Salvador Rodríguez López

Tuvo que suceder una desgracia para que reaccionaran las autoridades, apresurándose a enviar una patrulla que se encargue de vigilar la zona en que se localiza la Universidad Tecnológica Metropolitana y programar transporte público que atienda el mismo sector, demandas que desde hace tiempo hicieron alumnos, profesores, personal administrativo y habitantes en general y que como es común en quienes tienen el mando las ignoraron.

De nada le sirve a la familia del estudiante asesinado las declaraciones que hacen en la esfera oficial. Estuvo en los funcionarios haber atendido los reclamos y no lo hicieron, por lo que hoy salen sobrando lo que digan y hagan. Lo único rescatable es que ojalá sirva de lección y no hagan oídos sordos ante las demandas ciudadanas de seguridad que se escuchan en distintos rumbos.

Que además, no se concentren las acciones en torno a la institución, sino en toda la mancha urbana y zona rural. Los esfuerzos no pueden dedicarse únicamente a reaccionar ante los hechos consumados sino de ir un paso adelante, que permita detectar situaciones de peligro para combatirlos.

El pretexto que dan los jefes policiacos para que los delincuentes actúen impunemente, es que no puede haber un policía para cada ciudadano, lo que es una verdad indiscutible, pero también es una gran verdad que una patrulla no puede vigilar varias colonias, por lo que se requiere reorganizar las famosas escuadras para que ofrezcan resultados tangibles.

Es de sobra conocido por los vecinos en qué lugares venden droga, quiénes lo hacen y a qué horas acuden los adictos, en dónde están los “picaderos” y otros lugares de reunión para el consumo, información que por alguna razón desconocen los guardianes del orden, por lo que intervienen hasta que tiene lugar un pleito, hay heridos o se registró un crimen. La Fiscalía General del Estado podrá presumir que logró la aprehensión de los presuntos culpables, pero más importante habría sido evitar el suceso.

Las leyes no contemplan el delito “por omisión” en que incurren los distintos niveles de gobierno, por lo que es necesario incluirlo para llevar ante el banquillo a quienes hicieron oídos sordos ante la denuncia ciudadana. Sólo así se podrá terminar el valemadrismo en que incurren cotidianamente, concretándose a enviar sus “más sentidas condolencias” a los familiares de las personas sacrificadas por un perverso.

Los aguascalentenses no piden, sino exigen total seguridad para su persona y sus bienes y ésta –obligadamente- la deben proporcionar los gobiernos estatal y municipal. Se requiere tener confianza en que al salir a la calle, e incluso estando en el interior del hogar, no habrá quien atente en contra de su tranquilidad.

Lo sucedido en las cercanías de la Universidad Tecnológica Metropolitana tiene que ser el parteaguas para reorganizar la vigilancia citadina. Que se entienda en la Secretaría de Seguridad Pública municipal que no sólo existe la avenida López Mateos, los anillos de circunvalación ni la zona norte de la ciudad, lugares en que hay un paso continuo de patrullas, sino que toda la ciudad tiene que ser atendida, que se vea en la vida real el destino de las millonarias inversiones que se dice, se hacen cada año en materia de seguridad.

SON IGUALES

Cuanta razón tiene monseñor López cuando desde el púlpito de Palacio Nacional les atiza a los funcionarios públicos que actúan de forma indebida, lo que en los hechos unifica a miembros de todos los partidos, incluido el del propio mandatario, por lo que podrá haber distintos puntos de vista ideológicos, pero tratándose de dinero no hay diferencias ni límites.

Dos hechos revelan la forma de actuar de quienes tienen bajo su custodia el uso de los recursos, uno tiene que ver con la pasada LXIV Legislatura del Estado y que se refiere al destino desconocido de 140 millones de pesos, y otro el bono individual que se asignaron los actuales regidores de Jesús María por 200 mil pesos, para un supuesto “apoyo social”.

El caso del Congreso del Estado fue descubierto por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mismo que se convirtió en noticia nacional y que se conoce como la Caja Negra de Aguascalientes. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, haciéndola Miguel Aguirre Arias, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y el presidente de México Líder, Francisco Javier Ruiz López.

De acuerdo con la indagatoria que llevó a cabo ese grupo ciudadano, la cantidad facturada está relacionada con una serie de compañías fantasmas e investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fueron cobros que se hicieron entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 y en total participaron 22 empresas en las aparentes transferencias, además parte de ellas están conectadas entre sí ya que tienen el mismo domicilio fiscal, casi los mismos accionistas y contactos electrónicos y telefónicos.

La autorización para ejercer dichos recursos provino de los comités de Administración y de Vigilancia, de la que formaron parte diputados de distintas filiaciones, aunque en su mayoría del PAN y entre ellos algunos que siguen vigentes al repetir en la curul.

Los acusadores pretenden que a los ciudadanos se les reconozca como víctimas de las malversaciones que presuntamente cometieron los ex legisladores y puedan conocer de cerca el curso de las investigaciones y a la vez que ejerzan presión para que se llegue hasta sus últimas consecuencias, principalmente la devolución de ese dinero y castigo a los responsables.

Por su parte, el Cabildo de Jesús María, que cumplió dos meses en ejercicio, ya mostró su voracidad y el enorme desprecio a miles de familias que están en la miseria. Con la facultad que les otorga la norma, el pasado 6 de diciembre regidores y regidoras se presentaron a sí mismos la solicitud y en seguida la aprobaron, con lo que sin rubor alguno se embolsaron 200 mil pesos y para que no se pensara mal el presidente municipal José Antonio Arámbula López se abstuvo de estar presente.

El pretexto para hacerse el regalo económico fue: que “este apoyo resultará una excelente oportunidad para que la sociedad jesusmariense mitigue un poco sus necesidades básicas, y en los padres de familia, así como demás instituciones que lo han solicitado, alivie de la carga que representa para ellos esta temporada decembrina”, según Leobardo Valdez Alba, del partido Fuerza por México, que fue el encargado de formular la petición. Recibieron el citado apoyo regidores y regidoras panistas, priistas, morenistas, de Encuentro Social, la síndico y el autor de la propuesta.

Si por dos meses de labor edilicia se otorgaron 200 mil pesos, para diciembre de 2022 podría ser un millón 200 mil pesos, ya que basta con insertar un deseo en la propuesta para que todo quede arreglado.

MAL DE MUCHOS…

Si en la Cámara de Diputados apretaron financieramente al Instituto Nacional Electoral (INE), ¿Por qué no hacerlo aquí, en el Congreso del Estado, al Instituto Electoral?, esa sería una de las razones que tienen legisladores y legisladoras para no responder a la solicitud que recibieron de ampliar el recurso, con el que se pueda llevar a cabo el proceso comicial del año próximo en mejores condiciones. El presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, adelantó que si no hay una respuesta afirmativa se pondría en riesgo la calidad del proceso, máxime que el déficit actual es de 30 millones de pesos. Aunque será sólo la elección de gobernador, de cualquier manera debe funcionar el total de casillas en los once municipios, con el mismo número de funcionarios en cada una de ellas y con el material que se requiere para llevar a buen puerto la atención y el resultado. Ojalá entiendan en el parlamento que estarán en juego los comicios más importantes que tienen lugar cada seis años, por lo que la eficacia dependerá de lo que financieramente se disponga.

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