José María León Lara

Previo a la reforma al artículo 69 constitucional en el año 2008, el Presidente de la República se encontraba obligado a asistir ante el Congreso de la Unión a rendir un informe anual sobre el estado general de la administración pública federal. Fecha acostumbrada para el día primero de septiembre, en el marco de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año de ejercicio del Congreso; sesión solemne de congreso general, en la que tanto cámara como alta como cámara baja, sesionan en conjunto.
Más allá del día de entrega formal del informe presidencial, era una fecha significativa dentro de la liturgia cívico-política de México, mejor conocida como el “día del presidente”. Basta con recordar la solemnidad con la que era recibido en el recinto legislativo de San Lázaro el presidente en turno; en un evento repleto de simbología y parafernalia política, dónde el titular del Ejecutivo era prácticamente elevado a los altares de la patria, a través a aplausos cómplices y complacientes.
Lo que en la práctica no era otra cosa más que una especie de falsa apoteosis, de quien fungía en su momento como inquilino de Los Pinos; ya que quienes hacían posible tan grotesco insulto eran los propios del partido político del señor presidente. Algo que quizás hoy en día suene inclusive extraño y exagerado, ya que de algún modo u otro, el quehacer democrático de este país ha ido evolucionando, tanto a través de sus instituciones como de la sociedad civil.
El ya conocido “cambio” que llegó en el año 2000 para terminar con el sistema hegemónico, fue el precursor para que la figura reverencial del tlatoanismo, se fuese adaptando gradualmente a la realidad que vivía el país entero y no únicamente la de la clase política mexicana. Sin embargo, el cambio debía darse gradualmente, ya que el fortalecimiento de otros frentes políticos en la época, dejaba entrever lo poco preparado que se encontraba el país, para una transición real.
Siendo cierto también, que la coyuntura política del momento, daba voz a quien antes no la tenía, muchas veces malgastando este derecho, bajo la bandera de la oposición, muchas veces sin fundamento y simplemente con el afán de desestabilizar. Más esto no quiere decir que el gobierno de Vicente Fox fuese perfecto, pero es justo darle su lugar como el presidente que dio parte a la humanización de la figura presidencial.
Por tal motivo, mientras avanzaba el gobierno de Fox Quesada, el hecho de que el presidente tuviese la tribuna libre para su informe presidencial iba mermándose año con año. Pensemos ahora en su quinto informe de gobierno, recordado como el más corto de la historia, en el que solo pudo decir 65 palabras. Situación que desembocó en un cambio necesario, pero que al mismo tiempo fue seguramente un retroceso para nuestra democracia.
En una república democrática como la nuestra, es necesario e importantísimo el sistema de pesos y contrapesos, para que la separación de poderes funcione en realidad. El presidente debe comparecer ante el Congreso para dar un informe puntual de la administración pública; situación que debería ser un diálogo por el bien y la prosperidad de la Unión.
Lamentablemente ni el expresidente Calderón ni el presidente Peña, pudieron llevar a cabo ese diálogo; por un lado para evitar una fractura más evidente con la oposición, pero probablemente para salvaguardar lo que aun simboliza la figura presidencial, lo que comparado con el pasado resulta irónico.
A partir de diciembre tendremos nuevo presidente, quien además tendrá mayoría en el Legislativo. ¿Será el momento adecuado para que regrese el presidente al Palacio Legislativo de San Lázaro a presentar y rendir su informe?

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