Ayer, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Martha Márquez Alvarado presentó iniciativa de reformas al Código Penal Federal, para aplicar sanciones más severas a los padres desobligados.
Además, se busca que las investigaciones y denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias no prescriban, y que en los casos que se compruebe dolo en el estado de insolvencia, las obligaciones alimentarias sean retroactivas.
En el documento se plantean reformas a los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos:
Artículo 336.- Al que sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge, sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión, o de 200 a 380 días multa; privación de los derechos de familia, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Artículo 336 Bis.- Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a tres años. El juez resolverá con diligencia y celeridad la aplicación del producto de trabajo que realice el agente a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste.
La legisladora destacó la importancia de fortalecer el derecho a la pensión alimenticia, con lo que busca otorgar beneficios sociales y de salud a las madres de familia y la niñez.
Asimismo, durante su intervención, la senadora y también integrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, refirió que el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho fundamental a recibir alimentos, aunado a que la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias de la que México forma parte, señala el derecho de niñas, niños y adolescentes de vivir en condiciones de bienestar.
Finalmente, lamentó que haya quienes no demanden la pensión por temor a represarías, cuando la Ley protege el bienestar de los menores. Consideró que hace falta crear más conciencia sobre la importancia de exigir este derecho, y se buscarán diversas vías para hacerlo.