En el municipio capital, funcionan 194 cámaras de videovigilancia conectadas al C4 y hay ocho cámaras adicionales en reserva. En los últimos dos años, se han cambiado 35 cámaras, por presentar daños o ser objeto de vandalismo.

El coordinador del C4 Municipal, Juan Alberto de Loera, se negó a informar sobre el número de cámaras por sector, argumentando cuestiones de seguridad, aunque señaló que se han colocado más aparatos en las colonias que se consideran focos rojos, por su elevada incidencia delictiva.

Dejó en claro que se rigen por la Ley de Videovigilancia del Estado, porque no hay normatividad municipal del ramo, en el entendido de que el Ayuntamiento capital está facultado para integrar un Consejo Municipal de Videovigilancia, cuya resolución pueda tener efectos en su demarcación territorial. Asimismo, podrán realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la citada Ley, debiendo informar cualquier irregularidad al Comité.

La instalación fija de videocámaras por la autoridad será comunicada al Comité, a efecto de que éste lleve el registro de las mismas y el seguimiento y destino de las imágenes y audio que se obtenga, así como de la supervisión del uso adecuado de ésta y de las grabaciones que se obtengan.

Comentó que queda prohibida la instalación fija de videocámaras en instalaciones y lugares en los que se vulneren los derechos fundamentales de alguna persona. “El Comité podrá ordenar el retiro de videocámaras que contravengan lo anterior”.

Toda persona tiene derecho a que se le informe en qué lugares se realizan actividades de videovigilancia y qué autoridad o prestador de servicio de seguridad privada las realiza; para tal efecto, se deberán colocar anuncios pictográficos que contengan la leyenda ‘ESTE LUGAR ES VIDEOVIGILADO’, el nombre de la autoridad o prestador de servicio de seguridad privada que realiza dicha actividad, y en caso de realizar grabaciones, el término en que se destruirán, así como indicar los derechos de acceso, rectificación y oposición que se pueden ejercer.

“No será necesario señalar el lugar específico en que se ubica el equipo de grabación. En cuanto a las multas, se aplicarán de 200 a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al prestador de servicio de seguridad privada que participe en la difusión de grabaciones obtenidas; la misma sanción se aplicará al que no proporcione grabaciones a la autoridad correspondiente”.