Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con el tema que les anuncié la semana pasada, el cual pongo en la mesa de discusión, sobre todo porque la corriente clásica del derecho con postura ortodoxa lo cuestionaría, pero el derecho es un producto social en constante evolución, cuya existencia se justifica en ser simple y llanamente un “instrumento para la solución de conflictos”. Recordarán que reiteré la importancia de dar fortaleza al “derecho humano al agua”, no como un propósito, sino como una realidad.

Para ello, pasaremos a complementar lo que mencioné la semana pasada respecto al significado de la “obligación y sus “elementos”, conceptos que posteriormente ahondaré, lo que ahora realizaré es recordarles lo que establece nuestra Constitución en el Artículo 4° y lo que implica el marco de actuación de una autoridad. Ya que la autoridad es quien debe garantizar el derecho humano al agua y además uno de los implicados como elemento de la obligación, es decir el “sujeto”.

Pasemos a transcribir el texto del párrafo V del Artículo 4°: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Sobre el actuar de la autoridad, Rafael Martínez Morales en el libro de Derecho Administrativo Primer curso, nos desglosa cómo se conforma:

“a) Fines del Estado. El Estado es una persona jurídica que ejerce el poder soberano en un determinado territorio y que persigue la realización de ciertas finalidades que son delimitadas por distintos criterios filosóficos, dichas finalidades pueden ser lograr el bien común, asegurar la vida en sociedad, satisfacer necesidades colectivas, alcanzar la justicia social, garantizar la libertad de empresa, mantener el poder de un grupo hegemónico, etc.”.

“b) Atribuciones o cometidos. Son las tareas que el Estado decide reservarse, por medio del orden jurídico, las cuales están orientadas a la realización de sus fines, es decir, son los grandes rubros de la actividad del poder público tendiente a alcanzar sus fines. Por ejemplo, preservar el ambiente, tutelar a los trabajadores, resolver conflictos entre particulares, prevenir y sancionar conductas delictuosas, regular la actividad económica, etc.”.

“c) Funciones del Estado. Las funciones son los medios de que el Estado se vale para ejercitar sus atribuciones, encaminadas éstas al logro de sus fines. El poder estatal que es uno sólo, se estructura en órganos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a cada uno de los cuales se le asigna una función (legislativa, administrativa y judicial), con las modalidades y excepciones que veremos. De tal modo que las funciones del Estado son el sistema o medio que utiliza el poder público para cumplir con sus atribuciones o realizar sus cometidos, destinado al logro de sus fines”.

“d) Competencia. El sistema jurídico asigna tareas concretas a cada órgano estatal para que pueda actuar legalmente. En esto consiste la competencia, en que al ente le incumbe atender asuntos determinados; es la posibilidad jurídica que tiene un órgano público de efectuar un acto válido”.

“e) Facultad. Es la aptitud o legitimación que se concede a una persona física (funcionario o empleado público), para actuar según la competencia del órgano por cuenta del cual exterioriza su voluntad. La facultad es, pues, la posibilidad legal que posee un servidor público de realizar los actos de competencia de un ente estatal”.

“¿Para qué? Fines”

“¿Qué? Atribuciones”

“¿Cómo? Funciones”

“¿Quién? Ente Competencia”

“¿Quién? Persona física Facultad”.

De lo anterior, podemos apreciar un andamiaje cuyo objetivo más allá de la distribución de competencias es dar un orden a un Estado, un Estado con fuerza apoyado en el derecho, pero jamás constituir un Estado totalitario, un Estado que cumpla con su cometido de brindar beneficios a los habitantes que forman parte de él, y dentro de los beneficios sin duda se encuentran tanto los servicios públicos de agua como la preservación de dicho recurso encaminado a los fines productivos esenciales como la agricultura, industria y equilibrio ambiental. Nos vemos la próxima semana, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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