Con bombo y platillo fue presentado en sociedad el nuevo servicio de transporte urbano, asegurándose que será de “primer mundo”, por lo que en breve los usuarios notarán el cambio al incluir en esta etapa el primer programa nocturno en tres rutas y que luego se ampliará a las demás.

El público no lo quiere envuelto en celofanes, simplemente que funcione, que exista una marcaje directo en las unidades para que lleguen en los tiempos fijados a los paraderos, que sean conducidos con esmero, algo que no es del otro mundo, simplemente cumplir con la atención que corresponde a una prestación que es fundamental en la movilidad social ya que lo utilizan más de 350 mil personas por día.

El gobernador Martín Orozco Sandoval aseguró que los nuevos concesionarios “son expertos en movilidad y logística y tienen el compromiso de operar las 415 unidades y de ellas, el 50% tienen menos de tres años de antigüedad y las 151 restantes serán modelos nuevos, con lo que precisó, su administración se preocupa “por entregar un servicio eficiente, con carros modernos, equipados con tecnología como videovigilancia, monitoreo y cobro electrónico”.

Hizo mención que el tema de la movilidad es de los rubros más ambiciosos de su gestión, que además de mejorar la atención a los usuarios se elevarán las condiciones laborales de los operadores y que en esta ocasión por primera vez habrá mujeres. Reiteró que es sólo el inicio de un nuevo modelo en la atención, con lo que se da respuesta “a los constantes reclamos del público”, por consiguiente corresponderá al próximo quinquenio darle continuidad y hacer los ajustes que estime pertinentes para que siga por la ruta de la modernización.

El mandatario dejó en claro que “la nueva concesión del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes se traduce en un esquema muy rentable, ordenado, de transporte colectivo, dejando atrás los vicios que surgían de un modelo hombre-camión, en donde el pago se hacía por peaje y no por kilómetro, y las condiciones laborales de los operadores se requerían mejoras sustanciales”.

Durante la ceremonia que tuvo lugar en la explanada de la Plaza de Armas, el jefe del Poder Ejecutivo entregó el título de concesión del transporte público urbano, que será administrado en los próximos diez años y con la posibilidad de ampliación por el mismo período por la empresa SIT Urbanos, que se integró con inversionistas de ADO y Estrella Blanca y algunos locales.

Además, en un plazo no mayor de 60 días los usuarios conocerán y se relacionarán con el nuevo esquema. Dijo que los nuevos patrones “son expertos en movilidad y logística, tienen el compromiso de elevar la atención al público, que noten la diferencia de lo que por más de 70 años se ofreció y lo que ahora se plantea”.

El mandatario estatal afirmó que los choferes tendrán un salario de 16 mil 500 pesos mensuales, además de las prestaciones de ley y se acortarán las jornadas laborales, que tradicionalmente han sido de 16 a 18 horas, con lo que se da respuesta a una añeja demanda, de que se mejore su ingreso y trabajen menos, sin poner en riesgo su trabajo.

MÁS FIRMES

Mediante un programa de apoyo financiero ha sido posible que más de 1,500 micro-negocios no sólo salgan adelante, sino que se consolidan en el mercado local y regional, con lo que se cumple una de las intenciones que se han tenido, que es darle viabilidad a este tipo de firmas.

Al destacar la importancia de que tengan un mejor destino, la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema de Financiamiento Aguascalientes (Sifia) han unido esfuerzos para que el beneficio llegue a más pequeñas empresas, con lo que cumplen uno de los objetivos que ha trabajado la actual administración estatal.

El pasado 27 de junio ambas dependencias hicieron entrega de 34 millones de pesos en apoyo a 1,514 pequeños negocios, subsidios que corresponden a unidades tradicionales al recibir cada una un promedio de 20 mil pesos, entre ellas tiendas de abarrotes, papelerías, tortillerías y estéticas, principalmente, espacios que inclusive durante la pandemia contaron con el respaldo del Gobierno Estatal, lo que les permitió sortear esa etapa. De esta manera, la mayoría pudo salir adelante pese a los vaivenes económicos vividos y hoy son sólo una referencia.

El director del Sistema de Financiamiento (Sifia), Andrés Díaz Larios, subrayó que durante la pandemia se entregaron créditos por 1,800 millones de pesos a todo tipo de negocios, y lo que se hace actualmente es motivar a los pequeños negocios para que se acerquen y obtengan el apoyo que se ajuste a sus necesidades, tanto de gasto como de pago, para ello la tasa de interés es de las más bajas a nivel nacional.

En tanto, Humberto Montero, titular de la secretaría de Desarrollo Social, hizo hincapié en que la dependencia a su cargo, junto con Sifia, se firmó un convenio con los Centros Contigo, al ser ventanilla abierta de la unidad de negocios tradicionales, lo que permitió que más personas recibieran el beneficio económico.

HÁGANLES CASO

En los últimos años han tenido lugar consultas infantiles y juveniles que organiza la representación estatal del Instituto Nacional Electoral (INE), en que los participantes se explayan principalmente en los temas que más les inquieta, sin embargo las dependencias de los tres niveles de Gobierno no le dan seguimiento, con lo que pierden la oportunidad de ser un puente entre estos grupos y los que están en la administración pública.

Esta vez la Consulta Infantil y Juvenil tuvo lugar en la segunda quincena de junio, de lo dio cuenta el vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera, al informar que acudieron a la invitación 146 mil 899 niñas, niños y adolescentes y de lo que más les preocupa es el abuso sexual infantil, registrándose 40-21% mientras que al 44.67% centraron su atención en el medio ambiente en cuanto al calentamiento global y el cambio climático.

De los que participaron, 21 mil 288 afirmaron que trabajan, y de ellos, 78.82% recibe un pago y el 4.73% es obligado a trabajar, esto es, alrededor 1,000. El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Gabriel Purón Cid, adelantó que se trazarán líneas de acción y estrategias a corto y mediano plazo y que se pongan en marcha a corto y mediano plazo, con la intención de que las demandas se incluyan en los programas de Gobierno y se destinen recursos económicos y humanos para que sean atendidas.

Ojalá que se atiendan los planteamientos y que los niños, niñas y adolescentes perciban que les hacen caso.

ENMARAÑAN EL AGUA

Entre menos se entienda lo que se pretende podrá prolongarse la largamente comprometida solución al problema del agua potable, por lo que fiel a los principios que enarboló su antecesora, el actual titular del Ayuntamiento capitalino sale ahora con que no se tiene previsto una solución, pese a que se está a menos de un año que concluya la concesión que aprovecha Veolia.

Durante cinco años la ex alcaldesa se dedicó a dorarle la píldora a más de 300 mil usuarios, asegurándoles que estaba por cancelar el permiso a la empresa francesa y como parte de la trama convocó a un grupo de conocedores del tema para que la asesoraran, acto que en este mismo espacio se mencionó que no iba a hacerlo en función que la autorización a Veolia terminaba hasta 2023 y para entonces ya habría terminado su quinquenio (tres años del período constitucional y dos de la reelección), por lo que quien quedara en su lugar sería el encargado de definir lo conducente.

Ahora el alcalde Leonardo Montañez sale con que hasta la fecha no hay negociación con alguna empresa, lo que se hace “es escuchar a las compañías interesadas en asumir la responsabilidad de la distribución y tratamiento del agua”, para ello se analizan varios esquemas que “nos ayuden a tomar la mejor decisión”.

Por aquello de no te entumas, en el acuerdo final habrá un reparto de responsabilidades ya que además de él intervendrán los regidores para, conjuntamente, “definir el modelo y la empresa que más convenga al Municipio de Aguascalientes”.

En este sentido, “no se trata de quién se acerque, sino, llegado el momento y una vez que se haya elegido el modelo, quién vaya a ofrecer las mejores condiciones”, y como experto en el tema, reiteró que se analizan los diferentes esbozos “para que esto nos ayude a tomar la mejor decisión”.

A los habitantes del municipio capitalino no les interesa qué empresa otorgue el servicio, simplemente que no recicle los problemas que son el pan de cada día en distintos rumbos de la ciudad. Los clamores resuenan en Palacio Municipal, pero no los escucha quien ocupa la oficina principal dedicado a encabezar jornadas de limpieza en algunas colonias.

La exigencia social se centra en que quien se quede con la concesión deje de robar, que cobre el agua que otorga a cada domicilio o empresa y no como ha sucedido hasta la fecha, en que pasan semanas sin recibir el líquido, pero el recibo mensual llega puntual y como si la atención se hubiera cumplido al 100%.

Además, que antes de otorgar la concesión Montañez se comprometa ante los electores que ejercerá una estricta vigilancia sobre la concesionaria para que cumpla en todos los términos el convenio firmado, de otra manera seguirá el actual fingimiento de ver y dejar pasar que tanto problema provoca en numerosos hogares, situación que de persistir en algún momento podrá encontrar una respuesta social que no va a ser de su agrado.

NADA CAMBIA

Hay un poco de cascabeleo con el asunto de los policías ministeriales, que pese a que se canceló su antigua denominación de judiciales, de cualquier manera no abandonaron las artimañas, malos tratos hacia los ciudadanos y sobre todo los abusos que cometen en el “ejercicio de su función” y con sus vecinos en el lugar de su residencia.

Encontrarse con uno de esos individuos que amparados en la placa sienten que tienen patente de corzo, es un auténtico calvario, al actuar de manera arbitraria y atrabiliaria para infundir temor o pánico, no obstante que el perjudicado sabe que no ha cometido delito alguno, pero el solo hecho de ser acusado le aterra, ya que de entrada es objeto de violencia física y mental, por lo que accede a lo que le exige el “servidor público” para que lo deje en paz. Cuando no llegan a un arreglo le siembran alguna droga que justifique su aprehensión y a partir de ese momento el ciudadano debe enfrentar un proceso que le va a costar bastante dinero en abogados y finalmente, cuando no pueden demostrar su culpabilidad lo dejan en libertad no sin advertirle que continúa sujeto a vigilancia.

La denuncia de un natural de Chile deja en claro que no sólo los ministeriales actúan de esa manera, también los policías estatales y municipales aprovechan para asaltar a los transeúntes que consideran pueden dejarles un beneficio económico. El denunciante es un psicólogo, de 48 años, que el domingo pasado arribó al aeropuerto local Jesús Terán Peredo y de inmediato fue abordado en el área de estacionamiento por dos policías estatales, uno llegó por atrás y otro de frente y luego de un forcejo le robaron la mochila en que traía 15 mil pesos, un anillo, una cadena de oro y las llaves de su casa; más tarde unos policías municipales le prohibieron que caminara hacia el centro de la ciudad y como ya no traía dinero tuvo que dormir en la calle. Frente a lo vivido presentó una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por el delito de usurpación de funciones, uso excesivo de la fuerza, violación a derechos humanos y hurto en primer grado.

Lo anterior es sólo una parte de las condiciones de inseguridad y de abusos policíacos que prevalecen en Aguascalientes y en lo que ya intervino la Organización de las Naciones Unidas en su área de Derechos Humanos. Lo anterior luego de escuchar y analizar más de 40 testimonios de víctimas de tortura a manos de policías ministeriales. Son hechos que tuvieron lugar entre 2010 y 2014 y se encuentran clasificados en el informe “Sobre la Práctica de Actos de Tortura y Malos Tratos en Aguascalientes”, que en fecha reciente presentó la ONU.

De las 40 violaciones que están documentadas, 32 fueron por policías ministeriales y el resto por funcionarios de otras dependencias, particularmente de la Policía Municipal. Los perjudicados coincidieron en que fueron detenidos de manera irregular, sufriendo métodos de tortura, amenazas, intentos de asfixia, agresiones en pies, puños y objetos, descargas eléctricas y en algunos casos violaciones sexuales.

Lo que más lastima es que no obstante el tiempo transcurrido, no ha habido justicia para los ofendidos, debido a la complicidad entre instituciones y falta de voluntad política, puesto que la mayoría de las denuncias están sin resolver.

Ante esta situación el representante de la ONU-DH, Guillermo Fernández Maldonado, hizo un llamado para que se lleven a cabo las indagatorias necesarias y que sean efectivas y auténticas, como parte de los estándares internacionales de Derechos Humanos y que exista un efectivo acceso de justicia a las víctimas, reiterando que a la fecha de la publicación del informe “ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura, ni penal ni administrativamente. Aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes documentó los actos de tortura en una etapa temprana, ha emitido pocas recomendaciones relacionadas a estas graves violaciones”.

Es importante dejar asentado que la mayoría de los casos de tortura y violaciones a los derechos humanos que menciona la ONU tuvieron lugar en el pasado sexenio que encabezó José Carlos Lozano de la Torre, lo que no exime a la actual administración estatal a ordenar una investigación a fondo que permita la reparación del daño y que los culpables paguen por lo que hicieron.

Sobre el particular, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, se mostró dispuesto a colaborar para que se esclarezcan los actos y se comprometió a que se hará todo lo necesario, por lo que la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura se encargará de llevar a cabo las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y que los responsables reciban el castigo que merecen.