Víctor Hugo Granados Zapata

Como cada año, el 2 de octubre recordamos uno de los crímenes de estado más relevantes de nuestra historia contemporánea, la matanza de Tlatelolco en 1968. La represión estudiantil fue brutal, entre miembros del ejército y fuerzas especiales de la Presidencia, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó asesinar y encerrar a estudiantes que se manifestaban por la brutalidad policiaca, buscando el respeto a la autonomía universitaria y sobre todo por sus compañeros estudiantes a quienes se les juzgó y procesó por ir en contra de la ideología del Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión vamos a reflexionar sobre los compromisos pendientes con las y los estudiantes, desde la promoción de la libertad de expresión, pasando por el uso discrecional de las fuerzas armadas y finalmente con el aseguramiento de la protesta sin represión. ¿Realmente no hemos olvidado del 2 de octubre de 1968?

De la matanza de Tlatelolco podemos identificar dos factores que exponen a la fragilidad de la gobernabilidad del Estado: el uso del aparato judicial para “adecuar” expedientes y el uso de las fuerzas castrenses para llevar a cabo tareas que no les corresponde. En el libro Biografía Judicial del 68 del Dr. José Ramón Cossío Díaz se expone de manera detallada cómo se adecuaron expedientes y se elaboraron las averiguaciones previas (actualmente “carpetas de investigación”) en contra de estudiantes y extranjeros por delitos como sedición, traición a la patria, disturbios públicos, tráfico de armas, etc.; sin embargo, todos ellos tenían un común denominador y es que pertenecían o eran afines al Partido Comunista Mexicano. En este mismo sentido, el uso inadecuado de los militares se ha ligado a la represión estudiantil, no solamente con el caso del 68 ya que tenemos 7 años buscando a 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, cuyo último paradero fue en un batallón de infantería del ejército ¿la clase política realmente no se ha olvidado del 2 de octubre?

Desafortunadamente, la represión persiste a pesar de que cada administración afirme que está defendiendo la libertad de expresión, lo anterior se debe a un factor en específico: el miedo al cambio. Si volvemos al contexto del 68, la persecución judicial se concentró en los estudiantes más “destacados” o “ligados” al Partido Comunista Mexicano, ya que el Gobierno temía una posible reacción o manifestación masiva que desestabilizara al oficialismo de aquel entonces. Actualmente, el temor se da por la exposición de redes de privilegio, la falta de capacidad de gestión y la omisión por parte de las autoridades. El ejemplo más cercano lo tenemos con el arresto de 95 estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ya que éstos se manifestaron en contra de los lineamientos para el examen de ingreso al ciclo escolar actual (buscaban la aplicación del examen de forma presencial). Lo anterior detonó que el morenista Rutilio Escandón, gobernador de dicha entidad, mandara a la fuerza policial a detenerlos, quienes (según un reportaje realizado por Almudena Barragán del periódico El País) fueron maltratados física y psicológicamente durante el tiempo que estuvieron detenidos. Asimismo, las amenazas no han faltado por parte de esta administración federal, ya que Raquel Sosa, titular del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el pasado 20 de septiembre en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, señaló ante la comunidad estudiantil y docente que “Ya sabrán de nosotros” en caso de que decidieran manifestarse por la falta de recursos, diálogo institucional y pago de salarios en dicho plantel, lo anterior mientras se retiraba de las instalaciones del evento sin atender al diálogo. Así el trato institucional a las y los estudiantes.

El ejército hoy se disfraza de policía militar y se hacen llamar Guardia Nacional, la institución que está culminando la militarización de la seguridad pública en nuestro país. Con la llegada de la cuarta transformación, el aumento de tareas y prerrogativas que han tenido las fuerzas castrenses en el país ha sido enorme. Desde concesiones para construir aeropuertos, la entrega de los libros de texto gratuitos hasta el control de puertos y aduanas, prácticamente el ejército se ha vuelto el brazo operativo del Gobierno Federal. No busco generalizar la situación de todas las y los integrantes de dicha institución, sin embargo, su formación no va acorde a las nuevas funciones que se les están asignando y eso es preocupante, ¿no recuerdan que fue el ejército quien actuó, en coadyuvancia con fuerzas especiales, para matar y encarcelar estudiantes? ¿No es el propio ejército quien ha cometido violaciones a derechos humanos desde que comenzaron a patrullar las calles desde el sexenio de Felipe Calderón?

Hoy, 2 de octubre, veremos a muchas personas recordando el sacrificio de miles de estudiantes que padecieron de la represión, sin embargo, muchas de estas autoridades hacen caso omiso de las acciones que realiza cada administración. Aplauden la ampliación de tareas que tiene el ejército, condenan la protesta social y deciden taparse los ojos ante las desapariciones forzadas. Lo más triste es que este acto hipócrita también es compartido con sectores estudiantiles que deciden bajar la cabeza y adherirse al oficialismo, dándole la espalda a la lucha que generaciones de estudiantes han realizado para darle voz a nuestra comunidad, todo a cambio de promoción personal. Ojalá dichas figuras públicas opten por realmente recordar el 2 de octubre de 1968 y vean que no sirve de nada realizar eventos o hacer publicaciones recordando dicho suceso, se necesita alzar la voz ante las injusticias que afectan a nuestra comunidad, porque aún persiste la represión en nuestro país y eso no se combate en un solo día. La deuda aún sigue y mientras que el recuerdo continúe jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio.