RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

¿Sabe usted cuántos Palacios de Gobierno han sido quemados por turbas enfurecidas de ciudadanos?

Así, a vuelo de pájaro, recuerdo que a mediados de los sesenta, fue incendiado el Palacio de Gobierno en la Ciudad de Durango. La gente enardecida apedreó y luego prendió fuego al histórico edificio público. Al día siguiente el Presidente Gustavo Díaz Ordaz “ordenó” al Congreso que declarara la desaparición de poderes en Durango. También en los sesenta fue quemado el Palacio de Gobierno de Michoacán, y en 1975 los ciudadanos quemaron el Palacio de Nayarit, siendo gobernador Alejandro Gazcón Mercado, del Partido Popular Socialista.

En 1960, con Salvador Nava, quemaron el Palacio de San Luis Potosí y ese mismo edificio fue incendiado en 1992, siendo gobernador Fausto Zapata.

Todo tiene una razón de ser. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Guerrero, lo que ya hemos visto en Michoacán, lo que ha sucedido en Tamaulipas y ahora mismo está ocurriendo, así como en otros estados, no es obra de la casualidad. Si la ciudadanía se levanta en contra del Gobierno, presa de la ira, es porque se siente agraviada, es porque está harta de tantas infamias que en su contra han cometido sucesivos gobiernos.

Ciertamente, para un gobernador no hay humillación más devastadora que ser sacado violentamente de Palacio de Gobierno.

A veces, los levantamientos sociales han sido espontáneos; a veces, por conflictos prefabricados desde lo más alto de la pirámide del poder, como en el caso de Carlos Armando Biebrich en Sonora. Pero en el fondo, siempre es porque hay un malestar social a flor de piel que permite que con cualquier empujoncito externo reaccione la sociedad.

Esta colaboración la escribo a principios de la última semana de octubre debido a que salí fuera de la ciudad y necesitaba dejarla lista para su publicación, lo aclaro porque puede haber novedades en los últimos días que no coinciden con esto. Como reguero de pólvora circuló el lunes 27 la versión de que habían sido hallados en un basurero los 43 normalistas desaparecidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

Por otra parte, también se me había dicho que el Presidente Enrique Peña Nieto dirigiría un mensaje por televisión a todo el país. Escuché parte del discurso. Nada para sorprender. Creo que lo más destacable fue su precisión de que no se puede exigir justicia desde la ilegalidad. Y es que en esto todos estamos de acuerdo. Unas horas antes, yo había escuchado en el noticiario de Denise Maerker, un fragmento de una convocatoria que uno de los normalistas que protestaba dirigió a la población de Chilpancingo. El aspirante a maestro hablaba desde la cabina de una radio que habían tomado por la fuerza, que se concentraran en equis centro comercial.

Claramente advertía que “vamos a saquear estos negocios y a regalar las cosas a la gente que vaya pasando por aquí”. Los normalistas están perdiendo lo ganado. Desde luego, se desea que encuentren a los muchachos, y que los encuentren vivos. Pero usted estará de acuerdo en que esto es una quimera.

Hace más de un mes que desaparecieron. De estar vivos y secuestrados, requerirían grandes cantidades de alimento. Y estas cosas suelen ser visibles para la gente.

Hay cientos de elementos de las fuerzas federales investigando, buscando, con más de treinta días transcurridos, era para que hubiese alguna pista.

El mismo lunes, después del mensaje del Presidente Peña, el procurador general de la República dio una conferencia de prensa. Ya no quise escucharla. Eran avances, no conclusiones. Claro que igual que usted y que muchos otros mexicanos, yo espero que de un momento a otro surja la noticia de que ya aparecieron.

Esto puede ser hoy, mañana o tal vez dentro de un mes o de un año. ¿Cómo saberlo? Incluso, pudo haber sido anoche, hoy en la madrugada. Lo cierto es que en torno a este drama, han aflorado historias espectaculares. Ahora sabemos que en una amplia región de Guerrero se sabía desde hace años que el alcalde de Iguala y su esposa formaban parte de un grupo delincuencial.

Sobre el munícipe José Luis Abarca, se tejían historias tenebrosas. Aún más: A su esposa le achacaban la muerte de un líder social con quien tuvo un fuerte enfrentamiento verbal. Y mientras la podredumbre sigue aflorando en Iguala, en Chilpancingo se llevó a cabo sin mayores problemas el relevo en el Gobierno del Estado. Ha tomado posesión un hombre con un gran prestigio académico, izquierdista, sobreviviente de la guerra sucia de los años sesenta, siendo dirigente estudiantil en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Salvador Rogelio Ortega Martínez –no es consanguíneo de nuestro paisano Jesús Ortega Martínez, ex dirigente nacional del PRD, conste– es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Toda su vida laboral ha sido académico y funcionario de la UAG. No tiene antecedentes políticos y ciertamente no se piensa que le guste la política porque fueron los políticos los que hicieron que fuese secuestrado siendo estudiante y mantenido desaparecido durante cuatro días.

Parte de su historia muestra que su mamá, una virtuosa maestra guerrerense, iba a recibir un reconocimiento de manos del entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa.

Ella tomó el micrófono y le dijo a Figueroa: “Le cambio el reconocimiento por mi hijo, sano y salvo”.

Ese mismo día, Salvador Rogelio Ortega Martínez regresó a casa.

Llega este académico a sustituir a Ángel Aguirre y creo que su designación ha sido bien recibida por todos.

De entrada, habló del estado de derecho y de que la ley se aplicaría por igual.

Lo más grotesco de todo esto, es la desvergüenza de algunos políticos de la izquierda, aunque no cantan mal las rancheras los de la derecha y centro-derecha.

Y es que mientras en Guerrero la sociedad sigue sumida en la confusión y el miedo, en la Ciudad de México, el domingo en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador se envolvía en la bandera de la pulcritud política y negaba toda relación con el alcalde prófugo de Iguala.

Me sorprendió ver a López Obrador desesperado por hacerse creer. Quería convencer a los miles de simpatizantes que lo rodeaban de que él no conoce a José Luis Abarca. Lo curioso es que a nadie le importaba maldita la cosa si lo conocía o no. A nadie se le puede escapar que en tratándose de política, ningún candidato puede eludir tomarse una foto con un seguidor, con un candidato a regidor, a diputado local, a presidente municipal.

De hecho, todos los candidatos presidenciales del PRI, del PAN y del PRD, en algún momento se han visto en aprietos cuando alguien sube a las redes sociales una foto donde aparece el candidato abrazándose con algún tipo que después resultó tener cuentas pendientes con la justicia por tal o cual delito.

Estos son los riesgos de la democracia, de las campañas político-electorales.

Y esto, precisamente, deben de tenerlo muy en cuenta los que hoy le están echando a la cara reclamos de esta naturaleza a AMLO, quien, en efecto, no salió bien librado de su intento por deslindarse, cuando hay fotos que lo muestran levantándole la mano a Ángel Aguirre, mientras del otro lado, el propio Gustavo Madero, entonces dirigente del PAN, le levanta la otra mano al hoy defenestrado ex mandatario de Guerrero. Como sea, todo indica que el Gobierno de Peña Nieto aspiró hondo, contó hasta diez y decidió reposicionar su postura. Y dijo lo que todos esperábamos que dijera: Que nadie puede exigir justicia desde la ilegalidad. Ésta es una advertencia para los líderes radicales que le están echando a perder su lucha a los normalistas. Y sería una lástima que esto ocurriese.