En Aguascalientes como en el resto del país hay muchas empresas, que están simulando relaciones laborales que deben ser corregidas y esto se podría lograr con las modificaciones que se pretenden hacer desde el Poder Legislativo federal, señaló el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, Juventino Romero de la Torre.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, es una máxima jurídica que implica que quien confiesa algo exime a la contraparte de tener que probarlo, por consiguiente, si el sindicato patronal acepta que hay fingimiento en los vínculos con el personal es porque es una práctica común que naturalmente afecta sus derechos.

Aunque Romero de la Torre se refirió sólo al outsourcing (término inglés cuyo equivalente en el idioma español es la subcontratación y se da cuando una empresa delega en otra la realización de tareas y obligaciones que la corresponden a la primera), hay diversas formas de eludir responsabilidades que están enmarcadas en el Artículo 123 Constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, como los convenios con sindicatos blancos, la firma de contratos colectivo a espaldas de los obreros y el despido de trabajadores con la anuencia del líder sindical, sólo por citar los contubernios más comunes.

En defensa del outsourcing, el directivo afirmó que la tendencia mundial en el medio laboral es aplicar este esquema, como una forma de que las empresas se dediquen exclusivamente a las áreas de producción y una distinta se encargue de la nómina, seguridad, personal de limpieza y administración.

El problema gravita cuando entre el patrón primero y el subcontratado hay un peloteo sobre las obligaciones legales con el trabajador y los derechos que le asisten a éste, por lo que a la hora en que hay una demanda por la negativa a cumplir con lo que estipula la legislación se tiene que recorrer un laberinto en el que muy pocos perjudicados llegan al final, al aceptar lo que les proponen para cerrar el caso, que es una bagatela para lo que tenían derecho.

Se ha llegado al extremo de negarles su incorporación al Seguro Social, al Infonavit y al SAR, no les pagan vacaciones ni aguilando y ya ni hablar de las utilidades, para ello se les hace firmar contratos por un mes y hasta por 45 días, a cuyo término los descansan uno o días y vuelven a contratarlos, por lo que – se considera – no hay una relación firme.

Es categórico que cada quien está en libertad de velar por sus intereses, pero siempre y cuando no afecte a terceros y con ese régimen queda desprotegida la fuerza del trabajo, por lo tanto si los legisladores federales van a consolidar la legitimidad del outsourcing, tiene que ser bajo reglas muy claras, principalmente que asuma deberes de patrón directo, no sustituto, que además esté bajo vigilancia permanente de las autoridades laborales como única forma de evidenciar que cumplen con sus obligaciones.

A un trabajador no le importa el que personifica la figura del director o jefe de la empresa en que presta sus servicios, sólo que quien aparezca con tal denominación sea ecuánime y objetivo a la hora de la paga y en el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley.

LABIA GUBERNAMENTAL

Desde el penúltimo mes del año se suceden las declaraciones oficiales, de que en el próximo ciclo fiscal no habrá aumento de impuestos ni de derechos como una forma de apoyar la economía de los habitantes, pero a la hora de presentar la Ley de Ingresos se incluye un ajuste a lo establecido, que se dice, será el equivalente a la inflación pronosticada, pero que los secretarios de finanzas o tesoreros estima superior a lo previsto.

Lo anterior anula el beneficio que habría con el aumento salarial y que muchas veces se aplica hasta de mediados de año o después, como sucede con los empleados federales, que durante seis o siete meses reciben el mismo sueldo y pagan más caro toda clase de productos y servicios.

Como bocadillo de entrada el secretario de Finanzas estatales, Jaime González, informó que en 2020 se pagará más por control vehicular, que será de 100 pesos por cada una de las casi 500 mil unidades registradas, lo que significa que la aportación será de 700 pesos, pero quienes lo hagan durante el mes de enero será de 565 pesos (equivalente a 25% menos), un 10% de descuento a quienes contribuyan en febrero y 5% en marzo.

A los que decidan hacerlo de abril en adelante pagarán multas y recargos que será de 3% mensual, en base a los 700 pesos que debieron efectuar inicialmente, a lo que se agregará imposiciones a quienes no hayan cumplido con el cambio de placas, de lo que se tiene un avance del 70%, por lo que faltan por hacerlo 180 mil.

De manera semejante actúan los municipios, que aguijoneados por la reducción de recursos federales han optado por elevar las tarifas del Impuesto sobre la Propiedad Raíz (predial) y agua potable, al mismo tiempo pretenden suplir con otro gravamen el Derecho de Alumbrado Público (DAP), que por disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda suprimido a partir del año próximo.

En todos los casos recurren al viejo truco de que no es aumento sino un “ajuste”, lo que a final de cuentas es lo mismo, puesto que el ciudadano pagará más por algo análogo sin que exista el compromiso de una mejora, sólo que se necesita más dinero y éste tiene que salir del bolsillo del residente.

Hay voces que sugieren no buscarle tres pies al gato porque le puede pasar lo que al presidente Emmanuel Macron, que desde hace dos semanas enfrenta la furia de millones de franceses por el pretendido aumento al precio de los combustibles y la fusión del programa pensionario.

La economía de los mexicanos no está como para que el año próximo los gobiernos incrementen impuestos, derechos y servicios, por lo que los titulares deben tener sensibilidad de no proceder en contra del ingreso de las familias, ya de por sí golpeadas por la situación que priva con un crecimiento cero y el nivel de violencia e inseguridad.

Cualquier alza, por leve que sea, agrava la economía de los aguascalentenses y esto se convierte en una situación oscurecida, espinosa, principalmente para las familias  que tienen un ingreso mínimo, por lo que tiene que cuidarse de no agravar más la situación, que aún cuando los gobernantes pretenden resolver los asuntos que les atañen, deben anteponer la tranquilidad ciudadana.

GÓMEZ VILLANUEVA

Días después de que el peruano Mario Vagas Llosa dijo durante el coloquio entre intelectuales que tuvo lugar el uno de septiembre de 1990, que “la dictadura perfecta es México”, debido a la permanencia del PRI en el poder, el político aguascalentense Augusto Gómez Villanueva dejó en claro la equivocación del escritor. Durante una gira de proselitismo por el municipio de Jesús María, pidió a este Diario ser el conducto para responder, al citar que el visitante desconocía el sistema democrático mexicano, que transformó la Revolución de 1910 en un gobierno legítimo, que se renueva cada seis años mediante procesos electivos, en el que participan partidos de diversas corrientes del pensamiento, por lo que hacía falta que profundizara en la realidad de México y que, a diferencia de otros países, en todo ese tiempo no ha tenido asonadas militares. El mismo numerito lo repitió Vargas Llosa hace unas semanas, al citar que el gobierno de López Obrador es una “dictadura perfecta”, en función “del populismo que parece realmente la ideología del actual presiente de México”. Lo que no menciona Vargas Llosa es su fracaso como aspirante a presidente de Perú, al ser derrotado por Alberto Fujimori en 1990, de lo que responsabilizó a partidos derechistas, a los empresarios, algunos medios de comunicación y periodistas y al pueblo que no supo apreciar su valía, pero en lo personal no aceptó ninguna responsabilidad, además ya olvidó su admiración a Fidel Castro, al dedicar en 1962 “Crónica de la Revolución Cubana” y más tarde participar de la Casa de las Américas, la casa editorial de la Revolución castrista. Esas son las distintas caras del Premio Nobel de Literatura.

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