El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que más de 70 organizaciones de la sociedad civil mexicana y especialistas impulsaron desde el año 2014 a través de la Coalición Movilidad Segura, informó el alcalde de la Bicicleta Aguascalientes, Josafat Martínez de Luna.

El activista comentó que dicha publicación marca el inicio de un plazo de 180 días establecido para la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, el cual deberá coordinar la participación de los tres órdenes de Gobierno y contar con la colaboración de la sociedad civil para construir y publicar una Estrategia nacional de movilidad y seguridad vial en 365 días.

Asimismo, dijo que se deberá realizar la armonización legislativa desde el Congreso de la Unión y de las leyes Estatales de Movilidad, Transporte y/o Seguridad Vial en un plazo de 180 días, lo cual incluye la revisión de los reglamentos locales de tránsito en apego a lo establecido por la Ley General, para limitar las velocidades permitidas en calles secundarias a 30 kilómetros por hora y a 50 kilómetros en calles primarias de todo el país, prohibir niveles de alcohol en conductores por encima de 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre; el uso obligatorio de casco en usuarios y pasajeros de motocicleta y el uso obligatorio de cinturón de seguridad en todas las personas ocupantes de vehículos, así como de sillas de retención infantil para niñas y niños. Todas estas disposiciones responden a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Recordó que actualmente Aguascalientes cuenta con su Ley y Reglamento de Movilidad, las cuales se necesitan armonizar con la actual Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que fueron trabajados desde la Coalición Movilidad Segura a la cual pertenecen los distintos colectivos ciclistas. “Esta Ley constituye un sustento para que las autoridades enfoquen su trabajo y esfuerzos en salvar vidas en las calles y carreteras de nuestro país, para garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito, para gozar de calles seguras que no representen un peligro para las personas que día a día nos trasladamos por cualquier motivo”.

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