Salvador Rodríguez López

Pareciera ocioso cuestionar el papel que tiene la sociedad en un programa de gobierno, porque se presume que al anunciarse su realización es porque ya lo conoce, que se socializó y está de acuerdo, pero cuando se aplica la vieja regla de que primero actúo y luego salgo a torear las discrepancias es porque existe plena confianza que al final se impondrá el criterio oficial.
Hace unos días, en este mismo espacio se mencionó que comerciantes de la avenida Adolfo López Mateos estaban en contra de la forma de actuar de los funcionarios, que enviaron a unos trabajadores a informarles que se crearían carriles exclusivos para el transporte urbano y de manera general indicaron en qué consistía el proyecto, pero al inquirirles que despejaran las incertidumbres se comprometieron a que más adelante se daría atención a todas sus inquietudes, lo que naturalmente no ha sucedido.
En lugar de ello se hizo público que este mes arrancan las obras, para lo cual se cuenta con la aprobación de las agrupaciones constructores, arquitectos y urbanistas, lo que es algo lógico puesto que sus socios tienen una relación en este tipo de labores, pero no representan a toda la colectividad, sólo son parte de ella y por lo mismo no puede considerarse que por su aquiescencia ya está dicha la última palabra.
Innegablemente que no puede existir oposición a que mejoren los servicios públicos y con mayor razón cuando se trata de los autobuses urbanos, que se dice, contará con ramales en las principales calles de la zona metropolitana, con cruceros seguros, paraderos adecuados y alumbrado, además tampoco habrá rechazo a una inversión de mil millones de pesos, que como derrama beneficiará a cerca de cuarenta actividades económicas.
Lo que no se acepta es que sin abrir una consulta popular se aplicó la fórmula tradicional, lo que trae sumamente inquietos a los comerciantes de López Mateos y calles aledañas, porque saben que por el tiempo que duren los trabajos las ventas se desplomarán. No se fían de la promesa de que no habrá afectaciones, puesto que es exactamente lo mismo que han dicho en diferentes administraciones cuando llevan a cabo una acción de esa naturaleza y luego vienen los cierren de negocios y pérdida de empleos, ya que resulta materialmente imposible que los clientes pasen entre zanjas y escombros a realizar sus compras.
Lo anterior ha obligado a solicitar que se destine una partida especial para indemnizar a los negocios, como una forma de preservar las fuentes de trabajo, pero pasan los años y no hay respuesta, por lo que existe sobrada razón de lo que plantean.
Su exigencia no es cosa del otro mundo, simplemente que antes de iniciar las faenas la Dirección de Movilidad convoque a reuniones públicas para conocer el proyecto integral y se disipen todas las dudas que tengan, entre ellas el tiempo de duración, que por regla general se alarga dos o tres meses más de lo previsto.
Podría perjudicarse no sólo a quienes están en ese trayecto sino a todos los comercios que están en las demás arterias, que son alrededor de cinco mil, teniendo en cuenta que la avenida ALM es el nervio vital del tránsito en la zona centro. Con cerrar uno o varios tramos es más que suficiente para que se colapse la circulación y más cuando permanezcan obstruidos por un tiempo.
Por lo que se mencionó en la conferencia de prensa, está todo dispuesto para llevar a cabo los cambios, consecuentemente a la par que el zapapico entra en acción se explicará a los descontentos en qué consisten los trabajos.

NUEVAS REGLAS
Quién lo iba a decir, que de afuera vendría la exigencia a las autoridades para que aplique reformas al marco jurídico que regula las relaciones internas de los sindicatos obreros, algo que por décadas se ha exigido y es hasta ahora en que, por el acuerdo trilateral con Estados Unidos y Canadá, en el marco del renovado Tratado de Libre Comercio, México tiene que cumplir esta obligación.
Uno de los puntos acordados entre los tres gobiernos está la creación de un consejo laboral en el que participen los ministros de comercio y del trabajo de los tres países, quienes se encargarán de evaluar cada dos años el cumplimiento de los puntos establecidos.
Al entrar en vigor el Tratado, que será a partir de la aprobación de las legislaturas de Canadá, Estados y México, el gobierno mexicano se compromete a garantizar a los trabajadores la libertad de asociación, la eliminación de todas las formas de trabajos forzados u obligatorios, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
Asimismo, se incluyen reglas para proteger a los trabajadores migrantes, tema que fue parte importante en el debate, por lo que se otorga una personalidad jurídica al ser reconocido por las leyes laborales.
Se incluyó en el acuerdo que en caso de que el incumplimiento de medidas laborales y medio ambientales afecte al comercio de la región, se podrá iniciar una controversia, la cual implica la instalación de un panel, punto que debe ocupar y preocupar a México para evitar que las otras partes busquen imponer sus razonamientos que sólo pretendan cuestiones proteccionistas.
Los acuerdos presionarán a México para que haga cambios a leyes y reglamentos y afiliarse a los convenios internacionales, lo que debe concretarse antes del 1 de enero de 2019, por lo que tendrá muy poco tiempo para hacerlo ya que la firma del convenio entre los presidentes de México y Estados Unidos y el primer ministro de Canadá aún no tiene fecha, aunque los congresos de los tres países ya cuentan con una copia del documento que les permite avanzar en su análisis y probable aprobación.
Aunque todo lo previsto en el renglón laboral es muy importante, ocupa especial atención la libertad de asociación, en función que históricamente ha sido un obstáculo para los trabajadores. Las condiciones de afiliación les son impuestas desde el primer día de trabajo, por lo que en contados sindicatos se permite la libre elección. La práctica común es que una camarilla sea la que nombre al dirigente, que resulta agraciado con el voto “unánime”, ya que el o los que estén en contra saben que al hacerlo están firmando su despido.
Finalmente, del exterior llega la respuesta a favor de una añeja demanda y que al entrar en vigencia será vigilada muy de cerca por los promotores de la reforma, además de que en lo sucesivo habrá un espacio internacional para presentar las denuncias que se susciten cuando exista violación a los derechos sindicales.
Más allá del pro y contra que tenga el nuevo Tratado, es evidente que los obreros mexicanos reciben un apoyo invaluable, el cual no alcanzaron con marchas ni huelgas.

DECISIÓN ACERTADA
Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Pedro Gutiérrez Romo, es positivo el acuerdo del gobierno estatal de eliminar el esquema de fondo perdido para emprendedores, al considerar que es una figura que equivale “a tirar dinero a la basura”, toda vez que luego de recibirlo “no hubo negocio, ni devolución y tampoco crecimiento económico y muchos menos ocupación, ni siquiera para autoempleo”. Este recurso salía del Impuesto Sobre la Nómina (ISN), que en un principio se consideró necesario para impulsar a empresas que requerían de apoyo pero con el tiempo se desvirtuó al grado que desde su punto de vista pudo haber sido una estafa, por lo que es importante regresar al origen y que sea únicamente para los fines establecidos. Lo único que cabe es que quien participe en el proceso económico se comprometa a devolverlo en el tiempo previsto, con lo que se acaba la idea que es “dinero regalado”, puesto que es una bolsa que proviene de los impuestos que pagan todos los habitantes y por lo mismo debe tener un provecho colectivo.