Seis de cada diez adolescentes vinculados a proceso penal por conductas delictivas están asociados con el tema de drogas, informó la presidenta del Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castorena.
En orden de importancia pero con un gran diferencial se ubican conductas de robo calificado con el 11.8 por ciento, así como de violación equiparada con el 7.1 por ciento, según datos estadísticos correspondientes a los primeros tres trimestres del año, agregó.
En entrevista recordó que la medida de seguridad máxima aplicable a quienes han incurrido en conductas constitutivas de delitos y aún no alcanzan los 18 años de edad, es de cinco años según lo dicta la ley.
En ese sentido, recordó que el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes es garantista y tiene por objetivo que los menores de edad acusados de algún delito tengan acceso a un juicio justo en el que se respeten siempre sus derechos fundamentales.
Pero además a que, en caso de resultar responsables, asuman las consecuencias de sus actos pero a través de la educación y la reintegración social y familiar.
Esto implica que los adolescentes deben ser conscientes del daño que han ocasionado con su proceder, también obligados a reparar el daño a la víctima y responder por la comisión de un delito.
Sin embargo, para ello son objeto de un trato especial y diferenciado por ser su situación emocional y cognitiva distinta de los adultos; se trata de un tema de equidad en la paliación de la ley.
Esto debido a que es necesario entender y ajustar la realidad de los menores de edad a los procedimientos legales, y en razón de que el adolescente ya no es un niño pero tampoco un adulto independiente.

LA APLICACIÓN DE LA LEY DISTINGUE TRES GRUPOS ETARIOS:

  • De 12 a menos de 14 años
  • De 14 a menos de 16 años
  • De 16 a menos de 18 años