En el transcurso de un año, la Contraloría General del Estado inició 140 procedimientos en contra de servidores públicos, ya sea por mal proceder en su encargo o no cumplir con los trámites precisos para el uso de los recursos públicos, de ahí que ha habido servidores públicos sancionados, inhabilitados e inclusive, obligados a hacer devolución del recurso.

Arnoldo Hernández Gómez Palomino, contralor estatal, informó que en el inicio del sexenio no se habían hecho procedimientos de responsabilidades, lo que a su llegada hace un año se comenzó, encontrando 30 casos graves que han sido enviados a la Sala Administrativa y han sido sancionados.

A la par, también, destacó que nunca antes, ni en esta administración ni en las anteriores, se había sancionado a empresas que prestan sus servicios u ofrecen productos al Gobierno Estatal, ya que en caso de alguna anomalía, por lo general se recurría a la sanción al servidor público encargado de esos trámites.

Pero en esta ocasión, se encontró responsabilidad de tres empresas, dos contratistas y una de proveeduría, que actuaron con dolo y por lo tanto se les fincó responsabilidad, de ahí que la sanción fue la devolución del recurso, así como la eliminación de la lista de proveedores de la administración estatal.

El área de la Contraloría es la menos querida por los servidores públicos estatales, y ahora menos que antes, pero es algo que a la larga se podrá agradecer, pues la idea es que haya un mejor control, sobre todo de los procesos administrativos a seguir para el buen reporte sobre los programas y manejo de recursos, pues se debe tomar en consideración que todo es auditable y sobre todo se debe tener un mayor control.

Refirió que por parte de la Función Pública, el año pasado se tenía la observación sobre 1,300 millones de pesos que no habían sido comprobados en cuanto a su uso y destino, de ahí que de inmediato se dio seguimiento a todos y cada uno de los rubros señalados, de tal forma que a la fecha quedan solamente 200 millones de pesos por solventar, el resto ya fueron comprobados.

Sobre los 1,100 millones de pesos que ya fueron solventados ante la Función Pública, refirió que se llevaron procedimientos administrativos, llegando inclusive a la sanción de servidores públicos, es el caso de tres de la Secretaría de Administración que tuvieron que devolver nueve millones de pesos y llegaron hasta los 15 años de inhabilitación.