Salvador Rodríguez López

Tantas veces se ha amenazado a los ayuntamientos que registran fuertes adeudos con el ISSSSPEA, que resulta difícil creer que se judicialice ese asunto, como lo afirma el titular de este organismo Jesús Ortiz Domínguez, ya que si fuera el caso más de un alcalde estaría a un paso de quedar albergado en la hospedería que se encuentra en el kilómetro 8 de la carretera a Calvillo.
O bien, tendría que hipotecar todo lo que tenga a su alcance para salir del problema, lo que no es fácil puesto que son varios millones de pesos que se han acumulado con los años que sus antecesores no entregaron, que por cierto deben destinarse única y exclusivamente para el pago de las cuotas ya que una parte proviene de lo que se descuenta en la nómina a cada trabajador y otra es la aportación de la autoridad respectiva.
Como se ha comentado Con Usted, por alguna razón los sucesivos directores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes hicieron caso omiso a una de sus obligaciones fundamentales, como es el cobro de las cuotas, que son indispensables para el desempeño del organismo. Aunque lo más lógico es que se suspendiera la atención a los deudores, no se hace por la simple razón que se armaría una revuelta en los municipios involucrados, en virtud que los trabajadores sí han pagado vía descuento de su salario la parte que les corresponde, por lo que no tienen la culpa que los presidentes o presidentas municipales no hayan canalizado el dinero a donde corresponde y tampoco saben el destino que se le dio a ese capital.
Lo anterior ha obligado al Instituto a mantener la batería de servicios a que tienen derecho los burócratas estatales y municipales, no obstante que la cartera vencida signifique 206.4 millones de pesos, con lo que se evita un problema mayúsculo, lo que no obsta para que insista en que se finiquite la deuda.
Los actuales responsables de los municipios involucrados deben pagar el saldo ancestral, no valiendo afirmar que en su gestión van al corriente, porque el cargo es institucional, por lo tanto debe responder el que está al frente de la comuna en ese momento. Una situación nada cómoda pero la ley es así y está para cumplirse.
El caso de San Francisco de los Romo debe esperar un poco a que el alcalde sustituto se interiorice de las condiciones en que había pactado su antecesor, que en fecha reciente falleció de manera súbita. El adeudo representa 13.8 millones de pesos y el acuerdo era entregar unos terrenos de propiedad municipal para dejar la cuenta en ceros.
Los que deben liquidar en un tiempo perentorio son: Jesús María 21.6 millones de pesos (mdp); Pabellón de Arteaga, 22.1 mdp, Rincón de Romos 79.2 mdp y Tepezalá 69.6 mdp. En tanto, Asientos pagó los 538 mil pesos y lo mismo hizo San José de Gracia, con 2.6 millones de pesos. Por su parte, la dirección del Hospital de Psiquiatría llegó a un convenio para liquidar los 15 millones que debe con atención a los servidores públicos.
Más allá que los morosos reintegren las cantidades correspondientes, no estaría por demás que las autoridades correspondientes llevaran a cabo una investigación a fondo para determinar en que se gastó ese dinero, porque no basta con que el actual edil atienda esta obligación. El asunto quedará finiquitado cuando se conozca la raíz del problema y el porqué cada uno de los que pasaron por ese cargo hizo lo propio para que se abultara la carga financiera.

¿POR QUÉ NO?

La pregunta histórica que no tiene una respuesta lógica es el porqué no pueden los trabajadores mexicanos recibir el mismo salario que sus pares de los países del “primer mundo”, pese a los numerosos elogios que reciben por la calidad de su labor, a la productividad y en algunos momentos la inventiva que desarrollan para mejorar el producto.
La razón que esgrimen gobiernos, empresarios y líderes sindicales para que se mantenga un nivel salarial muy bajo es que la mano de obra barata es un atractivo para la inversión extranjera, por lo que si llegara a igualarse con lo que se paga en Estados Unidos y Canadá, por mencionar los “socios” comerciales de México, el capital foráneo se iría del país a otros lugares donde pueda seguir explotando a la fuerza laboral.
El nuevo tratado comercial que se firmó el año pasado entre las tres naciones de América del Norte establece que en los tres países los trabajadores deben recibir un ingreso igual, lo que de llegar a darse sería un salto muy grande en México.
Frente a esa, ya no posibilidad sino obligación, el líder local del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, consideró que sería “complicado” que lo cumplieran las empresas del sector automotriz y de autopartes, ya que deberán pagar por lo menos 16 dólares la hora.
Alcanzar esa meta sería para la organización cetemista el mayor logro, porque eso elevaría la vida de los empleados, “pero no veo por dónde se vaya a dar, aunque esté pactado en el T-MEC”, teniendo en cuenta que a nivel mundial México ha sido un atractivo para la inversión “debido a las ventaja competitiva que ofrece en el tema de los bajos salarios, porque incluso es más barato para ellos que establecerse en países de Asia, Europa y en Estados Unidos, debido a los altos costos y las desventajas competitivas que son muy desfavorables para ellos”.
El dirigente consideró que con la nueva disposición “muchas empresas no le verán sentido estar en el país”, sin embargo también se asientan en México por otros factores, porque además de los salarios reducidos, están a tiro de piedra del vecino país del norte, que es el mercado más grande del mundo y que en EU y en otros lugares los impuestos son más elevados.
Padilla de León sostuvo que 16 dólares la hora “no lo gana ni un gerente de planta o un administrador, si acaso los gana quien tiene un puesto de dirección o tal vez en las empresas muy bien pagadas, o hasta un coordinador o un jefe de área, pero entre los que son más pequeños ni siquiera un gerente de operación los gana”.
Buscando suavizar su postura, Padilla de León aclaró que el aumento podría darse de manera paulatina, puesto que el acuerdo del Tratado entrará en vigor en los próximos años, independientemente que “a mí quedan muchas dudas de cómo se va a evaluar, cómo lo vamos a llevar a cabo y de qué manera también las empresas lo están tomando, porque esto nos origina una gran controversia”.
Más allá del tiempo que se tarden las firmas en México en cumplir con el convenio tripartito, lo importante es no quitar el dedo del renglón y que un día México deje de ser el paraíso de la inversión foránea con base en salarios de hambre. Está claro que el aumento salarial no podría ser de sopetón, pero sí programado en un corto período de años, con lo que miles de trabajadores y sus familias mejorarían sustancialmente su vida.

PROBLEMA INTERNO

El presidente del Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario (CCA), Gerardo Palomino Macías, pide que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal instale un módulo de vigilancia con el que ponga orden, tras los enfrentamientos sangrientos que han tenido lugar. Aseguró que más de 10 mil personas convergen diariamente en ese lugar, entre comerciantes, trabajadores, clientes “y gente que en ocasiones solamente se mete con la intención de generar desorden”, sin embargo el más reciente pleito fue entre un carnicero y un cargador que dejó a este último herido, por lo que es entre ellos mismos, los que laboran en ese lugar, que se suscitan los problemas y esta vez saldaron a golpes y navajazos. El directivo dijo que no tiene autoridad para detener a alguna persona que altere el orden “o que se meta a trabajar ilegalmente, como los ‘viene, viene”. Por lo anterior “es urgente que la autoridad competente ponga una base de policía al interior del Centro Comercial Agropecuario”, al citar que cuando hay una riña y en lo que tardan en llegar los uniformados, ya se terminó el pleito, el propósito es evitar que se generen hechos de violencia y para ello requieren que esté una base de manera permanente.