molestias. Pido a los ciudadanos que nos ayuden porque estamos limpiando la casa, el cochinero que dejaron y puede causar molestia que de verdad faltan algunos medicamentos, pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud”.

El mandatario sostuvo que “el sector está mal porque lo abandonaron por completo, usaban el dinero en los estados como caja chica o lo que iba para medicinas se desviaba, había sobreprecio en la compra de medicamentos y monopolio, porque cómo es posible que 10 proveedores abastecieran 80% de la medicina que requería el gobierno”.

Reconoció que sí hay desabasto de medicamentos “pero estaba peor antes”. Sostuvo que “hay problemas de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes. Lo que pasa es que ahora, con el plan de combate a la corrupción, se está ventilando el asunto. Antes no se decía nada. No es que no se estén comprando las medicinas, sino que se está revisando los contratos que se hicieron con las empresas”.

En donde se produjo el milagro fue en el IMSS, al asegurar Zoé Robledo en su toma de posesión como director general del Instituto “puede presentar una situación grave, porque no gastar no necesariamente es ahorro y puede ser un fracaso de una acción de gobierno. Ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción (…) Hay compras a precios alzados”.

Tres días después, el 27 de mayo, Robledo rechazó que la institución se encuentre en crisis y afirmó que en su administración seguirá la austeridad republicana:”Si se estuviera detenido o paralizado, el país lo estaría también. Si el IMSS no estuviera ejerciendo los recursos que tiene para el pago de las pensiones y jubilaciones, eso se vería en cada rincón de México”. Ofreció que durante su gestión devolverá al Seguro Social a sus orígenes, esto es, que sea una entidad solidaria, que otorgue seguridad social a todos los mexicanos y para lograrlo llevará un diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a fin de mejorar la calidad y solventar las deficiencias en la institución.

Mientras tanto, ante la presión ejercida por hospitales de alta especialidad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) liberó el pasado 24 de mayo 2 mil 400 millones de pesos que fueron congelados a los institutos nacionales de salud. Nueve institutos y dos hospitales denunciaron que ante los recortes presupuestales y la retención de recursos por parte de Hacienda había graves afectaciones en su operación.

Frente a esa realidad, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela negó que hubiera retención: “Ni recorte ni congelación, ni mucho menos acciones en contra de la salud (…) Desde luego, algunas acciones en otras instancias tienen un manejo diferente, pero ubiquémonos, en la salud no se regatean los recursos, (por el contrario), se buscan las mejores condiciones para cumplir con los objetivos centrales de un camino hacia la mejora de los servicios, rescatar lo del descuido y de las acciones que nos exige la sociedad”.

El primer ejercicio de compra consolidada de medicamentos para el período 2019-2020, con una inversión superior a los 100 mil millones de pesos, tiene un retraso de casi un mes, lo que pone en riesgo el abasto de los fármacos en hospitales operados por el IMSS, el ISSSTE, Marina, Pemex y reclusorios para el segundo semestre del año.

Aún con el retraso, Hacienda preveía la firma de contrato para el 3 de julio y la entrega de medicamentos sería inmediata, pero la falta de publicación de la convocatoria aplaza esta fecha, lo que el presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, Patrick Devlyn cuestiona: “¿Cómo no habrá desbasto si los contratos de la compra anterior sólo durarán (hasta) el primer semestre de 2019. Cada día (de atraso en) la convocatoria compromete la provisión”.

Por si no fuera suficiente, la atención a las caravanas de migrantes presiona al Sector Salud, ya que se les debe brindar la atención que requieran, en apego a lo que ordena la Constitución General de la República “como un derecho humano reconocido, toda persona que se encuentre en territorio mexicano tendrá garantizado el acceso a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos los solicitantes de asilo o los inmigrantes a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos”, subraya un documento que envió la Secretaría de Salud de la Cámara de Diputados.