Salvador Rodríguez López

El Heraldo cumple este 8 de octubre 65 años al servicio de la sociedad, lapso en el que ha sido testigo y cronista de las evoluciones que registran Aguascalientes, la República Mexicana y el mundo; cambios que hoy exigen plena justicia social, mayor seguridad pública y mejores condiciones para el crecimiento en todos los ámbitos.

Al echar un vistazo en retrospectiva se aprecia que debería haber superiores escenarios de vida para todos, en función de los adelantos tecnológicos, nuevos descubrimientos en la medicina y leyes que amplían el marco de participación colectiva e individual, pero desgraciadamente persiste la pobreza, la marginación en sus diferentes sentidos, familias que no tienen acceso a los servicios básicos, trabajadores que ganan de uno o dos salarios y miles de hombres y mujeres que laboran en la informalidad, por lo que tienen escasas posibilidades de desarrollo personal y familiar.

En 1954 apareció el primer ejemplar de El Heraldo. Era un viernes y los habitantes de la entonces tranquila ciudad de Aguascalientes arroparon desde entonces al recién llegado mensajero. Como se estilaba entonces, la información se presentaba sintetizada por lo que cada plana era profusa en notas y acompañadas de las fotografías correspondientes.

El fundador y primer director de este Diario, Mauricio Bercún Melnic, supo guiar el periódico hasta lograr su consolidación. Enfrentó embates de la competencia, que llegó incluso a comprar la edición completa para que no circulara, pero él, personalmente, se encargaba de supervisar la entrega a distribuidores y voceadores y cuando sabía de un tejemaneje ordenaba imprimir otro lote de ejemplares que en poco tiempo estaba en la calle.

Los principios que cimentaron a El Heraldo se mantienen incólumes bajo la guía del actual director general Mauricio Bercún López y del director corporativo Mauricio Andoni Bercún Marín, con la participación de la subdirectora-gerente Irma Ramírez Guzmán, que han hecho las adecuaciones necesarias para que siempre esté actualizado.

Las condiciones existentes no son lo bonancible que se quisiera en función que la economía no pasa por su mejor momento, lo que inevitablemente impacta a los medios informativos con la reducción de publicidad que tradicionalmente ordenan las empresas, pero no es óbice para que siga intacta la calidad noticiosa.

En una fecha tan especial para este Diario, sólo queda extender un reconocimiento a los que han sido parte de esta aventura y a quienes actualmente coadyuvan en su publicación –directivos, redactores, colaboradores, publicistas, proveedores, sostenedores y voceadores-, ya que con su esfuerzo hacen posible que El Heraldo se mantenga en la preferencia social.

DESASOSIEGO

Los jubilados y pensionados ferrocarrileros están en total confusión ante la falta de información sobre la vigencia de sus derechos contractuales, tanto de su pensión como de los pagos que deben recibir sus familiares luego de su fallecimiento, ya que el director de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, Tomás Orozco la Roche, en un escueto escrito hace referencia únicamente al pago de la pensión mensual y al “pago por fallecimiento” (antes seguro de vida).

Lo anterior hace crecer el temor de que les nieguen los demás alcances como el “pago de marcha”, apoyo para funerales y una pensión y servicios de seguridad social para la viuda o el familiar designado, entre otros.

Además, desde el año 2000 existe una reforma al contrato que creó el Fideicomiso que se encarga del pago de las pensiones y jubilaciones, que menciona que ese pago será “hasta donde alcancen” los recursos.

De la suma que entregó el Gobierno Federal para el pago vitalicio de jubilaciones y pensiones se desconoce cuánto queda y aunque existe un ley que expidió el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de que la Secretaría de Hacienda sería solidaria con los alcances y provechos que estuvieran pactados entre la empresa y el Sindicato Ferrocarrilero, no existe certeza de que se respeten dichos acuerdos.

Sobre el particular, el entonces senador Gabino Cué Monteagudo presentó el 21 de noviembre de 2006 un punto de acuerdo ante la Cámara de Senadores, en que destaca que para garantizar el pago vitalicio de esos pagos y demás prestaciones, el 19 de febrero de 1997 se celebró un contrato a fin de crear el Fideicomiso denominado FERRONALES JUB 50 12-6, actuando como fideicomitente Ferrocarriles Nacionales de México y como fiduciaria Nacional Financiera S.N.C. cuyo capital inicial se constituyó con un depósito de 50 mil millones de pesos hecho por la empresa y por la transferencia realizada por la Tesorería de la Federación por un monto de 13 mil 529 millones 700 mil pesos, producto de la licitación de las redes ferroviarias.

El problema devino el 17 de diciembre de 1998 al celebrarse un convenio modificatorio al contrato que crea el Fideicomiso citado, para cambiar la finalidad del mismo, autorizando que los recursos puedan ser destinados al otorgamiento de créditos al Gobierno Federal, por lo que el 30 de diciembre del mismo año de 1998, la Tesorería obtiene un préstamo del Fideicomiso por 13 mil 500 millones de pesos, por un período de 30 años y a una tasa de interés de 6%, la cual difiere a la que el capital social devengaba en Nacional Financiera S.N.C, que era de 19%,

El 24 de agosto de 1999 el Sindicato Ferrocarrilero celebra un contrato laboral con Ferronales, cuya cláusula prevé la constitución de un fondo de pensiones y jubilaciones, y en el cual, presumiblemente, se aprobó una transferencia de 498 mil millones de pesos al mencionado Fideicomiso, como lo muestra el oficio 340 A 1889 de fecha 14 de septiembre de 2000 emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

El 26 de diciembre de 2000 se llevó a cabo otra modificación al contrato que crea el Fideicomiso, pero esta vez en su totalidad, presentando una redacción distinta a la cláusula cuarta, para quedar como sigue: “La finalidad de este Fideicomiso es construir un mecanismo a través del cual se realice la administración de los recursos del Fideicomiso hasta donde alcancen para el pago de de los fideicomisarios de las pensiones jubilatorias y demás conceptos previstos en dicho contrato”.

Gabino Cué resalta en el documento que “derivado de los préstamos otorgados al Gobierno Federal y la poca claridad en las amortizaciones de los intereses al capital social, a la utilización de los recursos para fines distintos al pago de pensiones de los jubilados y a la creación de otros fideicomisos con cargo al capital social de Fideicomiso en comento, se ha generado un ambiente de desconfianza e incredulidad de que el patrimonio del referido disponible, que al 30 de junio de 2006 asciende a 10’509,957,969.35 pesos, sea suficiente para cubrir el pago de las jubilaciones y prestaciones a las que tienen derecho tanto los trabajadores como los ex trabajadores”.

Cita también en ese momento lo que continúa siendo actual, que existen denuncias e inconformidades por parte de los jubilados y pensionados “por presunta desviación de recursos para fines diferentes a pagos de las pensiones, y por presuntas irregularidades en su funcionamiento, manejo y administración de capital del fideicomiso, así como de la fidedigna integración del padrón de beneficiarios de dicho fideicomiso y las cantidades que perciben por concepto de jubilación”.

Por último, menciona que la opacidad en el manejo, la administración y el destino de los recursos del Fideicomiso “han generado en los ex trabajadores la suspicacia y la incertidumbre por la liquidez y viabilidad futura del mismo”.

En varias ocasiones la Cámara de Senadores ha solicitado información sobre el destino de dichos recursos y sobre su manejo, pero siempre se ha estrellado con el desdén de quienes tienen la obligación de informar puntualmente qué ha sido de ese dinero y si el Gobierno Federal ha restituido los préstamos que recibió del Fideicomiso.