Noé García Gómez

A dos semanas de celebrarse los comicios presidenciales, el país vive la campaña electoral más sangrienta de la historia que desde el inicio del proceso electoral asciende a 113 políticos y aspirantes asesinados; de éstos, 28 eran precandidatos y 15 candidatos registrados; en promedio un asesinato cada tres días.

El caso más reciente fue Rosely Danilú Magaña, candidata local del PRI en Quintana Roo, que murió este martes tras haber sido atacada a tiros durante un mitin electoral.

De los homicidios contra políticos han sido, hacia miembros de la coalición del PRI, 44 asesinatos; sólo uno de diferencia con la coalición del PAN-PRD que registra 43 y, finalmente, Morena con 18 aspirantes muertos. Pero además la consultora Etelek reporta un elevado número de agresiones o actos de violencia ascendiendo a más de 400. Así como un gran cúmulo de renuncias por no existir garantías en la seguridad para algunos candidatos.

Guerrero es la entidad federativa con mayor violencia política, al registrar 24 políticos asesinados en el contexto electoral, seguida por Oaxaca, con 19 crímenes y Puebla, con 13; lo que estas tres entidades representan la mitad de los casos, la otra mitad se distribuyen en 21 estados.

Es necesario e importante resaltar que nuestro estado, Aguascalientes, afortunadamente es ajeno y pareciera que no está, ni estará en estas lamentables condiciones.

Lo anterior sería un escándalo de dimensiones internacionales, pero en México pareciera que se diluye en el clima de violencia que se vive generalizadamente en ciertas zonas del país. Lo anterior enmarcado con que el sexenio de Enrique Peña Nieto es ya más sangriento que el de Felipe Calderón, con más de 104 mil 583 muertes con violencia.

Esto califica como terrorismo electoral, las agresiones encaminadas a incidir en la participación ciudadana en el proceso. Ello, tras observar que muchos atentados tienen como fin inhibir el voto ciudadano.

Pero usted se preguntará: ¿de todos estos casos hay implicados ya en la cárcel? ¿Existe ya la investigación y certeza del caso? Como se imaginará, lamentablemente, de muy pocos. La gran mayoría siguen impunes.

Mi opinión es que la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales tendría que iniciar investigaciones de oficio para coadyuvar con las pesquisas penales; además de dar un reporte puntual de cada uno de los casos, para saber si hay vinculación o deslindar al proceso electoral correspondiente.

La Fepade no puede seguir siendo un simple espectador, algunos expertos dirán que no tiene las facultades legales para hacerlo, mi opinión es que sí, pues, repito, muchos atentados tienen como fin inhibir el voto ciudadano o de los seguidores de algún candidato o dirigente asesinado.

Pero además las autoridades electorales y los poderes del estado mexicano tienen que establecer acciones coordinadas para poner un freno a esto; garantizando la paz y el clima de estabilidad que exige un proceso electoral de la envergadura que representa el actual.

Ya que no sólo se trastoca la voluntad del ciudadano, además es el clima de estabilidad o inestabilidad que internacionalmente se puede generar.