Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con la exposición de lo que comprende el concepto que les he compartido en estas últimas cuatro semanas y sobre el que me encuentro desarrollando y que he denominado como “obligación hídrica”. En esta entrega, comenzaré con el marco legal regulatorio como mecanismo que allane el cumplimiento del derecho y concretice la obligación.

En primer lugar, debemos recordar o reconocer que existe una jerarquía normativa, la Constitución ocupa el máximo lugar, de ahí que sea la piedra angular del orden jurídico, por lo tanto, el resto de las disposiciones legales y reglamentarias de ahí se desprenderían. La ley marca un actuar de conformidad con el principio de legalidad garantizado en el derecho público. Por lo tanto, se debe impulsar el desarrollo de apartados y disposiciones desde el ámbito estatal, es decir, desde la ley estatal para los servicios de agua y saneamiento, cuya esencia es regular la prestación de estos y contemplar por lo menos lo siguiente:

  1. Las particularidades para el acceso al agua potable y saneamiento de todos los habitantes; b) Los parámetros mínimos de calidad y continuidad con que deberán prestarse los servicios; c) Las facultades, responsabilidades y recursos financieros de un ente regulador para garantizar el cumplimiento de acceso al agua potable y saneamiento de las poblaciones, y los parámetros de calidad establecidos; d) Que defina las facultades y fortalezca la estructura organizacional, técnica y administrativa de las autoridades estatales de agua, como apoyo a la gestión y capacidad de los organismos operadores; e) La participación, atribuciones y responsabilidades de todos los actores que participan en la prestación de los servicios: autoridades municipales, prestadores de servicios, usuarios de estos, autoridades del Estado, representantes sociales, etc. f) La definición de un marco financiero y subsidiario del Estado para apoyo a aquellos que no cuentan con la capacidad de solventar el costo de los servicios; destacando hospitales, centros de salud y escuelas todos del ámbito público; g) Las políticas y criterios para el establecimiento de tarifas y subsidios que respondan a las necesidades de los operadores y de los usuarios; h) Los lineamientos, políticas y apoyos que propicien, fomenten y faciliten la creación de entidades intermunicipales o regionales para la prestación de los servicios; i) Las disposiciones e instrumentos para priorizar, dirigir y acceder a las inversiones y apoyos del estado y la gestión de los recursos federales; j) Los procesos y políticas para la evaluación periódica de la gestión de los prestadores de los servicios; j) La profesionalización de los recursos humanos, tanto de las autoridades estatales de agua, como de los organismos operadores; k) La planeación y continuidad de los servicios; l) La creación y fortalecimiento de una base de datos que permita contar con información de la infraestructura hidráulica, sus condiciones y los servicios que prestan; m) La creación de un Subsistema de Información que facilite la planeación, evaluación y fortalecimiento de los servicios. Esto está respaldado en lo que he denominado en otras y varias ocasiones anteriores como sistema estatal del agua.

En segundo lugar, tenemos la Planeación de los Servicios. Sobre este rubro, manifiesto que, a pesar de que la mayoría de las autoridades estatales de agua cuentan con facultades para ordenar las políticas públicas del subsector y dar seguimiento a los ordenamientos emanados de los planes estatales de desarrollo, mediante el diseño y aplicación de estrategias, objetivos, metas, prioridades y acciones, así como asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la mayoría de dichas autoridades carece de la estructura para dar cumplimiento a estos ordenamientos y para dar seguimiento a los avances en la gestión de los servicios. Como medida para superar este sesgo se propone:

  1. evaluar detalladamente las facultades y los instrumentos con que cuentan las autoridades estatales de agua para llevar a cabo las disposiciones del Marco Legal, la Planeación de los servicios, así como las relaciones de autoridad, coordinación y operatividad con los tres órdenes de gobierno y las diferentes organizaciones ciudadanas, para determinar los ajustes, adecuaciones y adiciones necesarias para su cabal cumplimiento; y
  2. crear y fortalecer, con el debido equipamiento y personal, las áreas que se deben responsabilizar de diseñar, coordinar y dar seguimiento a las Políticas Públicas, estrategias, objetivos, procesos, acciones, metas e inversiones para impulsar la ampliación, el desarrollo y consolidación de los servicios.

La próxima semana continuaré con los apartados administrativos. No olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com