Saúl Alejandro Flores

Hace una década la Constitución Mexicana estableció el derecho humano al agua con la finalidad de garantizar el acceso al agua de toda persona, buscando con ello reducir la carencia del recurso que principalmente afecta a los grupos vulnerables, sin embargo, el denominado estrés hídrico avanza de modo inusitado, amenazando que ese derecho humano no pueda ser garantizado. Para contrarrestar esta amenaza se requiere de una gestión y administración inédita, ya que las acciones, políticas y visiones que han contribuido en debilitar el esquema por medio del cual pudiéramos contar con el líquido son resultado del “antropocentrismo”, por ende, son parte del problema.

Requerimos un marco legal sensato y pertinente que genere un contrapeso y evite el agotamiento del agua, esto sólo puede ser posible con el actuar de las diversas competencias y sociedad civil. ¿Será el momento de pensar y acompañar el derecho humano al agua con la obligación por cuidar y preservar el agua? De formular lo que podríamos denominar la “obligación hídrica”. Vale la pena recordar que estamos ante un recurso vital y que, sin él, el futuro sólo será una escasa posibilidad. Debemos transitar de la visión del “antropocentrismo” al “ambiocentrismo”.

Me atrevo, amable lector, a proponer ante ustedes algo diferente, ya que hasta el momento con la ausencia de una definición de lo que es el derecho humano al agua en nuestra legislación, existe abundante perorata, pero nada concreto, sobra ya decir la omisión al no haberse cumplido con el artículo transitorio establecido en la reforma del 2012 del Artículo 4° Constitucional que ordenaba en seis meses publicar la legislación reglamentaria. Al paso del tiempo en esta década el recurso agua continúa disminuyéndose y deteriorando las condiciones propiciadas por el cambio climático allanando una gama de fatales escenarios, si somos sensatos, no existe un peor escenario, existen varios.

Por otro lado, la ineficiencia u omisión de los actores públicos sean del ámbito federal, estatal o municipal, se extravían en algo que no comprenden y ofertan como resultado de esa impotencia, una retahíla de insensateces de tipo técnicas, jurídicas, administrativas y el colmo, insensateces políticas. La problemática no sólo es la escasez y las diversas brechas que han aparecido, sino la alta demanda, mayor población, mayor necesidad de producción de alimentos, de servicios como vivienda, empleos, riqueza, y algo que se olvida dramáticamente es que otros seres vivos demandan agua y estos seres son necesarios para el equilibrio, estos últimos lamentablemente son ignorados.

El régimen jurídico del agua considera lo que se denomina “prelación del uso doméstico” sobre los otros usos, principio establecido en el Artículo 14 Bis V fracción XXII, cierto, pero si somos sensatos sabemos que necesitamos el agua para las que se han denominado primeras necesidades, pero… no debemos olvidar que los otros usos generan bienestar, no todo es que tenga agua en mi domicilio, el agua va más allá y eso es necesario comprenderlo antes de diseñar una ley, como se pretende, pues hasta el momento las versiones incluyendo las que proceden de destacados activistas, son visiones “arcaicas” y que generaran caos.

En entregas posteriores les seguiré compartiendo esta construcción jurídica que he estado trabajando, ya que, insisto, el que exista “el derecho humano al agua”, no garantiza el que se tenga acceso al agua, son necesarios otros mecanismos que complementen y lo concreticen. En este sentido, ¿Qué significa una obligación? “Es la relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado deudor queda vinculado jurídicamente respecto de otro sujeto llamado acreedor a realizar una conducta que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer”. Existen varios conceptos al respecto, pero tome éste; ahora vamos a otro detalle de relevancia, la obligación comprende tres elementos: a) Sujetos, b) Objeto y c) Relación jurídica. El derecho civil los denomina: “acreedor” y “deudor”, el primero es el titular del derecho y el deudor quien debe cumplir con la realización del pago que es una conducta de hacer o no hacer, aquí tenemos el objeto y la relación jurídica es el vínculo jurídico que faculta para exigir una conducta del deudor y asegurar su cumplimiento.

Las autoridades son quienes tienen la obligación de garantizar el derecho humano al agua, pero deben de realizar una serie de conductas “hacer y no hacer”. Como lo advertí, queridos lectores, esta entrega es un acercamiento, ya les estaré compartiendo más información que he estado trabajando. En donde las autoridades del ámbito federal, estatal y municipal deben asumir una serie de responsabilidades y cumplirlas, desde garantizar buenos servicios, sanear el agua, reutilizarla con pertinencia, aplicar gobernanza pues el Artículo 4 así lo establece, garantizar recursos financieros, generarlos y aplicarlos; y estos criterios, serían parte de lo mismo que dispone dicho Artículo con las “bases, modalidades y apoyos”, de lo contrario todo será “buenas intenciones”. No olviden que a todo derecho corresponde una obligación, si no la ecuación jurídica estará incompleta y será “letra muerta”. Nos vemos la próxima semana y no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

Mil gracias querido lector por permitirme hacer la entrega ininterrumpida número 600, esto es posible gracias a ustedes y a esta casa editorial El Heraldo de Aguascalientes. Mil gracias, Licenciada Irma Ramírez, y a todo su equipo de trabajo.