Salvador Rodríguez López

Cada vez que se menciona el caudal de recursos públicos que se destinan a los partidos políticos de inmediato salen en defensa de esta medida prácticamente todos los organismos, principalmente la “chiquillada”, al considerar que sin ese apoyo no podrían subsistir, para ello recurren al sobado argumento que su presencia es indispensable para el fortalecimiento de la democracia porque, dicen, representan a las minorías.
En teoría parece una respuesta razonable ya que es necesario escuchar todas las voces, sólo que éstas se circunscriben sólo a los líderes y de los senadores, diputados federales y locales y regidores, que son los mismos que suben y bajan de categoría, según sea el momento, ya que lo más importante para todos es estar en la nómina.
Hay quienes van de una cámara a otra o a los congresos estatales y cabildos, que les ha permitido estar 15, 18, 20 o más años como “representantes populares” por la vía “plurinominal”, esto es, que jamás han sido electos por el pueblo, y cuando salen por un período se incrustan en la directiva del partido o se van como representantes ante algún organismo electoral, el caso es vivir del presupuesto y con el tiempo crear un negocio, gracias a los ahorros que aseguran, hicieron en el tiempo que sirvieron a la sociedad.
Parte de los impuestos que paga la gente que sí trabaja y produce se va para fines políticos, al financiar a los partidos, cuyos directivos se dedican de tiempo completo a esta actividad, por lo que se autorizan un salario “decoroso” que les permite llevar un tren de vida similar al de un alto ejecutivo de una empresa, por ello son tan disputados los cargos que llegan al extremo de romper amistades, compadrazgos y lazos familiares.
Pero en donde está el acabose es que se siga aportando dinero a los partidos que no alcanzaron ni el 3% de la votación total en las elecciones del pasado mes de julio, rechazo tácito de los electores a su presencia, pero está tan bien estructurada la ley electoral, que por cierto crean, adicionan o abrogan los mismos partidos a través de los legisladores, que incluyen un apartado para que continúe el apoyo a dichas agrupaciones.
Por lo anterior el Instituto Estatal Electoral (IEE) solicitará al Congreso del Estado que dentro del presupuesto de 2019 que se le asigne, incluya 900 mil 767 pesos para financiar los gastos de campaña de los tres partidos que no alcanzaron ese 3%, que son Movimiento Ciudadano (PMC), de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social (PES).
Casi un millón de pesos para premiar a quienes no fueron capaces de atraer la atención colectiva, pese a que han recibido recursos para capacitación política de sus militantes y simpatizantes y cuyo destino no hay un seguimiento en campo, concretándose la autoridad electoral a recibir documentos que avalan el gasto.
Asimismo, se pide 750 mil pesos para las cuatro asociaciones políticas que desde hace tiempo son parte de la banda, pero de las que poco se sabe de sus actividades, aunque año tras año obtienen la mensualidad correspondiente, de igual manera 300 mil pesos de apoyo a gastos de campaña de los candidatos independientes.
Las preguntas obligadas ¿Porqué tiene que utilizarse dinero público para financiar a la política? ¿Sólo así funciona la democracia?

CUMPLIÓ LA PROMESA
Casi al final de la reciente campaña, el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con su principal aliado, el Partido del Trabajo (PT), que si ganaba la elección echaría abajo la acusación que pesaba en contra de Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del líder nacional de este organismo Alberto Anaya, por presunto lavado de 100 millones de pesos que depositó el gobierno de Nuevo León en febrero de 2017 para apoyo de 17 Cendis.
En este asunto se relacionó al dirigente estatal en Aguascalientes, Héctor Quiroz García, al imputarle que había recibido 12.8 de esos 100 millones de pesos, por lo que de todos los implicados fue el único aprehendido por la Procuraduría General de la República (PGR) el 24 de octubre de 2017 y más tarde salió con el pago de una fianza de 600 mil pesos, al considerarse que el delito no era grave por lo tanto podía seguir el juicio en libertad.
Como dice el clásico, los astros se acomodaron a favor de la causa petista, porque primero ganó López Obrador y sin necesidad de esperar a que se llegara el uno de diciembre para dar marcha atrás al proceso, la PGR retiró “por falta de elementos” la imputación que pesaba en contra de Guadalupe Rodríguez y tres de sus ayudantes, entre ellos Héctor Quiroz, así como María Mayda Paredes y María Cristina Martínez, colaboradoras de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
El juez de control del Centro de Reclusión Norte, Orlando Iñiguez Delgadillo, canceló la orden de aprehensión contra la esposa de Alberto Anaya y desechó la vinculación a proceso en perjuicio de Quiroz y de Paredes y Martínez.
Es difícil precisar hasta dónde influyó la plática que sostuvo López Obrador con el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en Monterrey, en la decisión que adoptó la PGR un día después, lo que pudo haber sido una simple coincidencia, que también está el hecho que el gobernante no objetó la absolución de quienes en aquel momento su administración acusó de “malos manejos”.
Mediante un boletín el PT celebró el acuerdo que pone punto final a un caso que levantó demasiada polvareda, al considerarse que se pretendía dañar la figura de AMLO, al golpear directamente al partido que desde 2006 ha sido su mayor seguidor.
El desistimiento confirma “el uso correcto y transparente de los recursos asignados a los Cendis y que fue parte de una estrategia de persecución política y represalia motivadas por el apoyo del PT al ahora presidente elector Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo el PT, reiterando que con la “resolución final del juez federal, se hizo justicia, siempre confiamos en que el caso se resolvería a favor de los compañeros, ya que las ominosas y falsas acusaciones de malversación de recursos, lavado de dinero, hasta el absurdo señalamiento de financiamiento al terrorismo, perfilaban un caso débil, con nulo sustento, y luego de una lucha intensa en las instancias judiciales, por fin la verdad sale a la luz pública”.
Para Héctor Quiroz terminan meses de incertidumbre, lo que se vería coronado con una resolución favorable de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre la impugnación que presentó en contra del acuerdo del Tribunal Electoral Estatal de anular la diputación “plurinominal” que en primera instancia le otorgó el Instituto Estatal Electoral.

CAMBIO DE HORARIO
En México crece la demanda para que el gobierno se una al reclamo de los europeos, de que ya no se adelanten ni se atrasen los relojes, que se regrese al sistema de tener un solo horario, aunque para ello tendría que pedirle “permiso” a Estados Unidos, que como se sabe, mueve las manecillas a su conveniencia y a lo que deben sujetarse sus socios. En una encuesta que se difundió el pasado 29 de agosto, en la que participaron cuatro millones y medio de personas, casi el 80% se pronunció en contra del cambio de horario estacional en Europa, lo que ha tenido eco en otras regiones. En la República Mexicana el horario de verano se aplica desde 1996, aunque hay antecedentes que en Baja California es a partir de 1942 y en Yucatán en 1981. Las razones que se han esgrimido es que así puede aprovecharse más la luz natural, hay un mayor aprovechamiento de la energía y se homologa con los demás países para beneficio de la industria turística y el sistema aeronáutico, entre otras ventajas. Aunque estudios de la UNAM revelaron lo positivo de la medida, hasta la fecha los habitantes tienen la impresión que es una medida impuesta por el gobierno que no se refleja en el recibo de consumo de energía eléctrica, además de las incomodidades que se resienten en el organismo cuando se cambia al horario de invierno. Es momento de revisar lo que conviene, sin olvidar que desde sus orígenes el mundo ha tenido un solo horario y es en la actualidad que a los humanos se les ocurrió modificar a la naturaleza.