Luis Muñoz Fernández

Al final terminamos tomando órganos con base en una mera suposición sobre los deseos de la persona fallecida y queremos apoyar dicha suposición en el hecho de que ésta  nunca expresó que no quería que así fuese. Esto ha generado muchas críticas que tienen que ver con la forma en que pensamos que el individuo debe relacionarse con el Estado. Si una sociead confiere preeminencia a las necesidades del grupo social por encima de las del individuo muerto, entonces no existe conflicto moral con la práctica de obtener los órganos suponiendo un consentimiento (suposición innecesaria ya que bajo esta concepción sería prerrogativa del Estado obtener los órganos). […] Sin embargo, para quienes piensan que predominan los derechos del individuo y aceptando que tenemos obligaciones morales para con las propiedades de las personas muertas, extraer los órganos en contra de su voluntad resultaría en un daño moral.

Patricio Santillán Doherty. Ética y trasplantede órganos en La construcción de la bioética, 2007.

 

Empecemos por definir y relacionar nos conceptos que, a primera vista, no parecen tener mucho en común. Según el Diccionario de la Real Academia, la expresión “a la intemperie”, significa a cielo descubierto, sin techo ni otro reparo alguno. Por otro lado y de acuerdo a lo que dicen Paulina Rivero Weber y Ruy Pérez Tamayo (Ética y Bioética en La construcción de la bioética. FCE, 2007), el significado más antiguo de la palabra ética es “guarida”, es decir, “el lugar en donde el animal se pone a salvo de las inclemencias del tiempo o de sus predadores”.

“¿De qué nos guarece la ética?”, se pregunta el doctor Pérez Tamayo. “En primer lugar, de nosotros mismos, de nuestras propias debilidades”, se responde. Esta siempre me ha parecido una conclusión extraordinariamente acertada, porque si algo tenemos que reconocer primero, especialmente en lo tocante a los temas “espinosos” que son objeto de la reflexión bioética, es precisamente nuestra propia debilidad para tratar con la mayor objetividad posible estos dilemas. Debilidad que se nutre, entre otras cosas, de la influencia poderosa e invisible de la moral que se nos impuso desde la más tierna infancia. Ahí radica la gran importancia de la educación laica.

En México vivimos a la intemperie, sin guarida, sin ética y a veces sin ley, ignorando nuestras normas legales, instalados en la anomia. En la población general esto se debe por un lado a la ignorancia, a la falta de una educación pública apropiada y, por otro, a causas históricas mal asimiladas que nos llevan a buscar permanentemente una suerte de revancha para paliar una sensación ancestral de orfandad y despojo: “A ver si ahora sí me hace justicia la Revolución”.

La falta de ética puede, y seguramente tiene, otras causas y la debemos indentificar y comprender para ponerle remedio, aunque sea poco a poco. Pero cuando es un hábito (una “moral inmoral”), que guía con frecuencia las acciones de un grupo privilegiado como es el caso de la clase política, se vuelve particularmente dolorosa e insoportable.

Con la abundancia de recursos del erario público que se adjudican los miembros de los tres poderes de la Unión, podríamos esperar que su trabajo tuviese un alto grado de calidad en beneficio de todos los mexicanos. Lamentablemente, no es así, o no lo es en un número muy significativo de ocasiones. Su trabajo adolece de una falta de cuidado, de reflexión, de sospechosa precipitación y falta de previsión que acaba perjudicándonos a todos.

El Poder Legislativo nos ofrece tristes ejemplos con más frecuencia de lo que desearíamos. A pesar de que diputados y senadores tienen a su disposición un nutrido cuerpo de asesores que suponemos de alto nivel, las pifias de sus iniciativas legislativas son motivo de honda preocupación y contenida indignación.

Bastan dos ejemplos recientes en los que el Colegio de Bioética, A.C. ha levantado una voz de advertencia. El primero se refiere a la iniciativa para reformar la Ley General de Salud elevando a la categoría de ley (y de un derecho absoluto) la objeción de conciencia (OC), que es la negativa de un médico u otro profesional sanitario a proporcionar un servicio para no contrariar sus propias convicciones personales, por ejemplo, negarse a realizar un aborto permitido por la ley a solicitud de una mujer que desea interrumpir su embarazo.

Gustavo Ortiz Millán, doctor en filosofía por la Universidad de Columbia (Nueva York), investigador titular A del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética, ha criticado esta iniciativa señalando el error de otorgarle a la OC el carácter de derecho absoluto, vulnerando con ello los derechos de los pacientes. El doctor Ortiz señala que la iniciativa debe incluir de manera explícita la manera de regular la OC y de restringir sus alcances para evitar perjudicar a los afectados.

Además, el doctor Patricio Santillán Doherty, presidente del Colegio de Bioética, advierte que si la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación tal como hoy está redactada, con la escasez de personal sanitario en el sector público y la falta de información sobre qué médicos son objetores de conciencia y quiénes no lo son, se corre un serio riesgo de perjudicar gravemente a los pacientes que se atienden en este sector. Por ello, el Colegio de Bioética le ha pedido al Presidente de la República que no permita la publicación de esta modifcación a la Ley General de Salud.

El otro ejemplo es la iniciativa de modificación del artículo 324 de la Ley General de Salud, que se refiere a forma de obtención de los órganos para trasplante. Hasta ahora y de acuerdo a lo que explica César Palacios González, filósofo mexicano, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester e investigador asociado del Centro de Ética Médica y Leyes del King’s College de Londres, si el potencial donador recientemente fallecido no había manifestado con anterioridad su negativa a donar sus órganos y siempre y cuando sus representantes legales (familiares y/o personas allegadas) daban su autorización, se podía disponer de sus órganos para trasplante. Con la modificación actual a esta ley, ya no será necesario tener la autorización de los representantes legales del potencial donador.

El doctor Palacios también señala que uno de los problemas de esta iniciativa es que “se requiere que la familia tenga acceso a la información acerca de la muerte y el proceso de donación, sin embargo, no especifica qué sucede cuando no hay familiares presentes, ni cuánto tiempo se debe de esperar para que se considere que los familiares no se encuentran presentes”. Por todo lo anterior, en especial por la eliminación del requisito de la autorización de los representantes legales, se corre el riesgo de disponer de los órganos violentando los deseos y derechos del fallecido y de sus familiares.

A este respecto, el docor Santillán Doherty puntualiza que sólo se puede hablar de donación cuando se da algo de manera voluntaria y altruista, es decir, ejerciendo la autonomía mediante un acto voluntario en el que no caben presiones ni coerciones. El potencial donador debe expresar su voluntad de donar y, en caso de que las condiciones de su enfermedad le impidan manifestarla, se deberá investigar la existencia de algún documento de voluntad anticipada que el finado haya dejado o, de no existir tal, acercarse a lo que hubiese deseado mediante lo que sus allegados le hayan escuchado decir con anterioridad, lo que se conoce como criterios de juicio subjetivo. Por tanto, lo que esta modificación al artículo 324 de la Ley Federal de Salud llama “donación tácita presunta o presumida” no puede llamarse donación.

De aprobarse la presente modificación a Ley General de Salud, se dispondrá de un mayor número de órganos para trasplante, lo que a primera vista parece algo positivo dado la gran cantidad de pacientes en espera de ser trasplantados. Sin embargo, si esta reforma no se acompaña de las correspondientes adecuaciones para incrementar la capacidad económica y operativa del Sector Salud en materia de trasplantes, se anticipa un grave problema de saturación e insuficiente respuesta del que se querrá hacer responsables a los médicos y demás personal sanitario. Suponer a priori que todos los mexicanos desean donar sus órganos al morir es incurrir en un grave riesgo de equivocación moral. Este riesgo puede traer “graves repercusiones sociales con consecuencias negativas para la causa de la donación verdadera de órganos”.

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