Veolia Aguascalientes está comprometida en encontrar soluciones para asegurar la recuperación de una cartera vencida, que alcanza los 1,200 millones de pesos. La empresa no descarta la posibilidad de acudir a los tribunales para conseguirlo, afirmó su director general, Lluís JordanBayod.
Bayod señaló que el título de concesión prevé plazos que se extienden hasta el 14 de octubre para abordar ciertos aspectos cruciales. En esta línea, mencionó que han presentado una solicitud formal en busca de un acuerdo que facilite una transición ordenada y que clarifique la situación de la cartera vencida entre Veolia y el Municipio. Sin embargo, las reuniones de entrega-recepción no han sido productivas al tratar estos temas.
«Lo que buscamos, para decirlo de algún modo, es encontrar una solución que nos permita realizar esta transición en octubre», añadió.
El director enfatizó el interés de la empresa por concluir el contrato de manera adecuada. Además, expresó el deseo de Veolia de seguir invirtiendo en el servicio de agua, implementando nuevas tecnologías y de posicionarse entre los cinco mejores proveedores en México.
Bayod subrayó que un aspecto esencial es la mencionada cartera vencida, que ronda los 1,200 millones de pesos. Esta cifra varía constantemente debido al consumo diario de agua, pero es imperativo encontrar una solución a dicho adeudo. Indicó que la situación de morosidad es fluctuante; todos los usuarios, en algún momento, pueden enfrentar retrasos en sus pagos. «Lo verdaderamente crucial es encontrar la manera de solucionar estos inconvenientes», sostuvo.
Puntualizó que Veolia Aguascalientes cumple con lo estipulado en el título de concesión, sigue al pie de la letra los procedimientos de facturación y notifica adecuadamente a sus usuarios. Además, ha implementado medidas de apoyo a quienes tienen deudas, como la detección de fugas en las viviendas y la asistencia para solucionar estos problemas.
En relación a las posibles acciones legales por cuentas impagadas, afirmó que no descartan ninguna alternativa, pues es esencial proteger los derechos de la empresa y garantizar una inversión justa en el suministro de agua.
