Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con la exposición de lo que comprende el concepto que les he compartido en estas últimas siete semanas y sobre el que me encuentro desarrollando y denominé como “obligación hídrica”. En dichas semanas abordé los fundamentos jurídicos que comprende el derecho humano al agua, la naturaleza jurídica y fuentes de las obligaciones, así como los componentes de índole técnica, administrativa y de gestión del recurso hídrico aplicado en la prestación de los servicios públicos: a) Marco regulatorio y legal; b) Planeación; c) Apoyo para la operación y mantenimiento de los organismos operadores; d) Apoyo para la gestión de servicios; e) Calidad de agua y saneamiento de aguas residuales; f) Aportaciones y acciones de la federación y estados en materia de inversiones, operación para la gestión y ejecución y supervisión.
Lo anterior, obedece a trabajos y propuestas ya desarrolladas, además de comprobadas, en los que podríamos denominar “casos de éxito” o de otra forma quizás más discreta como experiencias que han generado resultados positivos y que por lo tanto pueden y deben ser replicados.
Dichos conceptos operativos han sido desarrollados y comprobados por personalidades con experiencia contundente en el sector agua, específicamente en el denominado subsector agua potable. Todo lo expuesto puede permitir la articulación del funcionamiento como autoridad del agua, así como el mecanismo que allane el cumplimiento del derecho y concretice la obligación, pero es importante aclarar que no sólo permitiría el garantizar el cumplimiento, sino que contribuiría de manera determinante en la mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.
Esto último, sin duda repercute en la solución de uno de los diversos reclamos de los usuarios del servicio doméstico, en la mayor parte de ciudades y localidades en México, que son los deficientes servicios, que adolecen de cumplir cabalmente con los tres aspectos fundamentales que reviste la prestación de un servicio público: a) continuidad, b) regularidad y c) permanencia. Lo mencionado, insisto, tiene su comparación de efectividad, aunque en cada caso futuro, demanda adaptación dependiendo del centro de población por atender, pero las reglas y espíritu de la Ley es la misma.
Después de la exposición del marco teórico, el constitucional, jurídico y operativo, queda la implementación, pero, mi estimado lector, en nuestro país es ahí donde comienza el verdadero problema: en lo decisores, en la denominada clase política; pues existen leyes, cierto, les falta perfección, pero las hay, tenemos reglamentos y experiencias que contar, así como resultados y personal con trayectoria, pero las decisiones de quienes ostentan los cargos de gobierno, sean gobernadores o alcaldes, o los propios titulares de las comisiones de agua o cualquiera que sea la figura de la autoridad estatal, ahí es donde se truncan los proyectos, o bien se pueden potenciar.
Si se adolece de una experiencia consolidada y con resultados factibles, también ahí empieza el problema. O si se adolece de transparencia, como es la mayor parte de casos, donde los asuntos se manejan con secrecía y lo único que se propicia con ello es la “corrupción” o beneficio de algún grupo privilegiado de contratistas. Buscar garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua demanda tal como lo establece el artículo 4º. participación de la sociedad civil organizada, se debe romper con la inercia y práctica viciada de obras o programas que son para la población, pero sin la participación de ésta, cualquier práctica que excluye a los usuarios está destinada al fracaso, lo mismo que aquella que pretende simular que participa la sociedad civil, pero si se conforma con personas exentas de experiencia en la prestación de servicios, la función para la que se constituye no tendrá resultados positivos, caso similar ocurre con instancias con nula o escasa utilidad como las procuradurías de agua u observatorios ciudadanos de agua, que carecen de decisiones vinculantes, lo anterior, solo legitima la incompetencia o corrupción gubernamental.
Recapitulando, amables lectores, una obligación hídrica que aplique en las autoridades de los tres ámbitos, con una participación clara y contundente de la sociedad civil, es la única posibilidad de garantizar que se cumpla con el derecho humano al agua y se impacte positivamente en la mejora de la calidad y cobertura de los servicios públicos de agua y saneamiento, tomando en consideración lo que mencioné como componentes durante las siete semanas anteriores. De lo contrario todo quedará en letra muerta y las famosas “buenas intenciones”, así entre comillas, pues ha sido la forma en desviar recursos bajo la apariencia de otorgar beneficios. No vemos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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