Jesús Eduardo Martín Jáuregui

En democracia toda
unanimidad es sospechosa
Anónimo

La escena fue emotiva y conmovedora. Todos los senadores, los de elección y los de repartido (porque se los reparten por “méritos políticos” habían logrado lo que días antes parecía imposible: ponerse de acuerdo en la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional. Como diría Jorge Ibargüengoitia: hubo mucho gusto para todos, y no era para menos, por unanimidad el Senado de la República había aprobado la propuesta con algunas modificaciones relevantes (aparentemente), la dependencia de un Mando Civil, que puede ser Militar, y la sujeción a algunos controles que acoten su actuación. La reacción primera del presidente López Obrador -a su capricho- fue de molestia, sin asomo de duda dijo no estar de acuerdo y que se opondría a lo aprobado. “Soy perseverante” dijo, dando a entender que al no estar de acuerdo acudiría a maniobras para que la reforma no entrara en vigor. Sin embargo, con sorpresa, al día siguiente en su comparecencia lechera, felicitó al Senado y exhortó a que la Cámara Baja la aprobara tal cual para echarla a andar.
¡Todos contentos! Al menos la gran mayoría de los actores políticos mostraron su beneplácito por el acuerdo obtenido, muestra de civilidad, madurez, democracia, y quien sabe cuantas cosas más. ¿Sospechoso? ¿No sería todo un montaje para aparentar un acto democrático de lo que ya estaba pactado?
Vamos por partes, dijo El Destripador.
¿Qué fue lo más relevante de la reforma aprobada? ¿La creación de la Guardia Nacional? No, desde luego. La Guardia Nacional ya se encontraba prevista en la Constitución, por lo tanto no era necesario tocarla, bastaba como decía el propio texto constitucional, crear su ley reglamentaria, que, como toda ley que emane de la Constitución, tiene que ceñirse necesariamente a los postulados constitucionales, particularmente a los derechos fundamentales garantizados por la carta magna.
Entonces, ¿qué dice la letra pequeña de la reforma? ¿Hay algo misterioso, esotérico u oculto? Pues no, ni misterioso, ni oculto, ni esotérico, ¡Peligroso! ¡Terriblemente peligroso para la democracia! ¡Profundamente riesgoso para la libertad! ¡Lastimosamente atentatorio contra la República! ¿Será acaso algo peor que la delincuencia organizada? Desde luego. La delincuencia organizada pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad, el orden, pero deja subsistente la democracia, la paz social, las instituciones republicanas, la libertad en todas sus manifestaciones, etc. Las modificaciones constitucionales aprobadas ponen en riesgo todas las últimas.
La aprobación de la Guardia Nacional en sí, es lo de menos, la cuestión es que con ella se aprueba la permanencia “legalizada” del Ejército en las calles en sus labores “policíacas” y de la Marina en sus labores de “ejecutores”. La Guardia Nacional sólo será un “patiño” al servicio de quienes tomarán las decisiones tácticas y operativas, que será personal del Ejército.
Anteanoche vi una entrevista televisada del señor Alfonso Durazo (no confundirlo con el otro Durazo, el del Partenón). Este también tiene su Partenón sólo que en su tierra natal, un terreno y edificación que no hubiera podido adquirir con su sueldo acumulado de servidor público). En la entrevista le preguntaron cómo operaría la Guardia Nacional y aunque dijo que quedaban muchos puntos pendientes de aclarar, afirmó que tendrá todas las virtudes del Ejército, y que podía adelantar cómo está planeada la seguridad interior.
Durazo afirmó que el país ha sido dividido en 266 regiones, atendiendo a características físicas, poblacionales y de incidencia delictiva. De esas 266, ascienden a 17 las que son consideradas prioritarias, por ser las áreas en que más hechos delictivos se presentan, por ejemplo, Tijuana, Guadalajara, Tlajomulco… En cada sección habrá un grupo con un militar como jefe, en que participarán representantes de los estados, de los municipios, de las policías, y algunos más. En las reuniones de esos grupos se conocerán las situaciones de seguridad de cada sección, se analizarán y el jefe militar tomará la decisión de ¿cómo intervenir?, ¿con que cuerpos?, incluyendo la Guardia Nacional, y se iniciarán las acciones pertinentes.
En las consideraciones que justifican la reforma se han manejado muchas que son, como decía la lógica clásica, petición de principio. Se afirma que el Ejército garantiza el orden, la disciplina, el amor a la patria, la lealtad, la incorruptibilidad, el sacrificio, etc., etc… No es mi ánimo denostar al Ejército que ha dado, como institución, pruebas repetidas de lealtad, pero no olvidemos que del Ejército surgieron traidores a la lealtad al presidente Díaz, también al presidente Madero, y también al presidente Lázaro Cárdenas. Para nadie pasa inadvertido que el Servicio Militar Nacional ha sido una de las instituciones más corruptas en nuestro país y ha dependido exclusivamente del Ejército. La composición de muchas de las unidades militares depende de un reclutamiento más o menos laxo, siendo incluso refugio de algunos responsables de hechos antisociales que ven en el darse de alta un recurso para protegerse y semiocultarse en el anonimato del cuerpo militar. Para nadie es un secreto tampoco, el alto índice de deserciones que sufren los cuerpos militares.
Como en las medicinas, también en las leyes suele haber contraindicaciones. El costo del experimento que inicia el gobierno de la Cuarta, puede ser excesivamente caro para la convivencia democrática.
México ha sido sujeto de una dictadura de partido que asoló a los mexicanos por casi un siglo. Las libertades democráticas aparecían en el librito pero no en la vida social. Nadie como Abel Quezada para caracterizar aquella realidad: El chiste de la democracia en México, dijo, es que parezca pero que no sea. Los gobiernos de Acción Nacional, decepcionaron por una parte y convencieron, por otra, que no bastaba la alternancia para desaparecer muchas de las lacras que heredaron de los revolucionarios. La decepción social fue mayúscula y las consecuencias se vieron en la última elección.
Las modificaciones aprobadas son inconstitucionales, aunque sean modificaciones constitucionales, es decir contrarían el texto y el contexto constitucional, van contra los derechos humanos y los tratados suscritos por nuestro país, contrarían el pacto federal y van contra las decisiones políticas fundamentales.
Nos quedan las acciones de inconstitucionalidad y como último recurso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es cierto, el presidente López Obrador tiene la aprobación de casi el 85% de la población. ¿Recuerdan cómo se aprobó en sus primeras acciones a Salinas o a Peña, por citar solo a 2? Vox populi, vox brutis.

bullidero.blogspot.com
facebook jemartinj
twitter @jemartinj