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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Miles de millones de dólares de inversiones extranjeras y nacionales en energía en México están en juego mañana martes, cuando la Suprema Corte de Justicia emita su fallo sobre la constitucionalidad de una ley de electricidad de 2021 que sofoca la competencia, señaló la columnista de The Wall Street Journal María Anastasia O’Grady.
El significado de la decisión del máximo tribunal, subrayó, irá mucho más allá de lo económico.
«A través de su fallo, la Corte señalará si sigue siendo independiente o si se ha convertido en una herramienta del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Si es esto último, la democracia de México estará pendiendo de un hilo, si es que sobrevive», remarcó.
López Obrador, de acuerdo con la columnista, ya tomó el control de la Comisión Reguladora de Energía, el operador del sistema eléctrico y la Comisión de Hidrocarburos, los cuales fueron establecidos como órganos apolíticos e independientes.
«Pero él (el Presidente) quiere más», agregó O’Grady.
Indicó que es poco probable que el referendo revocatorio presidencial del 10 de abril le dé a López Obrador, quien exigió la votación, el resultado que desea.
«Podría ganar, pero una baja participación socavará su esfuerzo por reclamar un nuevo mandato para su ‘cuarta transformación’, cuyo objetivo es centralizar radicalmente el poder.
«Ya se está preparando para el fracaso al acusar al Instituto Nacional Electoral de parcialidad», apuntó.
La semana pasada, López Obrador anunció que quiere destituir al Consejo General del instituto y a los magistrados del Tribunal Electoral y reemplazarlos por funcionarios elegidos por voto popular.
«Esto es absurdo. En todo caso es poco probable que suceda, porque requeriría una reforma constitucional y el señor López Obrador no tiene los votos en el Congreso. Al menos así es como se supone que funcionan las cosas», indicó la columnista.
Por otro lado, si el Presidente tomara el control de una minoría de la Suprema Corte de 11 escaños -cuatro ministros-, él y su partido Morena podrían saltarse el proceso de reforma constitucional e imponer un profundo cambio estructural en el país con leyes aprobadas por mayoría simple en el Congreso.
Para que el máximo tribunal declare inconstitucional una ley, la votación debe ser de al menos 8 contra 3. De lo contrario, se mantiene.
Hasta el día de hoy, López Obrador ha nombrado a cuatro ministros. Pero no todas sus selecciones han marchado al unísono con él.
«Mañana se enfrentan a su mayor prueba hasta la fecha», señaló O’Grady.
Los recursos constitucionales fueron presentados por la Comisión Federal de Competencia Económica, miembros del Congreso y el estado de Colima.
La magistrada Loretta Ortiz, quien se opuso firmemente a la apertura de los mercados energéticos en 2013 como diputada del PT y es una partidaria incondicional de López Obrador, escribió la opinión que argumenta que la ley es constitucional.
Ortiz y el mandatario federal sólo necesitan una mayoría simple de los 11 magistrados para prevalecer mañana.
«Eso no es imposible, pero es poco probable. Si sucede marcará el final de la Corte como árbitro serio», aseguró la columnista.
Si la opinión de Ortiz falla, se espera que se asigne a otro miembro de la Corte la tarea de redactar una nueva opinión que sostenga que la ley es inconstitucional, lo que requiere un voto a favor de 8-3 para ganar.
«Ese es el mejor resultado para México. Es posible, aunque incierto», consideró la columnista.
Una tercera posibilidad es un voto a favor de la posición «inconstitucional», pero sin la mayoría calificada necesaria para derrotar el proyecto de ley, por ejemplo, 7-4.
«En ese caso, el Presidente puede presentarlo como una victoria, pero los abogados mexicanos me dicen que si la mayoría de los magistrados lo declaran inconstitucional, los jueces federales no tendrían mandato para defenderlo», explicó O’Grady.
La supervivencia de la ley a discusión, manifestó, fortalecería la mano del Gobierno en las negociaciones con intereses energéticos privados.
Más preocupante, advirtió la columnista, el Presidente «reconocería que las mismas tácticas podrían usarse para desmantelar la democracia de México», sin la más mínima reforma a la Constitución.

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