Salvador Rodríguez López

Aunque se ve difícil que puedan doblegar a un gobierno tozudo, los concesionarios en la distribución de gas pretenden aplicar diversas formas para echar abajo la orden de tener un precio controlado y una de ellas sería reducir la entrega al público, lo que de suceder pondría en serios aprietos a las amas de casa, a los negocios de comida y a los dueños de vehículos que funcionan con este energético y del que no se puede prescindir ni utilizar otros medios para hacer funcionar los aparatos.
El control es un método que está plenamente comprobado, sólo genera conflictos sociales, tal como se vivió en México durante la época de Luis Echeverría y que se registra actualmente en Venezuela y Cuba. Las respectivas administraciones aluden que lo hacen para beneficiar al pueblo, sin embargo lo único que provocan es romper la cadena de suministro y cuando ven que no tienen capacidad para suplir al sector privado dejan que la situación se desenvuelva según convenga a los intereses oficiales, que nunca han sido los de la sociedad.
De manera inicial, a principios de esta semana se suspendió el reparto en varias partes de la República, lo que provocó un caos ya que los compradores tenían que ir hasta las gaseras para adquirir el combustible. Esto obligó a que funcionarios gubernamentales se comprometieran a que habría una solución, por lo que se reanudó la entrega en las calles, pero el presidente de la República se mantuvo en su dicho, de que el precio único será revisado cada semana y de acuerdo a como él crea conveniente será el siguiente paso, lo que para los gaseros es como tener una soga al cuello, a la que se aprieta poco a poco.
Como ha sucedido a lo largo y ancho del país, en Aguascalientes se han vertido expresiones de enfado por lo que consideran un albazo presidencial y se percibe la desconfianza en que esto se vaya a solucionar de manera razonable. Consideran que los precios fijados, además de ser un autoritarismo, lo único que generan es una alteración en los mercados al no tomar en cuenta que debe haber un equilibrio entre costos y ganancias, y al no haber el margen adecuado de provecho se deja de invertir y lo más lamentable es que sean obligados a despedir a parte de los trabajadores, como un recurso extremo para evitar la quiebra.
La estatización que se fragua en el sector gasero también iría en contra de otras áreas de la economía, como un paso determinante del Estado para asumir la administración de todo aquello que, supone, es para beneficio del pueblo, quien al principio aceptaría la decisión porque se le venden los productos a precios inferiores, pero luego viene los desfases y la justificación, para dar el siguiente paso que es la venta racionada o mediante cupones.
Los gaseros desconocen si Petróleos Mexicanos también va a congelar los precios, porque el aumento gradual que les aplica se refleja en que ellos tengan que vender más caro el producto, cuestión que no sería por una orden presidencial sino que Pemex lo hace al estar sujeto a las tarifas internacionales.
En cuestión de semanas se sabrá el derrotero que tome este diferendo y que de ser desfavorable para los distribuidores de gas varias empresas pequeñas desaparecerán ya que les será imposible mantener el ritmo de gastos si son magras las ganancias.

TRAS LOS OUTSOURCING
Después de gozar las delicias de vivir a expensas de evadir impuestos y escamotear derechos de los trabajadores, hoy parte de las empresas subcontratantes de personal, más conocidas como “outsourcing” o “tercerización”, están como la zarzamora y a un paso de quedar en la calle y con la posibilidad de que Lolita los persiga hasta el último confín de la tierra para que paguen los adeudos fiscales.
Tienen de plazo el curso de este mes para ponerse al corriente, tanto con Hacienda como con el IMSS e Infonavit, de lo contrario podrían hacerse acreedores a multas, que podrían llegar a los 4 millones 481 mil pesos; y de no pagar no podrán seguir funcionando y serán objeto de inspección por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El asunto de la subcontratación es de reciente cuño en México, al ser introducido por el presidente Felipe Calderón, que lo plasmó en las leyes laborales y fiscales, pero es de vieja data en el mundo, ya que viene desde los años 40 del siglo pasado. El nombre de outsourcing se le atribuye al economista Ronald Coase, que en 1937 difundió un trabajo sobre este sistema de organización empresarial y que fue retomado en la década de 1960, en pleno auge del ensamblado en México. Es un programa que se aplica en el orbe industrial, calculándose que el 82% lo utilizan en empresas de Europa, Asia y América del Norte.
En 2012, Felipe Calderón introdujo una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en que planteó por primera vez el régimen de la subcontratación, por lo que se hicieron 665 modificaciones a la legislación. Se incluyó que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o servicios con sus recursos a nombre de otro.
El actual presidente de la República llevó a cabo una contrarreforma. El Decreto se aprobó el 20 de abril de 2021, que adiciona y deroga distintas disposiciones de la Ley Laboral, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de la Ley Sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A excepción de las obligaciones en materia fiscal, que entrarían en vigor del uno de agosto, las demás tienen vigencia desde el día siguiente de su publicación, esto es, el 21 de abril.
El objetivo de las modificaciones fue prohibir la subcontratación de personal e integrar reglas a la legislación presente que asegure a las personas morales y físicas contratar exclusivamente servicios especializados o de cumplimiento de obras especializadas, siempre que no formen parte de la función social ni de la actividad económica predominante del favorecido de las mismas.
Con estos cambios a la ley, queda prohibida la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, sin embargo la subcontratación es posible en servicios especializados, y obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, siempre y cuando dichos servicios no formen parte del objetivo social ni de la actividad fundamental de la empresa que los reciba. Los requisitos para la subcontratación se deberán formalizar mediante un contrato por escrito, e indicar el número aproximado de trabajadores que participarán.
Aunque ha habido resistencia de algunos individuos y grupos, a final de cuentas no tienen otra salida que sujetarse a lo dispuesto por la ley, que de entrada beneficia a los trabajadores que por años fueron objeto de engaño, aprovechándose de su necesidad de trabajo para no otorgar los derechos mínimos laborales, como es estar inscritos en el Seguro Social y el Infonavit y recibir el pago de aguilando, utilidades y vacaciones.

NO ES ALGO NUEVO

El estado lamentable en que se encuentra el monumento a don Benito Pablo Juárez García, ubicado a un costado del templo de La Purísima y al principio de la calle Alameda, no es algo nuevo. Por alguna razón gobiernos priistas y panistas les ha valido tres cacahuates la obligación que tienen de darle el mantenimiento adecuado y menos lo han hecho a partir de que se inauguró la estatua que está en Avenida de las Américas. El que está en pleno corazón del barrio de La Purísima, justo donde hay nueve cruces de calles, es de cantera amarilla, lo que en buenas condiciones hace resaltar más el homenaje al prócer. Por cierto se cuenta, que para un 21 de marzo la escultura amaneció rociada de chapopote y con una cachucha y una yompa (prenda que utilizaban los ferrocarrileros), lo que obligó a una limpieza rápida para poder llevar a cabo el homenaje anual por su natalicio. Se le atribuyó la “travesura” a un joven y del que se dijo que años después llegó a ser procurador general de justicia.