Mientras la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado contempla sanciones de 30 a 180 días por maltrato al adulto mayor, el Código Penal ahora castiga el abandono con uno a cuatro años de prisión, además de 50 a 100 días multa.
Se infringe el primer ordenamiento citado, al realizar cualquier acto que implique abandono, desamparo, discriminación, humillación, burla o mofa hacia los adultos mayores; realizar cualquier actividad que implique abuso, explotación o maltrato.
Impedir injustificadamente que los adultos mayores permanezcan en su núcleo familiar; no proporcionarles los cuidados necesarios cuando se tenga el deber de hacerlo; y negar o impedir injustificadamente el acceso a los diferentes servicios a que tienen derecho.
Las infracciones a las disposiciones de esta Ley se sancionarán con: amonestación y multa de 30 a 180 días de salario; la aplicación de las sanciones estará debidamente fundada y motivada y será independiente de la ejecución de otras sanciones de índole civil o penal a que hubiere lugar.
La Ley protege al adulto mayor en situación de riesgo o desamparo, con problemas de salud, abandono, falta de apoyos económicos, carencia de apoyo familiar, víctima de contingencias ambientales o de desastres naturales, que requiere la asistencia y protección del Estado, los municipios y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Los adultos mayores tienen derecho a la integridad, dignidad y preferencia; a una vida de calidad, libre de violencia, maltrato físico, psicológico, económico, sexual o de abandono, discriminación, con la finalidad de asegurarle respeto a su integridad física, psicológica y afectiva.
Asimismo, a la protección contra toda forma de explotación; a recibir protección por parte de la familia y de las instituciones estatales y municipales de manera preferente, para mejorar progresivamente las capacidades que le faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad; a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos, preferentemente cerca de sus familiares.
En cuanto las últimas reformas del Código Penal del Estado, aprobadas apenas el pasado día 18, las sanciones se aplican por la exposición de menores incapaces y adultos mayores, por dejarlos en total vulnerabilidad o abandono.
En el artículo 133-A, se establecen de uno a cuatro años de prisión, además de 50 a 100 días de salario de multa, la pérdida de la patria potestad o ser destituido de la tutela, según corresponda el caso.